En una audiencia telefónica, los jueces conservadores, que son mayoría en el máximo tribunal, se mostraron proclives a impedir que miles de personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias soliciten convertirse en residentes permanentes.

La Corte Suprema de justicia escuchó este lunes los argumentos de una larga disputa jurídica en torno a si ciertos titulares del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status -TPS-) califican para convertirse en residentes legales permanentes (LPR). La decisión sobre este caso se conocerá en el verano, pero al parecer se inclina por la no regularización de los inmigrantes con TPS.

La batalla judicial se inició en 2015 cuando José Sánchez y Sonia González, dos inmigrantes de origen salvadoreño que llevaban casi 15 años amparadas bajo el programa, solicitaron la Green Card a través de su empleador y el trámite les fue rechazado.

El caso lo heredó la administración Biden del anterior gobierno, pero el Departamento de justicia ha mantenido la misma posición, en este caso.

En una sesión vía telefónica, los jueces de la Corte Suprema parecían inclinarse a favor del argumento presentado por el gobierno de Biden acerca de que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que entraron ilegalmente en el país y que ahora tienen el TPS solicitar “tarjetas verdes” para permanecer en el país de forma permanente.

Se estima que unos 400,000 inmigrantes indocumentados están protegidos por el TPS. La mayoría de ellos son de origen centroamericano (El Salvador, Honduras y Nicaragua).

El juez Brett Kavanaugh dijo que la corte debería ser “cuidadosa en cuanto a jugar con los estatutos de inmigración tal como están escritos”, especialmente cuando el Congreso podría actuar.

“Pero a manera de panorama general, ¿por qué deberíamos intervenir aquí cuando el Congreso está muy centrado en la inmigración?”, preguntó Kavanaugh, según reporta la AP.

La jueza Amy Coney Barrett preguntó al abogado del gobierno Michael R. Huston si el gobierno había cambiado su posición sobre si la ley era clara o ambigua. Luego, el juez Kavanaugh sugirió tres formas en las que el gobierno podría ganar el caso, y Huston optó por la que parecía ser la menos vinculante.

Huston destacó que muchas personas con estatus de protección temporal pueden solicitar la residencia permanente, siempre y cuando hayan entrado al país legalmente. «Tienen que haber sido admitidos como estudiantes o au pair o trabajadores temporales o algo así», dijo.

Hasta ahora tres cortes de apelaciones han determinado que los beneficiarios del TPS casados con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos mayores de 21 años nacidos en Estados Unidos pueden ser reclamados para recibir la tarjeta verde.

Otras dos cortes de apelaciones han fallado en contra, lo que derivó el caso al máximo tribunal de justicia y que en enero anunció la revisión.

El TPS difiere temporalmente de la reportación y otorga a los beneficiarios una autorización de empleo (permiso de trabajo) válida por el mismo tiempo.

Los detractores del programa argumentan que el TPS fue creado con el propósito de otorgar un estatus temporal de permanencia y que, al término del programa, los beneficiarios deberían regresar a su estatus anterior, es de”.

La batalla judicial

Hasta ahora, tres cortes de apelaciones (6º, 8º y 9º Circuitos) han fallado a favor de que en sus jurisdicciones los beneficiarios casados con ciudadanos estadounidenses o que tengan hijos nacidos en Estados Unidos mayores de 21 años califiquen para pedir la Green Card, trámite que debe iniciar el cónyuge o el hijo.

El último dictamen fue emitido a finales de octubre, donde un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito se sumó a las decisiones de los otros dos tribunales similares para permitir que ciertos inmigrantes protegidos por el TPS puedan gestionar la tarjeta verde.

“Estamos de acuerdo con los razonamientos de la 6ª y 9ª Corte de Apelaciones, que aceptaron que los inmigrantes protegidos por el TPS son considerados como ‘inspeccionados y admitidos en el país bajo la Ley de Inmigración’”, indicaron los jueces.
Al ser considerados como “inspeccionados”, aquellos extranjeros amparados por el programa humanitario y que cumplan con los requisitos señalados “pueden gestionar la residencia legal permanente (LPR)”, dictaminó el panel.

El 6º Circuito de Apelaciones lo integran: Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.

Por su parte, el 8º Circuito está integrado por los estados de: Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.

Y el 9º Circuito, en cambio, lo integran los estados y/o territorios de: Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

El caso Sánchez

La primera demanda en 2015 fue presentada a nombre del inmigrante José Sánchez, un ciudadano de origen salvadoreño cuyo empleador intentó en vano patrocinarlo para obtener una Green Card (residencia legal permanente).

“Al aceptar este caso en enero, la Corte Suprema de Justicia se comprometió a decidir el destino de miles de personas con TPS que, por haber entrado indocumentados a Estados Unidos, no se pueden convertir en residentes legales permanentes, excepto en las jurisdicciones de apelaciones del 6º, 8º y 9º Circuitos”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“La decisión del máximo tribunal será muy importante ya que, si es positiva, muchos podrían beneficiarse, pero si es negativa les cerraría las puertas a estas personas quienes no podrán obtener su residencia legal permanente”, indicó.
Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que aquellos que no tienen residencia no viajen fuera del país. “Mi consejo es que lo hagan solo si tienen una emergencia y, antes de hacerlo, tramiten un permiso de viaje adelantado ante la Oficina de Ciudadania y Servicios de Inmigración (USCIS)»”, dijo José Guerrero, quien ejerce en Miami.

“Pero tenga en cuenta que, si tiene una orden de deportación vigente y viaja con permiso fuera del país, recuerde que al regreso la autorización de entrada es discrecional del agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)”.

Fuente: JORGE CANCINO