La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció este jueves que EEUU comenzará de inmediato a deportar a México a migrantes centroamericanos en la frontera sur mientras tramitan sus casos de asilo, como parte de medidas “históricas” para combatir la inmigración ilegal.

Tanto en una audiencia ante un comité legislativo como en un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Nielsen explicó que la medida obedece a la “Sección 235B 2c” del “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA), que permite a Estados Unidos deportar a migrantes indocumentados a México mientras completan sus trámites migratorios.

“Ellos tendrán que esperar aprobación para entrar a EEUU, y si un juez estadounidense les aprueba el asilo, entonces serán bienvenidos. Si no, serán deportados a sus países de origen”, explicó Nielsen en su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Según Nielsen, estas medidas, enmarcadas en el programa “Quédate en México” que ambos países venían negociando, ayudarán a EEUU a controlar la “crisis de inmigración ilegal” en la frontera sur.

No obstante, se prevé que estas medidas serán impugnadas en los tribunales, como lo fueron las demás restricciones impuestas por la Administración Trump. De hecho, un juez federal, Emmet Sullivan, ayer anuló buena parte de las restricciones al asilo anunciadas en junio pasado, restableciendo ese derecho para quienes huyen de la violencia doméstica o de las pandillas.

Estados Unidos no permitirá el ingreso de inmigrantes que intentan sacar provecho del sistema migratorio para “desaparecer” dentro del país y saltarse las citas en los tribunales de inmigración, subrayó Nielsen.

La medida pone fin a la práctica de “atrapar y soltar” a los migrantes indocumentados dentro de EEUU, y la reemplaza con lo que Nielsen denominó como “detener y regresar”. Así, los migrantes centroamericanos tendrán que esperar en suelo mexicano la decisión de los tribunales.

Por su parte, la cancillería mexicana dijo que “por razones humanitarias y de manera temporal” aceptará el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos, siempre y cuando éstas hayan ingresado o sido detenidas en un puerto de entrada, y hayan recibido cita en un tribunal.

Las autoridades mexicanas dejaron en claro que las acciones adoptadas por EEUU y México “no constituyen un esquema de Tercer País Seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México”.

Estas acciones, recalcó la cancillería, tienen el objetivo de facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en EEUU, “sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México”.

Ese mismo mensaje reiteró en rueda de prensa en Washington, el encargado de negocios en la embajada de México, José Antonio Zabalgoitia.

Por su parte, dos funcionarios del DHS, que pidieron el anonimato, explicaron en conferencia telefónica con periodistas que en México los migrantes centroamericanos obtendrán “visas humanitarias para permanecer allí, permisos de trabajo y otras protecciones”, además de acceso a abogados de inmigración en EEUU para sus audiencias.

“Esta política entra en vigor de inmediato. Estamos comenzando el proceso para implementarla en los próximos días en la frontera del suroeste”, precisó uno de los funcionarios, quien destacó que estas medidas también ahorrarán dinero a los contribuyentes.

Pero los funcionarios no precisaron si EEUU aportará ayuda económica a México para dar albergue y asistencia humanitaria a los migrantes afectados por la nueva política, por encima de los $10,600 millones que ya ha comprometido Washington para programas de desarrollo socioeconómico en el sur de México y Centroamérica.

El DHS sí emitió una “hoja de datos” para justificar su respuesta frente a una “crisis sin precedente” en la frontera sur.

Según sus cifras, el número de migrantes sometidos a una “deportación expedita” aumentó en un 45% en la última década, de 161,516 en 2008, a cerca de 234,534 en el año fiscal 2018. Además, en los últimos cinco años, el DHS registró un incremento del “2,000%” en el número de personas con casos de “miedo creíble” pero que fueron sometidas a una deportación acelerada.

El DHS insistió en que la mayoría de los casos de asilo no tienen mérito, y que en el año fiscal 2018, los jueces aprobaron el asilo sólo en cerca de 6,000 casos que habían pasado la fase de “miedo creíble”, o un 27% de todos los casos completados.

¿Son ”Protocolos de Protección”?

El anuncio del DHS generó el rechazo de líderes demócratas del Congreso y de la mayoría de activistas del movimiento pro-inmigrante, que destacaron que éstas no son medidas de “protección” sino que anulan ilegalmente el acceso de los inmigrantes al debido proceso, además de sumirlos en un limbo porque deberán esperar meses, sino años, a que se procesen sus reclamos de asilo.

Kennji Kizuka, del grupo “Human Rights First”, afirmó que exigir que la nueva política es “descaradamente ilegal” y supone otro ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está intentando reescribir las leyes de forma unilateral para sumar puntos políticos, aunque ponga en peligro la vida de los refugiados.

“El hecho de que esta política se improvisó días antes de las fiestas y sin importar cómo funcionará en la práctica, subraya su pobre planificación”, agregó Kizuka, al señalar que México “no es un país seguro” para estos migrantes, tomando en cuenta la actividad de secuestradores y traficantes de personas “que se ensañan con personas vulnerables”.

El grupo “Kids in Need of Defense” recordó recientemente, mientras se negociaba el acuerdo “Quédate en México”, un estudio de 2017 según el cual se registraron 5,289 delitos contra migrantes en México, más de 900 de ellos por las mismas autoridades policiales. Además, México carece de suficientes recursos para albergar a niños y familias que aguardan una decisión en sus casos de asilo en EEUU.

Mientras tanto, los republicanos, entre éstos el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Bob Goodlatte, por lo general aplaudieron el anuncio por entender que el acuerdo alcanzado con México “ayudará a mantener la integridad del sistema de asilo” en EEUU.

“Este acuerdo permitirá que quienes de verdad tengan casos de asilo puedan pedirlo de forma segura y ordenada, y desalentará el peligroso viaje hacia la frontera sur de personas que creen que podrán entrar automáticamente al país, recibir un permiso de trabajo y quedarse acá a lo largo del proceso de adjudicación de asilo, que con frecuencia puede tomar años”, afirmó Goodlatte.