Una corte federal de apelaciones de Chicago, Illinois, confirmó este jueves una medida cautelar que impide al gobierno de Donald Trump retener dinero de subvenciones a las ciudades santuario. Se trata de una disposición a nivel nacional derivada de una demanda que la ciudad de Chicago hizo en contra del gobierno y el Departamento de Justicia en 2017.

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito indicó en su decisión que su rol no es el de «evaluar las políticas de inmigración óptimas para el país» y añadió: «El tema que tenemos ante nosotros ataca uno de los principios básicos de nuestra nación, cuya protección trasciende la afiliación a los partidos políticos y descansa en el corazón de nuestro sistema de gobierno: la separación de poderes».
La decisión fue tomada por un panel de tres jueces, todos ellos designados por el Partido Republicano, que dictaminó que había indicios de que la administración Trump se excedió su autoridad al tratar de implementar las nuevas condiciones sin la aprobación del Congreso.
«Los fundadores de nuestro país entendieron bien que la concentración de poder amenaza la libertad individual y establecieron un baluarte contra tal tiranía creando la separación de poderes entre las ramas del gobierno. Si el Poder Ejecutivo puede determinar la política, y luego usar el poder para exigir el cumplimiento de esa política a gobiernos locales, todo sin la autorización de los legisladores elegidos, ese control contra la tiranía es abandonado», continúa el fallo.
El documento luego señala que el fiscal general Jeff Sessions «utilizó la espada de la financiación federal» para presionar a estados y autoridades locales a cumplir con mandamientos que el Congreso de EEUU no impuso cuando autorizó esos fondos federales en cuestión. Entonces, «(corresponde a) nosotros, la judicatura, como la rama restante del gobierno, actuar como un control sobre tal usurpación de poder».
La iniciativa del gobierno impulsada en julio de 2017 de presionar a las ciudades santuario con la retención de fondos también está siendo disputada en otros estados, como California, en donde días atrás también una corte federal prohibió al Departamento de Justicia priorizar el envío de recursos de un fondo federal a las Policías que acepten cooperar con funcionarios de inmigración.