El acuerdo, alcanzado tras años de una larga disputa jurídica, permitirá que entre 4,500 y 5,000 familias afectadas por las separaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Trump puedan reunificarse y vivir en Estados Unidos.

Representantes de familias afectadas por separaciones forzadas en la frontera durante el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Joe Biden alcanzaron un acuerdo para compensar a los afectados por esta práctica llevada a cabo bajo el amparo de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del anterior gobierno.

El acuerdo indica que el actual gobierno continuará identificando a las familias que fueron separadas, financiará su reunificación en Estados Unidos y les brindará una vía para solicitar asilo aquí. Todas las familias afectadas, entre 4,500 y 5,000, se beneficiarán del pacto.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a esas familias afectadas, anunció este lunes que las partes habían alcanzado el “importante acuerdo”, el cual también contempla que tengan acceso a beneficios para mantenerse en pie, tal como autorización de trabajo, vivienda y asistencia legal, y servicios médicos.

Asimismo, un componente esencial del acuerdo es el compromiso del gobierno de que no podría volver a implementar la política de ‘tolerancia cero’ en el futuro, apuntó ACLU.

“La ACLU ha resuelto cientos de demandas en nuestros 103 años de historia, pero ninguna más importante que esta», dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la entidad. “Para vergüenza duradera de Estados Unidos, arrancamos a los niños de los brazos de sus familias para implementar una agenda xenófoba. Este acuerdo cierra el capítulo más oscuro de la administración Trump, pero por muy bienvenido que sea, el daño infligido a estas familias será siempre trágico e irreversible», agregó.

Tardó años la resolución de la demanda presentada a nombre de miles de niños y padres traumatizados. Las separaciones forzadas, una cruel práctica implementada en la frontera con México, consistió en presentar cargos criminales a padres que formaban parte de unidades familiares que venían en busca de asilo.

La política, declarada ilegal por los tribunales de justicia, dio poder extraordinario a los agentes federales de inmigración y fiscales estatales para arrebatar a los padres a sus hijos menores de edad, algunos solo de meses, mientras enfrentaban en la corte criminal cargos por ingreso ilegal a Estados Unidos.

Una vez solventados los cargos criminales, cientos de padres intentaron infructuosamente recuperar a sus hijos y fueron deportados solos a sus países de origen.

El acuerdo, que beneficia a la totalidad de las familias afectadas, entre 4,500 y 5,000, permitirá que, con el respaldo del gobierno federal, puedan reunificarse en Estados Unidos.

La magnitud de las familias migrantes afectadas

La cuestionada política de separaciones forzadas de familias en la frontera entre Estados Unidos y México “marcó uno de los problemas más horribles y sonados de la era Trump”, dijo ACLU.

Según el gobierno de Trump, estas se llevaron a cabo entre principios de mayo de y el 20 de junio de 2018, afectando a 2,654 familias, conforme documentos judiciales de la corte federal de San Diego, California.

Pero una investigación hecha por la redacción de noticias de Univision Noticias, publicada en enero de 2019, reveló que el gobierno de Trump tramó desde el 11 de abril de 2017 la política de ‘tolerancia cero’ a través de un memorando enviado a los fiscales fronterizos por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

En el documento, Sessions ordenó a los fiscales presentar cargos criminales por entrada ilegal a quienes venían en busca de asilo, un beneficio legal disponible, y de esa manera arrebatarles a los hijos porque la ley prohíbe que padres de familia tengan bajo custodia a hijos menores de edad mientras enfrentar un proceso criminal en su contra.

La política de Trump golpeó a miles infantes, incluidos bebés y niños pequeños, quienes fueron arrancados de los brazos de sus padres sin previo aviso. Los menores fueron enviados a instalaciones a miles de kilómetros de distancia de sus padres.

Univision Noticias reportó en 2018 el caso de Adayanci Pérez, una guatemalteca de 6 años que estuvo tres meses y medio lejos de sus padres. La pequeña quedó con graves secuelas por la separación de familias implementada por Trump. Los psicólogos advirtieron que, de no recibir el tratamiento adecuado, el trauma podría permanecer de por vida.

Un trauma que durará por siempre

“A las familias separadas no se les dijo cuándo volverían a verse, ni siquiera si se volverían a ver. Muchos niños y padres no volvieron a verse durante un año o más”, dice ACLU en el comunicado donde dio a conocer el acuerdo este lunes.

Agrega que el cuidado y seguimiento de los niños separados por parte del gobierno de Trump “fue tan deficiente que, cuando un tribunal federal finalmente ordenó al gobierno reunificar a las familias, los funcionarios gubernamentales no pudieron identificar qué niño pertenecía a qué padre”.

Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IG-DHS), publicado en enero de 2019, reveló que la política de separaciones forzadas de Trump no tenía protocolos, ni de separaciones ni tampoco reunificaciones. Y que el número total de afectados quizás nunca se conozca.

La Academia Estadounidense de Pediatría, profesionales médicos y organizaciones líderes en bienestar infantil denunciaron públicamente las separaciones forzosas de familias incluso antes de que el gobierno de Trump las oficializara. Y advirtió sobre los efectos perjudiciales y duraderos en el crecimiento emocional y el desarrollo cognitivo de los niños, cientos de los cuales desde entonces no ven a sus progenitores.

“Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial. Este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro”, apuntó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal de la demanda.

Fuente: JORGE CANCINO