La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto con una coalición de 25 fiscales generales y tres mandatarios estatales, presentó este martes una acción legal contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por la suspensión ilegal de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el actual cierre del gobierno federal.
Según se detalla en un comunicado, la demanda tiene como objetivo evitar que el gobierno continúe reteniendo los pagos de noviembre que beneficiarían a más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses, de los cuales casi tres millones residen en Nueva York.
La demanda sostiene que esta interrupción infringe la Ley de Alimentos y Nutrición, que requiere garantizar la asistencia alimentaria a todos los hogares que cumplan con los requisitos, además de violar la Ley de Procedimiento Administrativo al ser una acción arbitraria e injustificada.
«Millones de personas en Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de pasar hambre porque el gobierno federal ha decidido no proporcionar la asistencia alimentaria que está obligado a ofrecer», afirmó James. «El programa SNAP es esencial para hacer frente al hambre, y el USDA cuenta con los recursos para sustentarlo. No hay justificación para abandonar a las familias que dependen de este servicio. »
SNAP se erige como el programa más grande de lucha contra el hambre en Estados Unidos. Más de 42 millones de individuos participan en él, incluyendo niños, personas de la tercera edad y veteranos. En Nueva York, alrededor de tres millones de personas se benefician de este programa, que representa aproximadamente 650 millones de dólares al mes.
Por primera vez en sus seis décadas de existencia, el gobierno federal se niega a realizar los pagos mensuales de SNAP debido a una interrupción en las asignaciones presupuestarias.
Aunque el USDA había indicado que utilizaría fondos de reserva en un principio, el 10 de octubre instruyó a los estados a posponer los pagos de noviembre. Dos semanas después, procedió a ordenar formalmente la suspensión de los beneficios a partir del 1 de noviembre.
La coalición argumenta que esta pausa es injustificada, dado que el USDA dispone de un mínimo de 6 mil millones de dólares en fondos de reserva que el Congreso ha destinado para garantizar la continuidad del programa durante paradas gubernamentales. La demanda busca obtener una orden de restricción temporal que exija al USDA liberar esos fondos de manera inmediata.
El viernes anterior, James y otros 22 fiscales generales enviaron una carta a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, pidiendo explicaciones respecto al plan de contingencia. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
Entre los estados que participan en la demanda se encuentran Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, junto con los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.
