La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una disposición de la ley federal de ciudadanía e inmigración que exigía la deportación obligatoria de inmigrantes que habían sido condenados por cometer algunos delitos, al argumentar que la normativa era muy general y vaga.
La sentencia tiene como origen un caso de un inmigrante oriundo de Filipinas que fue admitido en Estados Unidos en 1992 de manera legal. En 2007 y 2009, él no se opuso a acusaciones en su contra por robo de una residencia en California y un juez de inmigración determinó que el inmigrante podía ser deportado del país.
Los abogados del inmigrante apelaron la deportación diciendo que se hizo por delitos sobre los que no existía la certeza legal de que conllevaran a su deportación y que su cliente nunca notificado de que el crimen del que fue acusado podría resultar en una deportación.
El Tribunal Supremo anuló el martes una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que hayan sido condenados por algunos delitos, sosteniendo que la ley es inconstitucionalmente vaga.
La Corte falló a favor de Dimaya, un filipino residente legal permanente desde 1992, que en 2009 fue condenado por robo residencial en California. Por esa sentencia, iba a ser deportado, pero el máximo Tribunal frenó esa medida.
Las condenas que pesaban en su contra, «delito grave con agravante», están incluidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la deportación pero sus abogados alegaron que parte de sa ley es «inconstitucionalmente vaga» y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes podrían provocar su deportación.
La Corte avaló esta argumentación en una ajustada votación 5-4 y por primera vez, el juez Neil Gorsuch -elegido por Donald Trump- se unió a los jueces más liberales invalidando el estatuto federal. Al hacerlo, Gorsuch continuó con la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, que también se alió con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de los estatutos utilizados para condenar a los acusados.
La decisión de la Corte es un revés para la política migratoria del presidente republicano que durante su campaña prometió expulsar a los indocumentados y levantar un muro en la frontera con México para impedir la entrada de inmigrantes que, según dijo, en su mayoría son «violentos, narcotraficantes y violadores».