El gobernador Abbott advierte a Houston que «preparen su chequera» mientras las repercusiones de la ordenanza de inmigración impactan al Departamento de Policía de Houston.
Houston ya está experimentando las repercusiones de una creciente confrontación con el estado de Texas relacionada con su reciente ordenanza de inmigración, a medida que el gobernador Greg Abbott emite una severa advertencia y la asignación de horas extras para los policías ha sido suspendida.
En un mensaje en su cuenta de redes sociales el martes, Abbott mencionó que la ciudad podría enfrentar graves dificultades financieras si no se ajusta a las expectativas estatales vinculadas con la financiación de la seguridad pública.
«Houston ha recibido más de 100 millones de dólares del estado basándose en un acuerdo formal de que cumplirán con la ley de inmigración», señaló Abbott. “Si deciden no hacerlo, es aconsejable que preparen su chequera. Sería costoso si eligen no proteger sus calles”.
Esta advertencia surge después de que el estado amenazara con retirar más de 110 millones de dólares en subsidios para la seguridad pública, argumentando que la ordenanza municipal infringe acuerdos previos relacionados con la cooperación en la aplicación de leyes federales de inmigración.
Consecuencias inmediatas en el Departamento de Policía de Houston
Las repercusiones ya se están sintiendo en las operaciones del Departamento de Policía de Houston.
Doug Griffith, presidente del Sindicato de Oficiales de Policía de Houston, informó a los medios que los oficiales han sido instruidos para que no se otorguen horas extras hasta que la situación se resuelva.
Indicó que los fondos asociados con la controversia han sido congelados.
Esta decisión podría tener un impacto considerable en el personal y en la capacidad de respuesta, dado que las horas extras son frecuentemente utilizadas para cubrir vacantes y apoyar eventos importantes además de las operaciones cotidianas.
La controversia se refiere a la ordenanza de inmigración modificada de Houston, que limita el tiempo que los oficiales pueden retener a una persona durante detenciones rutinarias si no se sospecha la comisión de un delito.
Los funcionarios de la ciudad, entre ellos la concejal Abbie Kamin, han afirmado que la ordenanza no contradice las órdenes administrativas federales, sino que deja claro que los oficiales deben permitir la liberación de individuos una vez que se cumplan los propósitos originales de la detención.
No obstante, los representantes estatales sostenienen que esta política choca con los acuerdos que requieren la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El alcalde John Whitmire ha calificado anteriormente la situación como una «crisis», advirtiendo que la posible pérdida de fondos podría impactar en la policía, los servicios de bomberos y grandes eventos como los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
