Desde que asumió la presidencia, Biden ha emitido memorandos y órdenes ejecutivas para desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior y preservar la vigencia del debido proceso migratorio. Pero el cambio, en vez de mejorar el sistema, lo dejó cada vez con menos capacidad de respuesta.
Desde que asumió el control de la Casa Blanca en enero del 2021, el gobierno de Joe Biden ha emitido memorandos y órdenes ejecutivas para desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior y preservar la vigencia del debido proceso migratorio.
Pero veinte meses después el panorama en la Corte de Inmigración (EOIR) es inquietante: el gobierno ha admitido más de 1 millón de nuevos solicitantes de asilo, señala este martes un reporte del diario The New York Times.
En enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, la cantidad de expedientes pendientes de resolución en la EOIR era de aproximadamente 1.2 millones, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, reportados por Univision Noticias.
A mediados de julio de este año, el TRAC dijo que investigadores había registrado 1,821,440 casos a fines de junio de 2022. Con esa cantidad de casos, en promedio los tribunales se demoran 3.09 años en resolver un expediente, espera que para muchos extranjeros que vienen en busca del sueño americano se convierte en un infierno. Pero para otros las demoras son toda una bendición.
Dato incierto
El diario indica que enorme presencia de solicitantes, además un desafío humanitario, constituye un punto crítico político en un país dividido entre demócratas que promueven el respeto al debido proceso migratorio para que sean los jueces quienes decían el futuro de millones de extranjeros en Estados Unidos, y republicanos que defienden la política migratoria de tolerancia cero de Donald Trump, que restringió severamente el derecho a pedir asilo en la frontera.
Indica que en los primeros 20 meses de gobierno más de un millón de inmigrantes indocumentados, “a los que se les ha permitido ingresar al país temporalmente después de cruzar la frontera, forman parte de una cascada récord de migración irregular en todo el mundo”.
Pero advierte que, a diferencia de los cientos de miles que han ingresado al país sin ser detectados durante el mandato de Biden, muchos del millón esperan asilo, una posibilidad remota, y tendrán que esperar un promedio de siete años antes de que se tome una decisión sobre su caso porque del obstruido sistema de inmigración de la nación”.
Sin embargo, el periódico no explica ni aporta datos sobre el ingreso indocumentado exitoso, cifra que permitiría conocer en detalle la gravedad de la crisis fronteriza en los últimos años o la efectividad de la política de seguridad fronteriza del gobierno en la frontera con México.
La EOIR tiene poco menos de 600 jueces activos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Jusces de Inmigración (NAIJ).
Ingresos ilegales exitosos
El alto número de hallazgos o arrestos de indocumentados en la frontera sur en los últimos dos años es utilizado por los republicanos para insinuar que constituyen una invasión y se convierten en una grave amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Pero el discurso no detalla que la mayoría de los extranjeros que llegan a la frontera son deportados y otros son colocados en procesos de deportación, donde tienen la oportunidad de pedir asilo.
Y en cuanto al cruce ilegal exitoso, medida que podría ser considerada para justificar el argumento de una supuesta invasión, como señalan algunos, no hay registros oficiales.
En mayo, Univision Noticias reportó que en el año fiscal 2016 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a utilizar y publicar datos de un nuevo sistema más preciso de metodología de medición para calcular los ingresos ilegales exitosos.
En 2018 un reporte del ministerio publicado en el Informe del Año Fiscal de ese año señaló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur.
De 851,000 en el Año Fiscal 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el Año Fiscal 2016. Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020 del DHS -el último de la presidencia de Trump-, estimó que, de acuerdo con datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años fiscales 2017 y 2018, experimentaron un incremento. Y que la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años 2006 y 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Barack Obama) se estaba revirtiendo.
De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016. No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el Año Fiscal 2020, y tampoco de los datos del Año Fiscal 2021 y lo que va del año fiscal 2022.
“Desafortunadamente no hay cifras”, dijo a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
El proceso de asilo
A partir del 31 de mayo el gobierno implementó una nueva política de asilo en la frontera con México. Ya no son los jueces de inmigración los únicos que otorgan la protección humanitaria, sino que se sumaron agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La norma, anunciada a finales de marzo por el DHS y el Departamento de Justicia, otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo para conceder, referir o rechazar peticiones antes de que estas lleguen a los tribunales de inmigración.
El protocolo fue activado para “mejorar y acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo presentadas por no ciudadanos sujetos a deportación acelerada, asegurando que aquellos que son elegibles para asilo reciban ayuda rápidamente, y los que no lo son sean puestos en proceso de expulsión acelerado”, explicó el gobierno.
De acuerdo con la regla, primero los casos pasan por la oficina de asilo político de USCIS. Si son negados, termian finalmente donde un juez de inmigración.
Al comienzo abogados de inmigración consultados por Univision Noticias advirtieron que no quedaba muy claro si la nueva norma efectivamente ayudará a descongestionar la frontera. «No por ahora, pero va a ayudar, en cierto modo, a reducir el atasco en la Corte de Inmigración», dijo en ese momento José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida».
Pero seis meses después las cifras presentan un escenario distinto: más de dos millones de casos acumulados en la EOIR, dice el periódico neoyorquino.
Debate político
La crisis fronteriza y el atasco en la EOIR son parte del discurso y del debate político en la elección de medio término del primer martes de noviembre, cuando los electores salgan a las urnas para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernaciones y autoridades municipales, condales y estatales.
Por una parte, los demócratas culpan a los republicanos del estancamiento de la aprobación de la reforma en el Congreso, que no solo legalizaría a la mayoría de los 11 millones de indocumentados, sino que modernizaría la ley de inmigración y asignaría recursos para la contratación de nuevos agentes federales en la frontera y jueces para la Corte de Inmigración y de esa forma poner fin al atasco.
Los republicanos del senado, por su parte, condicionaron sus votos al retorno de la política de tolerancia cero de Trump en la frontera, aumentando las deportaciones y colocando un cerrojo a la inmigración indocumentada sin importar el descalabro del debido proceso migratorio.
Por otra parte, la oposición también ha utilizado la llegada masiva de extranjeros que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos como resultado de la política de “puertas abiertas” de Biden, pero no explican ni la capacidad de detención del gobierno en estos 20 meses, ni tampoco que en los últimos dos años, debido a la pandemia del coronavirus, el cambio climático, la pobreza extrema, guerras y la corrupción de gobiernos, entre otros factores, han empujado a miles de extranjeros a dejar sus países y huir en busca de mejores oportunidades, siento Estados Unidos el mayor faro de esperanza.
Entre ambos discursos deberán elegir los votantes el primer martes de noviembre, un debate que se extenderá hasta los comicios presidenciales del 2024, donde Trump amenaza con convertirse nuevamente en candidato del Partido Republicano.
Futuro incierto
No todos los casos acumulados en la EOIR están relacionados con asilo. “Pero los casos de asilo están desplazando cientos, miles de casos que también sin prioritarios”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Esto porque a los casos de asilo siempre se les ha dado prioridad”.
Velásquez explica que “anteriormente (durante la Administración Trump), era porque no querían incentivar a que más personas se vinieran a Estados Unidos en busca de asilo y mientras esperaban por sus casos les dieran un permiso de trabajo. El mandato era que se permitiera que el caso demorara más de seis meses para que el asilado no recibiera la autorización de empleo. Porque
la regla indicaba que, si el proceso de asilo demoraba años, a la persona le daban el permiso y decían que eso era un abuso”.
Ahora, con el atasco que supera los 2 millones de casos, “es imposible que una petición de asilo se demore seis meses. Por tanto, casi todos los peticionarios reciben el permiso de trabajo porque sus casos demoran más de seis meses. Y la regla dice que, si el caso demora más de seis meses, el gobierno le autorizará un permiso de trabajo por razones humanitarias”, indica.
El problema, dice Velásquez, “es que tenemos miles de casos que se están yendo a una misma canasta y obviamente hace que los jueces de inmigración pospongan indefinidamente otros casos de gente que no tiene casos de asilo para darle darles prioridad a los de asilo”.
“Tengo decenas de casos que llevan años esperando. Y cuando se acerca la fecha de presentación, recibo otra notificación de la corte que los van a posponer. Es uy frustrante. No sabemos cuándo terminará esto. Los casos de asilo se roban otros casos y siempre están enfrente de nosotros”, protesta.
Al pedirle un ejemplo, Velásquez contó que “tenía un caso de cancelación de deportación donde mi cliente tenía más de 10 años en Estados Unidos y un pariente inmediato menor de edad con discapacidad que necesitaba atenciones especiales”.
“Si se demuestra ante la corte que existe un pariente calificable, si se demuestra que ese pariente va a sufrir de una manera extrema e inusual, el juez cancela la orden de deportación y otorga la residencia legal permanente (green card) a ese extranjero”, agrega.
“Pero lamentablemente el juez que llevaba el caso lo pospuso cuatro veces, y para la última prórroga el único hijo que era pariente calificable de mi clienta cumplió los 21 años y dejó de ser un menor de edad. Mi clienta entonces dejó se ser elegible para este beneficio y la dejaron sin este recurso. Una situación lamentable”, precisó.
Espera interminable
A pesar de estar vigente la regla de los seis meses de duración en los casos de asilo, abogados de inmigración consultados por Univision Noticias dicen que “ese plazo no es real”.
Y además “depende mucho de la ciudad donde se lleva a cabo el juicio”, explica Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Aquí en promedio estamos viendo que demoran dos años. Y también depende del juez. Si se trata de uno que lleva tiempo ejerciendo y tiene una cartera con experiencia, los casos tardarán más de ese tiempo”.
“Sólo los jueces nuevos, que recién comienzan y no tienen una cartera extendida de casos, puede que se demore seis u ocho meses. Pero no es común que veamos nuevos jueces. Así es que la regla de los seis meses en la práctica no la estamos viendo. Los casos se demoran más de seis meses”, señala.
Y no todos los detenidos en la frontera permanecen largo tiempo privados de libertad. A finales de agosto Univision Noticias reportó que el número de inmigrantes en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se mantuvo estático entre finales de julio y las dos primeras semanas de agosto, de acuerdo con un reporte elaborado por TRAC de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.
Los investigadores hallaron que la cantidad de personas bajo custodia de la agencia federal «generalmente fluctúa» y cita que, en los últimos meses, por ejemplo, el Programa Alternativas a la Detención (ATD) «ha crecido enormemente a casi 300,000».
Sin embargo, advierte, que en las primeras dos semanas de agosto «las cifras de ICE se han vuelto bastante estáticas en todos los ámbitos».
El reporte indica además que «desde finales de julio, cuando ICE publicó los datos por última vez hasta mediados de agosto, el número total de personas en ATD apenas había crecido, situándose justo por debajo de 300,000».
A su vez, la población detenida por la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), «se ha mantenido entre 23,000 y 24,000 durante el verano, a pesar de los informes de un gran número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México».
Dónde están
La pregunta que muchos se hacen es dónde están los cientos de miles de solicitantes de asilo que han sido detenidos en la frontera sur desde comienzos del 2021 y esperan por la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración. O qué sucede con aquellos liberados bajo los programas ATD.
El diario menciona que se han dispersado por todo el país, unos esperando la fecha de sus audiencias y otros “desaparecen en las sombras, nunca se presentan a sus citas en la corte o requieren registros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” mientras avanzan sus procesos.
Otros batallan a diario no solo por sobrevivir, sino cumplir con los requisitos de presentación de informes en un sistema cada vez más sobrecargado y desorganizado.
En cuanto a los casos de asilo ventilados en los tribunales de inmigración, en junio Univision Noticias reportó que de los 5,100 casos procesados bajo el Programa Permanecer en México (MPP) entre diciembre y mayo, apenas el 0.53% fueron aprobados y el mayor problema que tiene ese grupo de inmigrantes que esperan en México la resolución de sus casos, es que no tienen o carecen de representación legal para defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Y en cuanto a quienes permanecen en Estados Unidos a la espera de sus audiencias de asilo, en enero de este año sólo el 4.7% contaba con un abogado para que lo asesorara en el juicio, reduciéndose las posibilidades de éxito.
La escasa ayuda disponible evidencia y agrava el desafío humanitario del programa de asilo, un recurso legal disponible que, además de poner en serios aprietos el sistema judicial migratorio, tiene dividido al país. Y, mientras tanto, “no hay fondos designados para ayudarlos, como los hay para los refugiados”, dice The New York Times.
En el Congreso, por su parte, no hay indicios de que vaya a existir nuevamente un debate migratorio como el registrado en marzo de 2021, cuando la Cámara de Representantes aprobó dos iniciativas para regularizar a millones de indocumentados y modernizar el sistema de asilo en la frontera.
Fuente: JORGE CANCINO