Aunque una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en conferencia telefónica que esa dependencia no tenía la proyección de cuántos inmigrantes podrían ser afectados por al regla de “carga pública”, fuentes de la Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estimaron que son 4.6 millones de extranjeros bajo ese escrutinio.

Lo anterior considerando las estimaciones mensuales de la Encuesta de Ingresos y Participación en el Programa de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, donde se muestra que aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos, que representan el 23% de todos los no ciudadanos, recibieron ayudas sociales.

Entre los programas a los que esos extranjeros se adscribieron están la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), asistencia temporal (TANF, asistencia general, algún plan de Medicaid, SNAP, bonos de vivienda del gobierno y subsidios de alquiler. Dicha estimaciones, indicó USCIS, se basan en las respuestas de los propios beneficiarios.

La regla, que entrará en vigor el 15 de octubre, establece nuevas definiciones de “carga pública” y “beneficios públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otra visas.

“La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios”, indica el documento, el cual incorpora el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.

“Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en el agregado dentro de cualquier período de 36 meses”, acota la regla dado a conocer este lunes.

Al cuestionar cuántos inmigrantes se evaluarán anualmente bajo la nueva regla, la autoridad indicó que 382,000 extranjeros aplican por ajuste de estatus, es decir, Residencia Permanente o “green card”.

“Aunque existen datos sobre la recepción de beneficios públicos por parte de inmigrantes, no hay datos concretos disponibles sobre la recepción de beneficios públicos por parte de la población que está sujeta a esta regla”, acotó la autoridad. “El DHS estima que unos 382,000 extranjeros que buscan un ajuste de estatus anualmente se someterán a una revisión para determinar si son inadmisibles por motivos de carga pública”.

La nueva regla ha sido calificada como un castigo a la pobreza, pero el gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la medida al considerar que los inmigrantes deben demostrar que son autosuficientes y desalentar la inmigración con base a lo atractivo que resultan los programas sociales federales.

“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Ken Cuccinelli, director interino de USCIS, en conferencia de prensa.

Fue cuestionado sobre si la medida podría afectar más a inmigrantes hispanos que a otros grupos, pero el funcionario rechazó que tuviera una dedicatoria especial.

“No estamos haciendo nada nuevo aquí. Simplemente estamos haciendo efectivo lo que el Congreso ya puso en los libros. No hay ninguna razón para que ningún grupo en particular sienta que esto los está apuntando”, expuso.