Así lo confirmó el jefe interino del ICE, Todd Lyons, durante una reciente entrevista. También anunció que se tomarán medidas contra los empleadores de migrantes indocumentados
El jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, afirmó que sus agentes arrestarán a toda persona que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente, incluso si no tiene antecedentes penales.
En una entrevista concedida a CBS News, Lyons explicó que la prioridad de la agencia será enfocarse en quienes tengan antecedentes criminales graves, aunque advirtió que también habrá detenciones de inmigrantes sin récord delictivo durante las operaciones en comunidades.
“Si encontramos a alguien que está en el país ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia”, declaró Lyons en su primera entrevista televisiva nacional tras la asunción del segundo mandato de Donald Trump. “El ICE siempre se enfoca en los peores delincuentes. Una diferencia que verán ahora es que, bajo esta administración, hemos abierto todo el espectro de la cartera migratoria”.
El directivo advirtió que las denominadas redadas colaterales —arrestos de personas que no eran el objetivo original de la operación pero que se encontraban sin autorización en el país— se retomarán tras haber sido restringidas por el expresidente Joe Biden, quien había limitado la acción de los agentes a casos prioritarios como crímenes graves, amenazas a la seguridad nacional y quienes ingresaron recientemente. Tras la llegada de Trump al poder, esa política fue revertida y ahora el ICE vuelve a operar con un mandato amplio.
Lyons puntualizó que los estados y ciudades con “políticas santuario” —que limitan la colaboración entre fuerzas locales y el ICE— están obligando a los agentes federales a salir a las calles, lo que incrementa la cifra de personas detenidas fuera de las cárceles.
“Nos encantaría enfocarnos en los extranjeros criminales dentro de un centro de detención”, explicó. “Pero debemos salir a la comunidad para realizar esas detenciones, y ahí es donde incrementa el número de arrestos colaterales”.
Según datos internos obtenidos por CBS News, el ICE deportó desde el 1 de enero al 24 de junio de 2025, cerca de 150.000 personas, de las cuales unas 70.000 tenían condenas criminales. Sin embargo, muchos de los delitos estaban relacionados con migración o infracciones de tráfico.
Mientras la administración nacional destaca el arresto de condenados por homicidio o violación, varios procedimientos del ICE han causado tensión en comunidades, incluyendo la detención de solicitantes de asilo en tribunales y redadas laborales.
Sobre estas últimas, Lyons adelantó que el gobierno ha eliminado la pausa que el expresidente Biden había impuesto a redadas en lugares de trabajo, lo que se reflejó en operaciones recientes donde, en solo una planta de cannabis en California, el ICE detuvo a más de 300 personas sin documentos, entre ellos 10 menores de edad. En las últimas semanas, también hubo arrestos masivos en una empacadora de carne en Nebraska y un hipódromo en Louisiana.
El director explicó que el gobierno ha dado al ICE un mandato expansivo, acompañado de una inyección de decenas de miles de millones de dólares aprobados por el Congreso para reforzar la campaña de deportaciones. “Con la nueva asignación de fondos, es posible alcanzar el objetivo de 1 millón de deportaciones en un año que exige esta administración», aseguró.
En la entrevista, Lyons enfatizó que la nueva política busca perseguir no solo a los trabajadores sin estatus, sino también a quienes los emplean. Al ser consultado sobre si realmente el ICE actuará contra los empresarios, respondió: “Cien por ciento”. “No solo nos enfocamos en quienes trabajan aquí ilegalmente, también en aquellas empresas estadounidenses que explotan a estos trabajadores, personas que vinieron buscando una vida mejor”, aseguró.
Lyons defendió este giro argumentando que investigar a empleadores puede revelar otros delitos, como explotación laboral o tráfico de menores. “No es un crimen sin víctimas”, puntualizó.
A pesar de protestas de líderes empresariales por el impacto en sectores como la agricultura y la gastronomía, la Casa Blanca no precisó si habrá alguna excepción para casos de escasez de mano de obra, aunque el presidente Trump sugirió dar “un pase” a agricultores, sin aclarar cómo funcionaría esa exención.
En relación a la seguridad de sus agentes, Lyons ratificó que continuarían utilizando máscaras y otras medidas de protección durante las operaciones, ante preocupaciones por el anonimato y el resguardo del personal en procedimientos considerados de alto riesgo.
El endurecimiento de la postura federal ha desatado fuertes reacciones en organizaciones proinmigrantes, que advierten sobre el efecto intimidatorio en comunidades latinas y de otras minorías. Sin embargo, la administración sostiene que la estrategia busca restaurar la ley e impulsar la rendición de cuentas. “Hemos abierto toda la perspectiva del portafolio migratorio”, reiteró Lyons al explicar el alcance de las nuevas directrices.
