Estados Unidos ha arrestado a cuatro mexicanos vinculados con la muerte de 53 migrantes ocurrida en junio del año pasado. El Departamento de Justicia ha informado este martes de la detención, llevada a cabo el lunes en las ciudades texanas de San Antonio, Houston y Marshall, de presuntos integrantes de una red de tráfico de personas. El hallazgo de medio centenar de cuerpos en una caja de un tráiler abandonado conmocionó a varios países hace un año y recordó al mundo lo mortífero que es la ruta que recorren miles de personas para llegar a este país.
Los detenidos, todos de nacionalidad mexicana, son Riley Covarrubias Ponce, de 30 años; Felipe Orduña Torres, de 28; Luis Alberto Rivera Leal, de 37 y Armando González Ortega de 53. Todos ellos formaban parte de una organización criminal que traficaba con personas originarias de Guatemala, Honduras y México, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La Fiscalía los ha acusado de sendos delitos de tráfico de personas, en diferentes grados. De ser declarados culpables tras un juicio, pueden ser sentenciados a cadena perpetua. Los arrestos de esta semana se suman a los de otros cuatro sospechosos hechos en 2022.
Los presuntos responsables de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2023 habían discutido “cómo consolidar costos, reducir riesgos y maximizar ganancias” sobre las rutas, guías, casas de seguridad, transportes por las que moverían a los ciudadanos de las naciones mencionadas. “La organización tenía una variedad de tractores y tráileres para sus operaciones de tráfico de personas, algunos de estos estaban almacenados en un estacionamiento privado de San Antonio”, señala la Fiscalía en un comunicado.
“Los traficantes abusan de la esperanza de los migrantes por encontrar una mejor vida, pero su única prioridad es enriquecerse”, ha dicho el fiscal general Merrick Garland. El funcionario asegura que el arresto de los implicados en el atroz crimen es una muestra de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de los más vulnerables. “Los traficantes que ponen en riesgo la vida de personas por ganancias no podrán ocultarse por mucho tiempo: los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, ha añadido.
Las pesquisas de la Fiscalía afirman que días antes del macabro hallazgo, Covarrubias, Orduña y otros intercambiaron entre ellos los nombres de las personas que transportarían. El grupo consiguió la caja del tráiler y la entregó al conductor del vehículo, Homero Zamorano, quien fue detenido por las autoridades en julio de 2022 junto a Christian Martínez. Orduna le proporcionó a Zamorano una dirección en Laredo, donde tendría que recoger a los 66 migrantes, entre los cuales había ocho menores y una mujer embarazada.
Los fiscales que llevan el caso aseguran que los acusados sabían que el aire acondicionado de la caja no estaba funcionando adecuadamente, por lo que los migrantes no tenían aire frío en el encierro. Cuando los supuestos integrantes de la organización criminal abrieron las puertas de la caja, después de tres horas de trayecto desde Laredo a San Antonio y dos controles, se encontraron con que 48 de las personas que iban a bordo habían fallecido. Todos huyeron de allí. Las autoridades encontraron el tráiler y trasladaron a otros 16 a hospitales de la región. Cinco migrantes fallecieron allí.
“Decenas de hombres, mujeres y niños desesperados y vulnerables depositaron su confianza en traficantes que los abandonaron en un tráiler cerrado hasta que murieron en el inclemente verano de Texas”, ha dicho Jaime Esparza, uno de los fiscales jefes del caso. La tragedia sigue siendo investigada por un cuerpo especial compuesto por elementos de diversas áreas como el Departamento de Seguridad Interior, la Patrulla Fronteriza, la policía de Inmigración (ICE), el FBI, la Oficina de Tabaco y Armas de fuego, el Departamento de policía de San Antonio, la oficina del sheriff del condado de Bexar y otras fuerzas de seguridad locales.
Como parte de su esfuerzo por reducir las históricas cifras de inmigración, la Administración del presidente Joe Biden lanzó en abril del año pasado un gran operativo para desarticular las redes de trata de personas. Los primeros seis meses de este esfuerzo coordinado entre varias agencias de seguridad resultaron en la detención de más de 5.000 integrantes de estas bandas criminales que operan en centro y Norteamérica. Algunos de los detenidos fueron aprehendidos en Guatemala y México, países donde han sido incautados también más de 200 teléfonos móviles, armas y municiones y 240.000 dólares.