La regla, que forma parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump, faculta a un alto funcionario del gobierno revertir sentencias dictadas por los jueces de inmigración y expulsar del pais de manera acelerada a inmigrantes indocumentados que habían ganado sus casos en el marco del debido proceso.

Un juez federal del Distrito de Columbia (DC) prohibió al Departamento de Justicia (DOJ) que haga cumplir un reglamento publicado en diciembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) con el objetivo de acelerar los procesos de deportación en la Corte de Inmigración (EOIR).

La norma indicaba además que, a partir del 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión de Joe Biden, todos los dictámenes emitidos por los jueces de inmigración podrán ser revertidos, situación que colocó a miles de inmigrantes que pelean legalmente su permanencia en el país.

El juez federal de distrito, Richard J. Leon, detuvo la implementación de la medida mientras los demandantes, entre ellos el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y CLINIC Legal, una red católica que ofrece asistencia legal a inmigrantes a nivel nacional, continúan impugnando la medida en los tribunales.

En la decisión, Leon dijo que el grupo de demandantes había demostrado, con base en las evidencias, la existencia de probabilidades de éxito.

La regla

La regla de la era Trump estipulaba que los jueces de inmigración tendrían menos capacidad de discreción y las sentencias que pronuncien podrán ser revertidas por la Junta de Apelaciones de inmigración (BIA).

La nueva regla, además, eliminó el poder discrecional de los jueces para decidir casos y abrió la puerta para revertir sentencias en casos de reapertura y reconsideración de casos, limitando de esa manera la impartición de justicia.

Los cambios, sin embargo, no impidieron que las partes dentro de un proceso “presentaran mociones conjuntas, incluso en situaciones en las que ha habido un cambio relevante en los hechos o la ley”.

Tras la publicación, el DOJ concedió un período de 30 días para el comentario público, un plazo que también fue cuestionado por el juez Leon en su sentencia. “Treinta días probablemente no sean suficientes para brindar una oportunidad significativa para comentar sobre una regulación altamente técnica y compleja», indicó.

Tolerancia cero

La regla dejada en suspenso fue anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) a finales de agosto del año pasado. El ministerio dijo en esa ocasión que “enmendaría las reglamentaciones de la Corte de Inmigración con respecto al manejo de apelaciones”.

El gobierno indicó que los “múltiples cambios en el procesamiento de apelaciones” tenían como objetivo “asegurar la consistencia, eficiencia y calidad de sus adjudicaciones”.

Añadió que el cambio fue barajado por primera vez en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien buscó limitar el poder de los jueces de inmigración para acelerar las deportaciones.

En ese entonces, el funcionario firmó una orden provisional que estableció el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación.

La decisión puso en peligro miles de casos cuyos titulares llevan años viviendo en el país. Un año más tarde, una corte de apelaciones devolvió a los jueces de inmigración de cuatro estados el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. Y también a los integrantes de la Corte de Apelaciones.

Reacciones al fallo

La red nacional CLINIC, uno de los demandantes, anunció en su cuenta de la red social Twitter el dictamen del juez Leon y dijo que inicialmente el Departamento de Justicia se había opuesto a pausar la medida mientras el gobierno de Biden la revisaba.

El fallo indica que los demandantes demostraron que los inmigrantes sufrirán dalos irreparables si la medida no es detenida de inmediato.

Keren Zwick, abogada principal del National Immigrant Justice Center (NIJC), le dijo al sitio Law360 que la organización estaba “complacida” porque el tribunal haya reconocido “las devastadoras consecuencias que tendrá esta regla si se permite que entre en vigencia”.

Estaban alarmados

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la norma suspendida representaba un notable riesgo para aquellos inmigrantes en proceso de deportación que batallaban legalmente sus permanencias en el país.

“Todas las noticias son malas con esta propuesta”, dijo en agosto Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y que durante 15 años ejerció como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

Agregó que cuando entró en vigor “reformó los procesos de la BIA y eliminó las garantías del debido proceso con el objetivo de acelerar las deportaciones; o sea deportaciones a chorro” (cohete).

Poder extraordinario

La regla final publicada en diciembre otorgó al director de Corte de Inmigración “un designado político, poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones y lo autorizó a revertir, por sí solo, las decisiones del BIA si lo solicita un juez de inmigración”, explicó la abogada.

“El resultado de esta propuesta de regulación es deprimente. Le concedió amplios poderes a un burócrata, a un político seleccionado por el gobierno a quien colocó entre sus manos poder e independencia para tomar decisiones rápidas, vertiginosas en sacrificio del debido proceso”, añadió.

Los abogados dijeron que reglamento suspendido, además de haber desmantelado el proceso de apelaciones, restringió formalmente a los jueces de inmigración y los miembros de la BIA en el uso de su discrecionalidad para pausar temporalmente procedimientos de menor prioridad.

“El juez León le devolvió los derechos a los inmigrantes”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Ahora podrán defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos dentro del debido proceso y sin la amenaza de que sus sentencias serán cambiadas por un director político”.

Fuente: JORGE CANCINO