La abogada Naimeh Salem analiza el alcance de la medida que implementará el gobierno Trump.
Por NAIMEH SALEM

Tras varios meses de litigación en las cortes, un par de semanas atrás el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió darle luz verde a la reglamentación propuesta por la administración del presidente Trump, referente a la negación de visas a inmigrantes que el gobierno determine serán o podrían ser una carga pública.

La decisión, como muchas otras, fue una de 5 a 4, dividida por las marcadas ideologías políticas de la corte. Sin embargo, a pesar de que la decisión permite que la reglamentación entre en vigor, es solo una medida temporal, ya que los méritos del caso continúan siendo litigados en la corte del segundo circuito de apelaciones.

En resumen, la reglamentación en cuestión fue anunciada por el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en agosto de 2019, y estaba programada para comenzar durante el mes de octubre del mismo año.

Su propósito es impedir que personas que el gobierno piensa que puedan convertirse en una carga pública obtengan visas o su residencia legal permanente en el país.

Para ello, el gobierno no solo utilizará información que sugiera que el inmigrante ya se benefició de programas como Medicaid, estampillas o asistencia de vivienda, sino que también puede hacer una inferencia de que utilizará estos beneficios en el futuro.

Para ello, el gobierno tiene que concluir que es más probable que no, que, durante un periodo de 3 años, el inmigrante va a recibir algún tipo de asistencia por 12 meses o más.

Esta conclusión, a su vez, puede ser apoyada por factores como su capacidad económica, educación y destrezas, edad, salud y hasta su dominio del idioma inglés.

De acuerdo a estimados iniciales del departamento de seguridad nacional, se espera que cerca de 382,000 inmigrantes que busquen ajustar su estatus se vean afectados, pero muchas pensamos que este número podría ser mayor.

Lo peor de todo es que la mayoría de las personas afectadas serán aquellas que intenten inmigrar desde países de escasos recursos o aquellos que aun ya viviendo en los Estados Unidos, sigan teniendo pocos recursos económicos.

Las consecuencias de esta nueva regulación son claras en cuanto al efecto que tendrán sobre la adjudicación de aplicaciones y peticiones migratorias.

No obstante, la reglamentación también provoca consecuencias que no son tan obvias a simple vista. Por ejemplo, la misma pone en riesgo la salud y el bienestar de inmigrantes que ya se encuentren dentro de los Estados Unidos, ya que muchos de ellos preferirán no solicitar asistencia pública que posiblemente necesitan para sobrevivir, a cambio de tener una mejor oportunidad de arreglar su estatus legal.

Esto puede causar que muchos de ellos no reciban atención médica para sus problemas de salud, se vean obligados a vivir en la calle o que familias enteras no tengan acceso a una alimentación apropiada.

Tras la reciente decisión, la regla cobrará efecto el 24 de febrero de este año. De esta manera, si usted tiene planes de someter su solicitud para ajustar su estatus y en algún momento recibió asistencia económica del gobierno, le recomiendo que consulte inmediatamente con una abogada de inmigración e intente solicitar su residencia antes de la fecha antes mencionada.

*Naimeh Salem es abogada certificada en Texas, que ejerce el área de inmigración en Houston.

Fuente: Telemundo