La legislación, la cual fue ratificada este jueves por la Asamblea Nacional, implica un cambio significativo para el país sudamericano, donde el régimen ha sostenido durante años que no existen individuos encarcelados por razones políticas.
La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este jueves una ley de amnistía, tras la aprobación del proyecto por partede la Asamblea Nacional de Venezuela en el día de hoy, lo que podría facilitar la liberación de políticos, activistas, abogados y muchas otras personas, al reconocer efectivamente que el Gobierno ha mantenido a cientos de individuos en prisión por razones de carácter político.
Rodríguez, quien había presentado la iniciativa el mes pasado, firmó la ley en presencia de su hermano Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional venezolana, y del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La promulgación representa un cambio drástico para el país sudamericano, donde las autoridades han negado durante años la existencia de prisioneros políticos. Este es el último ajuste en la política tras la sorprendente operación militar estadounidense en la capital del país, Caracas, para arrestar al entonces presidente Nicolás Maduro.
La legislación podría favorecer a opositores, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que han sido perseguida por el régimen en los últimos 27 años. El debate fue interrumpido la semana anterior después de que los legisladores no lograron alcanzar un consenso sobre diversas cuestiones, incluyendo si se debería otorgar amnistía a aquellos que abandonaron el país para evitar ser arrestados, lo que evidenció la resistencia de algunos seguidores del partido en el poder a conceder alivio a los opositores.
Rodríguez propuso la ley semanas después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaran a Maduro el 3 de enero en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas.
El Gobierno de Venezuela se ha apresurado en acatar las órdenes de la Administración de Donald Trump, incluyendo la reforma del sector petrolero del país realizada el mes pasado.
Tal como fue presentado la semana pasada, el objetivo de la propuesta legislativa es otorgar a las personas “una amnistía general y total por los delitos o faltas cometidos” durante períodos específicos desde 1999, caracterizados por conflictos políticos en Venezuela, incluidos “actos de violencia por motivos políticos” en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Las consecuencias de dichas elecciones provocaron protestas y resultaron en la detención de más de 2,000 individuos, incluidos menores de edad.
Los legisladores apoyaron el propósito de la iniciativa, pero decidieron pausar el análisis debido a discrepancias sobre quiénes serían los beneficiarios, como aquellos a quienes el Gobierno ha acusado de distintos crímenes, pero que han eludido el juicio ocultándose en Venezuela o buscando asilo en el extranjero. Durante el debate de la semana anterior, los miembros del partido en el poder, incluido el hijo de Maduro, enfatizaron que estas personas deben presentarse ante la justicia antes de poder beneficiarse de la amnistía, puesto que la legislación venezolana impide el juzgamiento en ausencia.
“Cuando se comete un pecado, no es suficiente con absolverse uno mismo en casa; es necesario acudir a la iglesia, me confesaré [y diré]: ‘Padre, reconozco que he pecado’”, comentó Nicolás Maduro Guerra, al establecer una analogía entre la iglesia y el sistema judicial venezolano. “Por lo tanto, el proceso de declarar: ‘He llegado al Estado de derecho y admito que estamos bajo la ley, bajo instituciones sólidas que han perdurado y salvaguardado la república’[. . . ] es de suma relevancia”.
No obstante, su afirmación desestima que muchos de los acusados, incluyendo aquellos que están actualmente tras las rejas, frecuentemente son objeto de acusaciones infundadas, se les niega el acceso a representación legal y carecen de la posibilidad de acceder a las pruebas que los incriminan. También omite que los casos son gestionados por jueces leales al partido en el poder, quienes se limitan a aprobar las decisiones.
La amnistía general ha sido una exigencia fundamental de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela durante mucho tiempo, pero han observado la propuesta con escepticismo y han expresado diversas preocupaciones en relación con la elegibilidad y su aplicación.
Foro Penal, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los presos con sede en Venezuela, estima que más de 600 individuos están retenidos por razones políticas.
En los días siguientes a la captura de Maduro, las autoridades dieron a conocer que liberarían a un número considerable de prisioneros. Sin embargo, los familiares y defensores de derechos humanos han criticado la lentitud de estas liberaciones. Foro Penal ha registrado un total de 448.
Las familias que esperan la salida de prisión de sus seres queridos han permanecido días enteros frente a los centros de detención. Algunas iniciaron una huelga de hambre el pasado sábado.
