Tras un intenso debate, el Concejo Municipal de Houston da luz verde a una ordenanza que restringe la capacidad del HPD para contactar a ICE
Los integrantes del concejo municipal manifestaron su aprobación a una normativa, indicando una tendencia observada en otras importantes urbes de Texas debido a inquietudes relacionadas con la aplicación de la legislación migratoria.
Luego de un dinámico debate público, el Concejo Municipal de Houston ratificó una ordenanza con el propósito de limitar la interacción entre el Departamento de Policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La norma fue aceptada con un resultado de 12 votos a favor y 5 en contra.
En el inicio de la sesión, el alcalde John Whitmire manifestó su respaldo a la cuestión, asegurando que se habían realizado modificaciones pertinentes al respecto.
La concejala Alejandra Salinas, quien fue la autora de la ordenanza en colaboración con los concejales Abbie Kamin y Edward Pollard, explicó que el objetivo es otorgar poder a los uniformados y asegurar que realicen sus funciones dentro del marco de la constitución.
“Desde su concepción, esta normativa ha buscado proporcionar a los oficiales del HPD la capacidad de llevar a cabo su labor de manera efectiva”, comentó Salinas.
De acuerdo con la normativa, los oficiales tienen autorización para detener a un individuo únicamente por el tiempo necesario que justifique la detención. La política aclara que las órdenes administrativas de ICE, por sí mismas, no son justificativos para prolongar una detención.
El alcalde John Whitmire expresó su apoyo a la versión modificada, considerándola alineada con las prácticas ya establecidas.
«Considero que esta versión modificada reafirma las políticas efectivas que el HPD está implementando. Es una cuestión sensible, y es posible que haya desacuerdos», subrayó Whitmire.
Los detractores, incluyendo al Sindicato de Policías de Houston, sostuvieron que la ordenanza podría obstaculizar las funciones de los oficiales y generar confusión en el ejercicio de sus responsabilidades.
«Contamos con una política clara y precisa sobre la gestión de estas situaciones; sin embargo, el concejo decidió modificarla. Ahora, la situación queda incierta para los oficiales, lo que nos coloca en una posición complicada», afirmó Doug Griffith, presidente de la HPOU.
Los concejales Amy Peck, Fred Flickinger, Willie Davis, Mary Nan Huffman y Twila Carter manifestaron su voto en contra. Tras la votación, los cinco emitieron una declaración conjunta, afirmando, en parte, que respaldan al HPD. A continuación, se incluye la declaración completa:
«En apoyo al HPD, hemos votado en contra de la propuesta de ordenanza de la Proposición A concerniente a la política migratoria y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La aprobación de esta normativa en la reunión del concejo de hoy podría acarrear consecuencias indeseadas y perjudiciales para Houston.
«Si bien todos deseamos políticas que fomenten la seguridad y la justicia, nos preocupa especialmente que el enfoque nacional sobre nuestra ciudad genere situaciones inseguras para nuestra comunidad y aumente la presión sobre las fuerzas del orden. »
Consideramos que esta normativa impone requisitos de informes excesivos y caprichosos que buscan incidir en los funcionarios del HPD para que ejerzan su criterio en situaciones donde se haya llevado a cabo una indagación sobre el estatus migratorio. En resumen, esta normativa generará temor en los funcionarios para desempeñar sus funciones.
Asimismo, tenemos profundas inquietudes acerca de la ambigüedad que esto genera para la aplicación de la ley. La falta de directrices precisas sobre los plazos de espera para ICE provoca confusión entre nuestros funcionarios y expone a la Ciudad de Houston a eventuales litigios.
«Persistimos en nuestro compromiso de colaborar en alternativas que salvaguarden a nuestra comunidad, cumplan con la ley y aseguren que Houston siga siendo un entorno seguro para todos sus habitantes».
Con anterioridad, la política municipal ordenaba a los funcionarios que liberaran a un individuo si ICE no respondía en un plazo de 30 minutos. Los defensores de esta normativa sostuvieron que el ajuste garantiza que los funcionarios actúen únicamente dentro de los márgenes establecidos por la Cuarta Enmienda.
«Eso no representa un uso adecuado de los fondos públicos. Por esta razón, mis colegas, incluido el alcalde, votaron de forma contundente para modificar la política y asegurarse de que solo estemos realizando lo que la Cuarta Enmienda permite a los funcionarios del HPD», afirmó Salinas.
A pesar del respaldo del alcalde, los concejales aún debatían sobre la efectividad de la medida.
«Esta política no eliminará el temor con el que tantas familias cohabitan diariamente», expresó el concejal Joaquín Martínez.
Algunas cláusulas fueron descartadas en la versión definitiva de la normativa, y los miembros del consejo indicaron que podrían reevaluar esos aspectos en el futuro. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Policía de Houston para solicitar comentarios, pero no habíamos obtenido respuesta en el momento de la publicación.
