El Gobierno de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra California por un conjunto de leyes migratorias que desafían a las políticas de la Casa Blanca, en el más grave enfrentamiento entre el Ejecutivo de Donald Trump y el estado más poblado del país.
El Departamento de Justicia demandó al estado, al gobernador Jerry Brown y al fiscal general Xavier Becerra por tres leyes aprobadas en los últimos meses, las llamadas «leyes santuario». Según el gobierno estadounidense, estas medidas hacen imposible que los agentes anti inmigración puedan deportar a los criminales extranjeros. El Departamento de Justicia alega que las leyes son inconstitucionales y le pidió al juez que las bloqueara.
El Gobierno federal considera que esas tres leyes californianas (llamadas “santuario”) “reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos” al impedir que los agentes de Migración hagan su trabajo y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes.
Estados Unidos se ha convertido en uno de los países cuyas medidas están afectando a los inmigrantes, debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continúa con sus operativos para capturarlos; sin embargo, California podría convertirse en su salvadora con una medida impulsada por el alcalde.
Como se recuerda, la mayoría de los indocumentados no tiene acceso a la representación legal que pueda detener su deportación, algo que el alcalde interino de San Francisco podría cambiar, debido a que Mark Farrel pidió a California 7 millones de dólares para que su ciudad pueda defender a los inmigrantes indocumentados arrestados por ICE en la región.
«El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos», llegó a decir Brown, en referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputados por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump para influir en las elecciones de 2016.
En base a esas acusaciones, Brown aseguró que el Gobierno de Trump carece de credibilidad y aseguró que las leyes de su estado no ponen en peligro al país, como afirma el Ejecutivo en su demanda.