De los 1,4 millones de adultos que viven en Manhattan, 12 de ellos están a punto de convertirse en los primeros estadounidenses que juzguen a un expresidente del país. El juicio penal contra Donald Trump por el supuesto pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio introducirá en la ciudad elementos distópicos y otros propios de una superproducción: un descomunal despliegue de fuerzas de seguridad y agentes secretos, con caravanas de cristales tintados; dos zonas prohibidas, o “no zonas”, como se denominan en inglés, alrededor del Tribunal Penal de Manhattan y de la Torre Trump ―donde el acusado se alojará durante el juicio―, y una vigilancia orwelliana sobre las redes sociales para tratar de detectar cualquier amenaza.
Aunque Trump se ha resistido enérgicamente, con la esperanza de aplazar sus cuatro juicios penales hasta después de las elecciones de noviembre ―para congelar las causas si resultara reelegido―, no lo ha conseguido en el de Nueva York, el conocido como caso Stormy Daniels, una batería de 34 delitos de serie E, los más leves dentro de la categoría de las infracciones graves en ese Estado, por la falsificación de asientos contables para encubrir el soborno a Daniels en 2016 (supuestamente para que la relación extramatrimonial no perjudicase su carrera electoral); el pago, de hecho, fue registrado como “gastos legales”. Trump, que rechaza las acusaciones, se sentará en el banquillo a partir de este lunes durante las entre seis y ocho semanas que está previsto dure el proceso, con sesiones diarias salvo los recesos de los miércoles.
Lo hará protegido de la mirada pública, porque las leyes del Estado de Nueva York prohíben que se televise, pero el enjambre de cámaras a la entrada del tribunal y en el pasillo que conduce a la sala le concederá un altavoz impagable en plena campaña electoral. La voz del candidato y la del acusado se fundirán en una, la de una víctima de una persecución política, como se presenta desde hace meses ante la opinión pública y, sobre todo, sus adeptos. La victimización le ha dado buenos resultados electorales en las primarias y también financieros, pues ha hecho abundante caja tras cada imputación. Pero los desorbitantes gastos legales que supone afrontar cuatro procesos penales y otros dos civiles han drenado las arcas de su campaña, con un trasvase de fondos del candidato al acusado que algunos republicanos creen injustificable.
Para la constitución del jurado, que está previsto se prolongue de una a dos semanas, pero que podría demorarse por las objeciones de los fiscales y la defensa, serán convocados varios centenares de vecinos de Manhattan. Es un periodo crítico del proceso: tanto la acusación como la defensa tratarán de detectar prejuicios ocultos, con la ayuda de un cuestionario de 42 preguntas. En la selección, a los candidatos no se les interrogará por sus opiniones o su afiliación política, pero sí sobre sus fuentes de información ―el formulario recoge una veintena, entre medios convencionales, redes sociales y la casilla “no sigo las noticias”―, si han trabajado para Trump o han asistido a alguno de sus mítines, y si alguna vez han sido miembros de los Proud Boys, el llamado ejército de Trump, algunos de cuyos militantes participaron en el asalto al Capitolio de 2021, o del movimiento conspiratorio QAnon, que propagó bulos antisistema a mayor gloria electoral de Trump. También se les preguntará si tienen algún sentimiento u opinión formada sobre cómo se está tratando al candidato republicano en el caso, una pregunta resbaladiza cualquiera que sea la respuesta.
El magistrado del caso, Juan Merchan, de origen colombiano, ha emitido una orden de silencio, u orden mordaza, que prohíbe al expresidente atacar a los fiscales, los testigos, el personal del tribunal y los propios familiares del juez, después de una serie de publicaciones airadas del magnate en su plataforma Truth Social. No es la primera vez que un magistrado trata de embridar su incontinencia, pero casos previos confirman que resulta casi imposible ponerle límites, aunque ello le suponga incurrir en el desacato. En el juicio civil por fraude empresarial por el que ha sido condenado a pagar 464 millones de dólares [unos 435,6 millones de euros], el juez debió pedir incluso a los letrados que controlasen a su desaforado cliente. Y el caso Stormy Daniels, plagado de trapos sucios, se presta especialmente a la excitación verbal. El juez Merchan ha mantenido hasta ahora a la defensa a raya.
El republicano ya ha anunciado su intención de declarar ―por consejo legal, podría declinar hacerlo para no incriminarse―, pero ese sería otro momento sin precedentes en un juicio lleno de detalles inéditos. Muchos expertos legales dudan de que realmente se arriesgue a tener que responder a una serie de preguntas muy personales bajo juramento, para no cometer perjurio. Durante una rueda de prensa celebrada esta semana con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en Mar-a-Lago (Palm Beach), Trump aseguró al ser preguntado sobre el juicio: “Testificaré, absolutamente”. Pero, imprevisible como suele, tampoco se descarta que protagonice una espantada.
Sus abogados esperan una absolución o que un miembro del jurado se abstenga ―para alcanzar un veredicto se requiere unanimidad―, lo que podría provocar la anulación del juicio. Si el expresidente es declarado culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de prisión de cuatro años.
El proceso de Manhattan puede ser el único juicio de Trump antes de las elecciones. Dos casos federales, así como otro caso estatal en Georgia, podrían aplazarse hasta después de las votaciones. Sin embargo, el primer juicio penal de la historia a un expresidente representa la colisión definitiva entre el viacrucis legal de Trump y sus ambiciones presidenciales. El proceso cambiará la campaña presidencial de una forma sin precedentes. El acusado volverá a ser candidato los miércoles y los fines de semana. Pero el hecho de que haya trasladado a Nueva York parte de su equipo de campaña permite suponer que aprovechará cada aparición en el juzgado para sus habituales soflamas. Si, además, recauda más dinero para su alicaída campaña, podría sacar algún provecho del calvario.