Activistas y funcionarios consideran que tendrá un efecto devastador entre la comunidad.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para que la regla de la carga pública que obliga a rechazar la residencia a quienes reciban beneficios públicos, entre en vigor aún cuando todavía no se resuelve en las cortes federales, levantó una oleada de comentarios en contra en Los Ángeles y California.

Los magistrados del máximo tribunal votaron 5 contra 4 para levantar el freno impuesto en octubre por las cortes de Nueva York, California y Washington que impedían la implementación de esta nueva norma. Los defensores de los inmigrantes consideran que la determinación de la corte tendrá fuertes repercusiones en las familias de los inmigrantes de bajos recursos.

“El impacto de la decisión de la Corte Suprema sobre la carga pública será devastador. A causa de este fallo, las familias están pasando hambre y evitando el cuidado médico”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.

Confió que el estado revise la decisión para determinar los siguientes pasos a seguir, y proporcionar asistencia a los californianos afectados. “California continuará peleando contra esos esfuerzos por aterrorizar a las familias inmigrantes”, dijo.

Y recomendó a quienes estén preocupados buscar consejo calificado de migración.

La propuesta de presupuesto estatal 2020-21 del gobernador Newsom, incluye 75 millones de dólares para las organizaciones no lucrativas que proporcionan una variedad de servicios calificados de migración.

Confusión y estrés

La presidenta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, dijo que negar estatus legal a las familias inmigrantes y niños que buscan asistencia básica como alimentos y cuidado médico de emergencia, es cruel e innecesario; y avanza el objetivo claro de la agenda de patriotismo extremo, xenofóbica, y blanca de la administración Trump para mantener fuera a los inmigrantes.

“Debido a que este asunto continúa peleándose en las cortes, el fallo de la corte crea confusión y estrés en las familias y niños que buscan servicios básicos”, expresó Salas.

Estados Unidos es fuerte cuando las familias están saludables, siguió. “Al forzar a los inmigrantes para que escojan entre sus necesidades básicas como alimentos y vivienda, y un camino hacia la ciudadanía, se cruza otra línea”.

Salas consideró la regla de la carga pública de Trump “hará a nuestras comunidades y nación, más enferma, más hambrienta y más pobre”.

Agregó que el gran plan de la administración Trump para hacer que el sistema de migración de la nación sea basado en méritos y un club exclusivo, avanza hacia adelante.

“Representa un ataque a las familias inmigrantes, incluyendo a los niños nacidos en Estados Unidos”, subrayó la defensora de los inmigrantes.

Legisladores decepcionados

La asambleísta de San Diego, Lorena González, líder de la bancada latina en la legislatura de California reveló que se sienten desilusionados de que la administración continúe reescribiendo las reglas del Sueño Americano, permitiendo el acceso solo a los ricos y poderosos.

“Esta política es antiestadounidense y de poca visión hacia el futuro”, dijo González, quien subrayó que este cambio draconiano en la política minará la salud colectiva y el bienestar de la nación al empujar a millones de familias y niños a lo largo del país, fuera de programas y servicios críticos.

Consejo legal

Alex Gálvez, abogado de migración de Los Ángeles, dijo que aún no se ha determinado si es legal o no la norma de la carga pública. “Lo que la Corte Suprema definió fue que se quite el freno para que se aplique mientras se pelea en las cortes”.

El abogado puntualizó que esta medida convierte a los agentes de migración en asesores financieros porque ellos tendrían que determinar que inmigrante puede ser una carga pública y quién no.

“Lo único que hace esta regla es matar el sueño americano”, remarcó el letrado.

A los inmigrantes, les dijo, que es importante que entiendan, que no les afecta si piden ayuda en efectivo o cupones de alimentos para sus hijos nacidos en EEUU. “Esa asistencia no es para ellos sino los hijos ciudadanos estadounidenses”, enfatizó.

Se calcula que 232,000 inmigrantes podrían abandonar programas de beneficios públicos como resultado del reglamento de carga pública. (El Diario NY).
Bajo la carga pública, sí podría afectarles sin reciben asistencia médica para ellos. “El impacto será mayor en la salud de los inmigrantes”, estimó. Pero en general, el inmigrante no recibe prestaciones públicas. “Por ser indocumentado no califica para cupones de alimentos ni asistencia en efectivo. La mayoría no recibe ayuda federal”.

Gálvez teme que quienes podrían verse más afectados son aquellos que salen a solicitar la residencia en el extranjero como en los consulados.

“Algo que puede ayudarles es pagar sus impuestos y tener una cuenta de ahorros en el banco”, mencionó.

Sin embargo, pidió a los inmigrantes que reciben ayuda del gobierno para sus hijos que no la cancelen. “Trump solo quiere mano dura en una situación que está cambiando y es incierta”, dijo. “Si tienen dudas, lo mejor es que consulten a un abogado de migración de su confianza”, aconsejó.