A partir de esta semana entran en vigencia nuevas normas del gobierno Trump, explica la abogada Naimeh Salem.

Recientemente hablábamos sobre las nuevas restricciones propuestas por el presidente Trump, para limitar las posibilidades de solicitar u obtener asilo en los Estados Unidos.

Esas restricciones están dirigidas directamente hacia las solicitudes de asilo y la manera en que son adjudicadas. Sin embargo, la administración del presidente también ha tomado otras medidas que afectan a los solicitantes de asilo de una manera que no está directamente relacionada a sus aplicaciones.

Se trata de medidas que restringen la habilidad de dichos solicitantes de aplicar y obtener un permiso de trabajo, como consecuencia de haber solicitado asilo.

Comenzando el 21 de agosto de 2020, los solicitantes de asilo en los Estados Unidos se estarán enfrentando a nuevos—y muy estrictos—cambios en las reglas para poder calificar para un permiso de trabajo mientras esperan por la adjudicación de su caso de asilo.

A continuación les resalto los cambios más significativos.

Contrario al proceso anterior, donde un solicitante de asilo podía aplicar para un permiso de trabajo sin importar cuando presentara su solicitud de asilo, a partir del 25 de agosto de 2020, aquellas personas que radiquen su asilo luego de un año de haber entrado al país, estarán impedidas de aplicar para un permiso de trabajo, salvo que el gobierno determine que están sujetos a una excepción extraordinaria.

De otra parte, a partir del 2 de octubre de 2020, la solicitud para el permiso de trabajo tendrá un costo de $550, en comparación con los $410 que cuesta actualmente.

De otra parte, las solicitudes de asilo pasarán de ser gratuitas a tener un costo de $50.

A partir del 21 de agosto de 2020, aquellos que aun puedan solicitar un permiso de trabajo, tendrán que esperar un tiempo indeterminado para que USCIS adjudique dicho permiso, mientras que anteriormente la agencia solo tenía un periodo de 30 días para adjudicar dicha solicitud.

Otro cambio es que personas que hayan sido convictas de ciertos crímenes o que el gobierno tema que han cometido una ofensa seria fuera de los Estados Unidos estarán prohibidas de recibir un permiso de trabajo.

También, si el gobierno determina que la aplicación de asilo ha sido retrasada por culpa del solicitante, por razones como solicitar una transferencia de oficina por haberse mudado o por presentar una enmienda a su solicitud, el permiso de trabajo será denegado.

Por último, a partir del 21 de agosto de 2020, una vez una la solicitud de asilo sea negada, el permiso de trabajo expirará automáticamente, en vez de permanecer vigente durante todo el tiempo por el cual fue aprobado, o 60 días luego de la negación del asilo.

La excepción a esta nueva regla es si el oficial de asilo refiere la solicitud al juez de inmigración.

No me cabe duda que estas medidas están diseñadas para evitar que más personas migren hacia los Estados Unidos para solicitar asilo.

Debido a que en el año 2019 se radicaron 1 millón de aplicaciones para permisos de trabajo en conjunto con las solicitudes de asilo, según las estadísticas de USCIS, queda claro que los solicitantes de asilo están ejerciendo su derecho al permiso de trabajo puesto que necesitan generar dinero mientras esperan por su decisión, para poder comprar comida y tener un techo sobre sus cabezas.

Esta situación nos preocupa de gran manera, y esperamos que los tribunales declaren estas medidas ilegales, ya que si la habilidad de pedir este permiso se ve tan severamente limitada por estos nuevos cambios, muchas de las personas que necesitan inmigrar para salvar sus vidas podrían decidir no hacerlo.

Recuerden que estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal.

Fuente: Naimeh Salem, es abogada certificada en Texas que ejerce el área de inmigración.