Lina Hidalgo, la intrigante jueza del condado de Harris, decidió abandonar la Corte de Comisionados en una noche tensa y cargada de emociones, en medio de un acalorado debate sobre el futuro financiero del condado.
A medida que los líderes discutían los delicados pormenores de las decisiones presupuestarias inminentes, Hidalgo sintió que el ambiente se tornaba insoportable. Cuando la conversación se centró en la posibilidad de exenciones a una congelación de contrataciones, con una expresión decidida, cerró su computadora portátil, se levantó con firmeza y decidió marcharse. «Permítanme dejarles continuar con esta corte. No deseo ser parte de esta absurda comedia», sentenció.
Su salida fue seguida por un breve receso, como si la sala estuviera aliviada de su presencia. Tras el descanso, Hidalgo volvió a ocupar su lugar, pero no por mucho tiempo. Poco después, cuando las discusiones se adentraron en el área de los programas de cuidado infantil, se levantó nuevamente, frustrada ante la falta de consenso. «No sé qué sentido tiene nuestra presencia aquí si no estamos defendiendo los intereses de los niños. Es una verdadera vergüenza», exclamó Hidalgo con indignación.
Mientras se retiraba de la sala, otros comisionados se sumergían en una presentación que abordaba la recuperación de tarifas, sin que parezca importarles la creciente tensión. La atmósfera de conflicto no era nueva; era la última de una serie de choques entre Hidalgo y sus colegas, Lesley Briones, Adrián García y Tom Ransey, en relación con el peliagudo tema del presupuesto del condado.
La lucha por la estabilidad financiera en el condado de Harris estaba en pleno apogeo. Hace solo un par de semanas, Hidalgo había afirmado que el condado enfrentaba un deficit monumental de $220 millones, mientras que otros comisionados creían que las cifras presentaban una imagen más optimista, quizás equilibrando el presupuesto o, en el peor de los casos, teniendo un déficit de alrededor de $50 millones.
Para lidiar con este alarmante déficit, Hidalgo propuso recortes drásticos en varios programas, lo que generó un torrente de reacciones. Habló de disminuciones en los recursos destinados a la respuesta de emergencias, tiempos de espera prolongados para las audiencias judiciales y el procesamiento de casos, así como reducciones a la asistencia en casos de violencia doméstica. La votación definitiva sobre el presupuesto está marcada para el 18 de septiembre, y con cada día, la incertidumbre aumenta.
