Líderes locales promueven la Proposición A para restringir la relación entre ICE y la policía de Houston
Tres concejales de Houston, junto a líderes de la comunidad, anunciaron la Proposición A, una normativa que tiene como objetivo limitar la colaboración del Departamento de Policía con la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A continuación, se presenta una explicación detallada.
Tres integrantes del Concejo de Houston, en conjunto con representantes de organizaciones comunitarias, han puesto en marcha la Proposición A, una normativa que pretende establecer límites a la interacción entre el Departamento de Policía de Houston (HPD) y la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según los promotores, el propósito es disminuir la colaboración entre estas entidades, de manera que los agentes locales no se vean forzados a atender solicitudes migratorias que no provengan de órdenes emitidas por un juez.
La propuesta fue promovida por los concejales Abbie Kamin (Distrito C), Edward Pollard (Distrito J) y Alejandra Salinas, quienes mencionaron que la intención de la medida es fortalecer la transparencia y asegurar el respeto a los derechos constitucionales de las personas detenidas.
Salinas puntualizó que la proposición especifica que los oficiales no están obligados a acatar órdenes administrativas relacionadas con inmigración, puesto que estas son de naturaleza civil y no cuentan con el aval de un juez.
Asimismo, indicó que una detención vehicular debería finalizar una vez que se cumpla su objetivo legal, sin esperar la llegada de funcionarios de Inmigración, y resaltó que la reforma incluiría reportes periódicos al Ayuntamiento sobre el número de interacciones del HPD con autoridades federales.
Desde la organización CRECEN, el activista Teodoro Aguiluz apoyó la iniciativa, alegando que una orden administrativa no se equipara a una orden judicial, y que su uso por parte de autoridades locales representa un posible atropello a garantías constitucionales.
Los promotores hicieron una comparación entre esta propuesta y las políticas que ya están en aplicación en Austin, Dallas y el condado de Bexar, donde las autoridades locales no pueden proceder con la detención de una persona basándose exclusivamente en órdenes administrativas civiles.
La oposición que enfrenta la Proposición A
Sin embargo, la iniciativa se halla bajo un cuestionamiento por parte de algunos miembros del cuerpo policial. Doug Griffith, presidente del Sindicato de Policías de Houston (HPOU), advirtió que limitar la comunicación con ICE podría comprometer la seguridad pública.
Sostuvo que los oficiales necesitan confirmar si una persona en custodia también enfrenta acusaciones penales y argumentó que negarse a esta posibilidad incrementa la responsabilidad legal de la policía en caso de reincidencia.
Por otro lado, el abogado de la ciudad, Arturo Michel, comunicó que la normativa será evaluada en los próximos siete días para verificar si su puesta en marcha es congruente con la constitución local y los compromisos estatales.
Mientras tanto, el HPD continúa vigente con su política temporal, que otorga a los agentes federales un plazo de 30 minutos para intervenir en un arresto cuando haya una orden migratoria.
El debate sobre la Proposición A abre un nuevo capítulo en la discusión acerca del equilibrio entre la seguridad local y los derechos de la comunidad inmigrante en Houston.
