Dallas y Houston frente a Abbott: las principales urbes de Texas se resisten a colaborar con el ICE a través de acuerdos 287(g)
A pesar del avance del Poder Legislativo estatal que propicia la cooperación, las ciudades más importantes se manifiestan en contra y evidencian sus posturas sin adherirse a este tipo de acuerdos.
Las metropolitanas más relevantes de Texas están inmersas en un conflicto que entrelaza política, seguridad pública y tensiones en la comunidad. Aunque el gobernador Greg Abbott y la Legislatura estatal han promovido iniciativas para fortalecer la colaboración con el gobierno federal en cuestiones migratorias, las dos urbes más pobladas del estado, Dallas y Houston, han exhibido divisiones internas, presiones políticas y preocupaciones sobre las repercusiones de estos convenios en la relación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Las discusiones entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los cuerpos policiales de las ciudades más grandes de Texas han puesto de manifiesto posturas contrarias. En Dallas, el jefe de policía, Daniel Comeaux, desechó la propuesta que recibió meses atrás de parte de los agentes migratorios.
La propuesta incluía la inclusión de la policía local en las operaciones masivas promovidas por la administración de Donald Trump, pero Comeaux argumentó ante las autoridades municipales que dicha colaboración distanciaría a los oficiales de sus deberes diarios y comprometería los logros en la disminución del crimen violento.
Mientras Dallas adoptó una postura decidida, Houston se vio envuelta en una polémica tras comentarios del alcalde John Whitmire, quien reconoció un cierto grado de cooperación con el ICE. Aunque la dependencia policial no formalizó ningún convenio oficial, las comunicaciones desde la policía de la ciudad hacia la agencia migratoria aumentaron de forma significativa, de acuerdo con documentos referidos por el Houston Chronicle.
Las llamadas, mayormente originadas en controles de tránsito, se multiplicaron por diez desde la reelección de Trump, lo que generó inquietud y críticas en una ciudad con un elevado porcentaje de habitantes inmigrantes.
Estas decisiones divergentes resaltaron cómo las grandes ciudades, que albergan comunidades afroamericanas e hispanas considerables, se enfrentaron a la disyuntiva de aceptar una colaboración con el ICE —y arriesgar la desconfianza de la comunidad— o negarla y arriesgarse a la llegada de agentes federales o tropas de la Guardia Nacional, similar a lo que sucedió en Chicago, Los Ángeles y Charlotte.
Qué tipo de presiones enfrentan las ciudades de Texas para integrarse al 287(g)
Los legisladores republicanos de Texas se alinearon con la Administración Federal y aprobaron legislaciones que exigen colaboración. Una normativa estatal establece que todas las oficinas de alguaciles en condados con más de 100 mil habitantes deben firmar un acuerdo 287(g) antes de diciembre de 2026. Además, el Departamento de Seguridad Pública estatal —que incluye a los patrulleros de carreteras— ya ha formalizado su acuerdo con el ICE.
Al mismo tiempo, departamentos policiales y oficinas de alguaciles en otras regiones de los Estados Unidos, como Las Vegas o Miami, se han integrado al programa con una rapidez sin precedentes, según el Migration Policy Institute, citado por NBC News.
De acuerdo con lo expuesto por Muzaffar Chishti, quien se desempeña como director de la oficina de esa entidad en Nueva York, el ofrecimiento de financiamiento federal actuó como un estímulo que intensificó la presión sobre las autoridades locales para que llevaran a cabo más detenciones de individuos con posibles infracciones migratorias. La agencia federal se hace cargo de reembolsar el salario anual de los oficiales capacitados, una parte de las horas adicionales trabajadas y, además, proporciona incentivos trimestrales por desempeño.
En Dallas, Comeaux comunicó que el ICE propuso hasta 25 millones de dólares si la ciudad aceptaba colaborar. No obstante, enfatizó que ese monto no sería suficiente para cubrir el tiempo extra ni compensaría los efectos adversos de redirigir recursos policiales locales hacia tareas migratorias bajo supervisión federal.
Durante la reunión del comité conjunto del Concejo Municipal el 6 de noviembre, el director de la policía presentó estadísticas positivas: menos homicidios, disminución de delitos violentos, reducción de muertes en la vía y mejores tiempos de respuesta. En su opinión, cualquier desvío de efectivos podría comprometer dichos logros.
El comité del municipio decidió votar en contra de la colaboración. Comeaux reiteró que tal acción “no haría a Dallas más segura” y recordó que su departamento ya se enfocaba en perseguir a quienes cometían delitos violentos, concluyendo que participar en operaciones migratorias no generaría beneficios tangibles.
Houston y la controversia sobre sus interacciones con el ICE: situación actual
La situación en Houston resultó ser más complicada. A raíz de la controversia generada por las declaraciones públicas del alcalde, Whitmire intentó clarificar su posición en una reunión del Concejo el 12 de noviembre, donde afirmó: “Somos el Departamento de Policía de Houston. Nos dedicamos a hacer cumplir las leyes estatales y locales, no las de inmigración”. Su administración señaló que, aunque los temas migratorios son competencia del gobierno federal, cualquier individuo con una orden pendiente de otro organismo debía ser reportado, según lo informado por NBC News.
El departamento de policía manifestó que no indaga sobre el estatus migratorio, aunque estaba obligado a informar a la agencia que emitió una orden cuando un individuo aparecía en sus registros. En abril, esta política dio lugar a un caso particular: la policía notificó al ICE sobre una mujer salvadoreña que había llamado al 911 para informar sobre violencia doméstica.
