El miércoles, un juez federal impidió que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones que permiten a los inmigrantes de cuatro países vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, diciendo que la medida causaría “daños irreparables y grandes dificultades”.

El juez de distrito de los EE. UU., Edward Chen, en San Francisco, concedió una solicitud de interdicto preliminar contra la decisión de la administración de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

El estado se otorga a los países asolados por desastres naturales o guerras y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en casa. Cerca de 300,000 personas han recibido esas protecciones.

El fallo dijo que el gobierno no demostró el daño de continuar el programa de 20 años y los demandantes establecieron que desarraigar a esos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.

“Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado familias en los Estados Unidos (muchos de ellos por más de una década) estarán sujetos a ser deportados”, escribió Chen.

Muchos tienen hijos que nacieron en los EE. UU. y pueden enfrentar la opción de “llevar a sus hijos con ellos (y separarlos del único país y comunidad que han conocido) o separar a sus familias”, dijo el fallo.

Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que no podían comentar sobre los litigios en curso.

Una demanda alega que la decisión de la administración fue motivada por el racismo y cita la vulgar referencia de Trump a los países africanos durante una reunión sobre la inmigración en la Casa Blanca en enero.

Chen cuestionó los motivos de la administración en una audiencia el mes pasado. Citó un memo que dijo que sugería que la decisión fue impulsada por la política de America First de la administración.

Le pidió a un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que respondiera a las alegaciones de los demandantes de que America First significaba excluir a los inmigrantes que no son blancos.

Adam Kirschner, un abogado del gobierno, dijo que el memorando mostraba a la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke lidiando con qué hacer con respecto al estado de protección temporal. Kirschner dijo que se esperaba la opinión de la Casa Blanca sobre un tema como este, pero la decisión final fue de Duke.