El fallo se produjo semanas después del final de un juicio de siete días en el que los abogados de los migrantes que interpusieron una demanda en 2015 argumentaron que la agencia retiene a los migrantes en condiciones inhumanas e insalubres, y en celdas hacinadas y extremadamente frías.

Un juez federal de Arizona concluyó que el trato dado por la Patrulla Fronteriza a los inmigrantes indocumentados detenidos en Tucson “trasgrede los límites” legales y “no satisface las necesidades humanas básicas”. Y ordenó a la agencia federal que revise sus protocolos a fin de mejorarlos.

El tribunal, presidido por el juez David C. Bury, determinó que las condiciones en las celdas de detención de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), especialmente aquellas que impiden dormir durante varias noches, son presuntamente “punitivas” y “violan la Constitución de Estados Unidos”.

El fallo fue en respuesta a una demanda colectiva entablada en 2015 por el Consejo Estadounidense de Inmigración (CIS), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, el Comité de Abogados para los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco y la firma de abogados Morrinson & Foerster LLP.

El grupo desafió las condiciones de detención en las instalaciones de la CBP.

Qué ordenó el juez

La orden emitida por el juez Bury prohíbe a la Patrulla Fronteriza detener a los inmigrantes por más de 48 horas “a menos y hasta que la CBP pueda proporcionar condiciones de confinamiento satisfactorias.

«Me siento muy feliz de saber que las cosas van a cambiar en estos centros de detención”, dijo una persona que estuvo detenida en un centro del CBP en el sector de Tucson y que en el juicio fue identificada como testigo B.

“Y que las personas no tendrán que pasar mucho tiempo bajo las condiciones en las que me detuvieron”, agregó.

El testigo dijo además que “es realmente una alegría saber que habrá atención médica necesaria, que habrá otros alimentos disponibles y que aquellos que tengan que ser detenidos por períodos más largos de tiempo serán retenidos en un lugar donde las condiciones son adecuadas”.

Señalamientos del juez

En el dictamen de 40 páginas, el juez Bury escribió que los demandantes establecieron que fueron “perjudicados” y también que “existe una probabilidad suficiente de que nuevamente serán perjudicado de manera similar” por el sistema de detención imperante.

Agrega que, en base a las evidencias ventiladas en el proceso, “las condiciones de confinamiento existentes” en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza “es probable que permanezcan en el futuro, y los demandantes enfrentan lesiones irreparables en el futuro inmediato si ellos o cualquier otro miembro de los demandantes sea detenida por el CBP en el sector de Tucson”.

Ante este escenario, el juez Bury prohibió a la CBP “mantener detenidos” por más de 48 horas a inmigrantes en las instalaciones de Tucson, a menos que “proporcione condiciones de confinamiento que satisfagan las necesidades humanas básicas para dormir en una cama con una manta, una ducha, alimentos que cumplen con los estándares dietéticos aceptables, agua potable y evaluaciones médicas realizadas por un profesional médico”.

“Trato inhumano”

Para Mary Kenney, abogada directora de litigios del CIS, «a través de esta demanda hemos podido arrojar luz sobre las realidades del trato inhumano a los inmigrantes en los centros de detención de CBP”.

El tribunal reconoció que esas condiciones en el sector de Tucson son «sustancialmente peores» que las que experimentan los detenidos criminales en las cárceles comunes, agregó.

“La decisión es una tremenda victoria para las comunidades de todo el mundo que luchan valientemente para defender la dignidad humana y los derechos consagrados en nuestra Constitución”, dijo Álvaro Huerta, abogado del personal del NILC.

“El tribunal reconoce las graves injusticias sufridas por nuestros valientes demandantes y decenas de miles de personas detenidas de manera similar por la Patrulla Fronteriza en condiciones deplorables y peligrosas en el sector de Tucson”, añadió.

A su vez, Alessandra Navidad, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, la orden de la corte federal “afirma lo que nuestros clientes y migrantes sometidos a detención por el CBP han estado diciendo durante años, que las condiciones en estas instalaciones son degradantes y violan la Constitución de Estados Unidos”.

Voces de las hieleras

Entre junio y julio del año pasado Univision Noticias publicó una serie de cartas escritas de puño y letra por niños que estuvieron detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza en el área de Texas, donde también denunciaron malos tratos y condiciones de confinamiento y malos tratos, similares a las denuncias ventiladas en el juicio presidido por el juez Bury.

Hasta el momento de la publicación de las primeras cartas, el 2 de junio, sólo se conocía una parte de los padecimientos que se vive en el largo y penoso camino del asilo y el verdadero rostro de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. Los testimonios eran entregados por abogados probono que los visitaban para defender sus casos.

Tras la publicación de la segunda entrega de cartas, a finales de junio del 2019, comenzó a aparecer un dibujo más claro del escenario que enfrentan los menores migrantes. El gobierno no les informa que tienen derechos, se bañan una vez cada semana, no los dejan lavarse los dientes y los tratan como adultos con palabras duras y a veces a gritos. Tampoco duermen como lo hacían en sus casas de las cuales huyeron a causa de la violencia y miseria fueras de control. Las primeras horas en suelo estadounidense duermen en el suelo.

Consultado por Univision el CBP respondió que “no creía” en las acusaciones publicadas por algunos medios, incluido Univision Noticias, y que gran parte de los problemas, si los hay, se solucionarán con los fondos de emergencia que el ejecutivo solicitó al Congreso para responder a la crisis.

En la tercera entrega de cartas publicada en julio, asomaron detalles hasta ese momento desconocidos. Las separaciones forzosas continuaban, los niños separados de sus madres no les pueden hablar cuando las ven al otro lado de las rejas, algunos han recibido golpes o permanecen hacinados más tiempo del estipulado por la ley. Y las niñas embarazadas cuidan a sus recién nacidos en el suelo y no permiten que otras niñas los abracen y cuiden de los pequeños inocentes presos a causa de la política de ‘tolerancia cero’. Apenas tienen horas de nacidos, unos pocos días y viven en jaulas.

Terror en la frontera

El 20 de enero, fecha que conmemoró el tercer aniversario del gobierno, Univision Noticias publicó y regaló un nuevo libro digital que recopila artículos, documentos y testimonios de puño y letra de niños que llegaron solos o fueron separados de sus familiares en la frontera que evidencian cómo el gobierno fabricó una crisis cuyo objetivo fue desalentar a miles de migrantes que venían en busca de asilo.

A mediados de 2018, el gobierno admitió haber separado a cientos de niños de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año afectando a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.

Una auditoría del IG-DHS de noviembre del año pasado señala que, en base a las averiguaciones llevadas a cabo, las separaciones forzadas de familias en la frontera comenzaron inmediatamente después del 11 de abril de 2017, menos de tres meses después de la llegada de Trump a la Oficina Oval.

La totalidad de los menores separados por el gobierno en la frontera pasaron por las instalaciones de la Patrulla Fronteriza antes de proseguir con sus procesos migratorios.

Funte: JORGE CANCINO