California rechazó el plan del gobierno de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera por considerar que esa rama de las fuerzas armadas no tiene competencia para aplicar leyes de inmigración, dijeron fuentes a la AP.

El estado les informó a las autoridades federales que los efectivos no tendrán permiso de reparar vehículos, manejar cámaras de vigilancia, reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza, operar radios o dar “apoyo a la misión”, que puede incluir trabajo administrativo, compra de gasolina y administrar la nómina, según funcionarios familiarizados con las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a mencionar el tema.

El gobernador de California, Jerry Brown, obtuvo un inusual y efusivo elogio del presidente Donald Trump la semana pasada, luego de prometer enviar 400 efectivos en lo que representa la tercera misión fronteriza más grande de la Guardia desde 2006.

El compromiso del gobernador permitió a Trump tener el apoyo de los cuatro gobernadores fronterizos y tener el mínimo de los entre 2.000 y 4.000 agentes que deseaba como parte de la misión de seguridad fronteriza.

Sin embargo, el demócrata Brown condicionó su apoyo al insistir que los efectivos de California no tuvieran nada que ver con control inmigratorio. No especificó qué trabajos sus elementos harían o cómo distinguiría entre trabajo relacionado con inmigración y la persecución de pandillas criminales, de traficantes de drogas y de traficantes de humanos.

El vocero de la Guardia Nacional de California, Thomas Keegan, dijo el lunes que el estado esperaba una respuesta formal del gobierno y no tenía detalles adicionales más allá del acuerdo propuesto por el gobernador liberado la semana pasada que incluye la prohibición al control inmigratorio.

El viernes y a lo largo del fin de semana, se resintieron las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos y California sobre la labor de los soldados cuando autoridades estatales le dijeron a funcionarios federales que no participarían en el mantenimiento de vehículos y otros trabajos indicados en la fase inicial a lo largo de la frontera en California, Arizona, Nuevo México y Texas, informaron autoridades federales. Los otros gobernadores de estados fronterizos, todos republicanos, han aceptado de buena gana los planes de Trump.

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