La fecha límite del safe harbor (puerto seguro) ha sido tradicionalmente un trámite burocrático que pasa por debajo de la mesa pero que este año cobra relevancia ante los intentos persistentes del presidente Donald Trump por restarle credibilidad al proceso electoral.

Todos los estados de la unión, excepto Wisconsin, parecen haber cumplido la fecha límite estipulada en la ley federal para que el Congreso acepte los votos electorales que serán depositados en el Colegio Electoral la semana próxima y que serán contados el próximo 6 de enero en el Congreso para nombrar a Joe Biden como el próximo presidente estadounidense.

La llamada provisión safe harbor (puerto seguro) garantiza a los estados que sus votos electorales serán contados siempre que culminen el proceso de certificación de los resultados y cualquier impugnación en cortes estatales antes de una fecha límite, que este año es el martes 8 de diciembre.

«Lo que la ley federal requiere es que si un estado ha completado su certificación post-electoral el 8 de diciembre, el Congreso está obligado a aceptar esos resultados», dijo Rebecca Green, profesora en ley electoral en la facultad de Derecho de la Universidad William & Mary en Williamsburg, Virginia.

El Colegio Electoral es una creación de la Constitución, pero el Congreso fija la fecha para las elecciones federales y, en el caso de la presidencia, determina cuándo se reúnen los electores presidenciales en las capitales de cada estado para votar.

Este año los electores se reunirán el lunes 14 de diciembre. Pero el Congreso también impone otra fecha límite: seis días antes de que se reúnan los electores, para evitar que los resultados de cada estado sean impugnados en el Congreso.

La idea es que al final de la jornada cada estado haya dado carácter oficial a sus resultados, concediendo 306 votos electorales a Joe Biden y 232 al presidente Donald Trump.

La fecha límite del puerto seguro ha sido tradicionalmente un trámite burocrático que pasa por debajo de la mesa pero que este año cobra relevancia ante los intentos persistentes de Trump por restarle credibilidad al proceso.

Trump ha rehusado reconocer la victoria de Biden, ha formulado denuncias infundadas de fraude y ha pedido a legisladores republicanos en estados clave a designar electores que voten por él incluso después de que esos estados han certificado la victoria de Biden.

Los alegatos de Trump han naufragado ante tribunales de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. La mayoría de las demandas interpuestas por su equipo de campaña para impugnar la victoria de Biden han sido desechadas por tribunales estatales excepto en Wisconsin, donde está prevista una audiencia esta semana.

El recurso judicial no tiene la apariencia de ser exitoso pero debido a que fue interpuesto apegado a los procedimientos de la ley estatal para apelar resultados electorales «me parece que Wisconsin no cumplirá la fecha límite del puerto seguro», dijo Edward Foley, profesor de ley electoral en la facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio.

El juez Stephen Simanek, designado para conocer del caso, ha admitido la posibilidad de que obligue al estado a incumplir la fecha límite del puerto seguro.

El incumplimiento de la fecha límite no privará a Wisconsin de sus 10 votos electorales. Los electores se reunirán el lunes 14 en Madison para realizar sus votos y no hay motivos para que el Congreso rehúse aceptarlos. En cualquier caso, Biden obtendrá la victoria aún sin los votos de Wisconsin.

Pero en teoría los congresistas en Washington pudieran cuestionar los votos provenientes de cualquier estado que haya incumplido la fecha límite del 8 de diciembre, explicó Foley.

Un miembro de la Cámara de Representantes, el republicano Mo Brooks, ya ha dicho que cuestionará el 6 de enero los votos electorales a favor de Biden. Brooks necesitará objetar por escrito y lograr que al menos un senador se sume a su apelación. Si ello ocurriese, ambas cámaras deberían debatir las objeciones y votar si tienen o no mérito.

Pero las objeciones naufragarán si las dos cámaras no votan a su favor.

La renuencia de Trump y sus seguidores a admitir la derrota es «peligrosa porque en una contienda electoral, un lado gana, un lado pierde y es esencial que el lado perdedor admita la victoria del ganador. Lo que está siendo cuestionado en este momento es nuestra capacidad de seguir las reglas», dijo Foley.

La provisión del puerto seguro tuvo un papel clave en el caso Bush v. Gore después de la elección presidencial del año 2000. La Corte Suprema anuló la orden emanada de una corte estatal de Florida para un recuento porque la fecha límite del puerto seguro se acercaba. El máximo tribunal emitió su fallo el 12 de diciembre, la fecha límite en ese año.

El vicepresidente Al Gore admitió su derrota el día siguiente ante el entonces gobernador de Texas George W. Bush.

En su opinión minoritaria, el magistrado Stephen Breyer dijo que la fecha límite realmente importante era el día en que se reunirían los electores presidenciales para votar. Si quedaba tiempo para realizar un recuento «es un asunto que las cortes estatales deben decidir».

Cuando los colegios electorales de Florida, decisivos en la victoria de George W. Bush, llegaron al Congreso, varios representantes protestaron pero ningún senador se sumó a la apelación. Le correspondió a Gore, quien presidió el conteo como presidente del Senado, determinar que las objeciones de sus copartidarios demócratas no tenían mérito.