El próximo 15 de octubre entrará en vigor (sin valor retroactivo) la nueva regla del Gobierno de Donald Trump que permite a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional negar visados, permisos de residencia y, por ende, la nacionalidad a los inmigrantes que crean que podrían requerir ayudas sociales.

La regla, publicada el 14 de agosto, afecta a quienes soliciten un visado de entrada al país (de trabajo o de visita), o quieran obtener su green card, si las autoridades migratorias consideran que es “más probable que improbable” que requieran ayudas públicas durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Si recibieran dos ayudas durante un mes, contaría como dos meses.

La definición de ayuda se ha ampliado además. Estos son los beneficios que contabilizan a la hora de negar el visado o el permiso de residencia:

– Cualquier ayuda o beneficio en efectivo, de carácter federal, estatal o tribal.

– Los Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), que “paga beneficios a los adultos y a niños incapacitados que tienen ingresos bajos y recursos limitados”; y “a las personas mayors de 65 años si cumplen con ciertos límites económicos”.

– La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), que ofrece “ayuda para el cuidado infantil, preparación laboral y asistencia para el trabajo” a las personas embarazadas o al cargo de un hijo menor de 19 años, con ingresos bajos o muy bajos.

– El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), el más importante a nivel nacional (conocido popularmente como estampitas de comida), que permite comprar alimentos a través de una tarjeta de transferencia, y del que se benefician las familias con bajos ingresos.

– El Programa de la Sección 8 de Vales para el Alquiler de Viviendas, que “brinda asistencia a familias con muy bajos ingresos para que puedan pagar viviendas decentes, seguras e higiénicas”.

– La Asistencia de la Sección 8 para el Alquiler basada en Proyectos (incluida la Rehabilitación Moderada), que “ayuda a 1,2 millones de familias con ingresos bajos o muy bajos a obtener un hogar seguro, decente, y saludable”

– Las ayudas para vivienda pública bajo la Sección 9 de la ley de 1937.

– El programa de ayuda médica federal Medicaid, con algunas excepciones: tratamientos de emergencia; servicios proveídos a través de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad; servicios o beneficios escolares para niños de educación secundaria o inferior; beneficios para menores de 21 años, o para mujeres embarazadas o durante los 60 días después del parto.

Esta regla no afecta s beneficiarios que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, ni aplica a refugiados, asilados o inmigrantes con visados especiales como iraquíes y afganos.

A la hora de determinar si un inmigrante podría requerir ayudas públicas en el futuro (recuerde: no es necesario recibirlas, basta con que el agente migratorio considere que usted puede necesitarlas), se analizará la edad del solicitante de visado o green card; su estado de salud; su estado familiar; sus propiedades, recursos y finanzas; su nivel de educación y habilidades; y estado migratorio prospectivo; su periodo de admisión; y el formulario I-864.

En su contra pesará que el solicitante no sea estudiante a tiempo completo y esté autorizado para trabajar pero no tenga empleo, no lo haya tenido y no parezca que lo va a tener; que ya haya recibido ayudas por más de 12 meses durante un periodo de 36 meses; que tenga una enfermedad que sea probable que requiera un tratamiento serio y carezca de seguro; que ya haya sido declarado inadmisible o deportable por un juez de inmigración.

A su favor pesará que tenga ingresos, propiedades y el apoyo de un sponsor; que tenga permiso para trabajar y empleo en una industria con un sueldo anual superior a los 30,000 dólares (para una persona; 41.000 para dos; 51.000 para tres; 62.000 para cuatro); y que tenga seguro médico.

En la práctica, los inmigrantes constituyen un porcentaje muy reducido de los beneficiarios de ayudas públicas, puesto que además la mayoría no pueden recibirlas precisamente por el hecho de serlo. Sin embargo, las organizaciones de derechos civiles temen que esta regla pueda asustarles a la hora de pedir ayuda que realmente necesiten, y denuncian que los funcionarios contarán con manga ancha para poder denegar peticiones migratorias aludiendo a este motivo.

Unas 550,000 personas solicitan cada año una tarjeta de residencia, de los que 380.000 serán objeto de esta nueva revisión.