La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió indefinidamente la implementación de la polémica ley de inmigración de Texas, la cual permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país.

La suspensión administrativa estará vigente mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia del Gobierno de Biden y otras partes, que piden a los jueces bloquear la implementación de la ley mientras se desarrollan sus impugnaciones. La orden de este lunes no incluye una fecha de vencimiento para la suspensión.

La orden provino del juez Samuel Alito porque es quien supervisa los asuntos que surgen del tribunal de apelaciones que actualmente evalúa el caso.

La controversial ley, conocida como SB4, la promulgó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado. Inmediatamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración por la posibilidad de un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.

«La Corte Suprema ha frenado temporalmente la aplicación de la SB4, pero no detuvo la autoridad ya existente de Texas para arrestar por invasión criminal y otras violaciones de la ley», dijo Abbott en un comunicado este lunes. En ese sentido agregó que «Texas continuará utilizando todas las herramientas y estrategias para responder a esta crisis fronteriza creada por Biden”.

Esta es la tercera vez que la Corte Suprema le pone freno a la controversial ley. La primera vez fue el pasado 4 de marzo, cuando Alito anunció una suspensión temporal hasta el 13 de marzo. Luego, el 12 de marzo, el alto tribunal extendió dicha pausa.

Estas órdenes administrativas le proporcionan tiempo adicional a la corte para revisar la información del caso. Sin embargo, no indican necesariamente en qué dirección se inclina la corte con respecto a la solicitud de fondo.

En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia argumentó que la ley alteraría «profundamente» el «status quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años».

“Las personas pueden no estar de acuerdo con la inmigración. Nunca lo han estado. Y Texas puede estar profundamente preocupado por la inmigración reciente”, escribieron en documentos judiciales los abogados de un par de grupos de inmigración y del condado de El Paso. “Pero lo mismo ocurrió en California en la década de 1870, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y Arizona en 2012. Sin embargo, durante 150 años esta corte ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, la entrada y la expulsión», añadieron.

Por su parte, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y otros funcionarios dijeron a la Corte Suprema que “la Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”.

Este caso es el ejemplo más reciente de cómo el Gobierno de Biden ha acudido a la Corte Suprema en su actual disputa con Texas en materia de inmigración. A principios de este año, el alto tribunal otorgó una victoria temporal al Gobierno al anular una orden de un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas desplegaron a lo largo de una parte de la frontera entre Estados Unidos y México.

Los argumentos orales en el Quinto Circuito están programados para el próximo mes.