Una jueza de distrito de El Paso (Texas) bloqueó temporalmente el martes una orden emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que otorgó poderes extraordinarios a los policías de ese estado fronterizo para detener vehículos si los agentes tenían sospecha razonable que en su interior transportaran a inmigramtes indocumentados.

Abbott argumentó la orden señalando que era para evitar la propagación del covid-19 debido a una crisis que se vive en la frontera con la llegada de miles de inmigrantes que vienen en busca de asilo y que el gobierno de Joe Biden no ha logrado frenar.

La orden temporal, emitida por la jueza de distrito Kathleen Cardone, de El Paso, constituye una victoria a corto plazo para el gobierno de Biden, que a finales de julio demandó la orden del gobernador de Texas argumentando que “pone en peligro la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”, poniendo además “en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerbando la propagación del covid-19 en nuestras comunidades”.

La Casa Blanca había dicho que el plan de Abbott, un fuel defensor de la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, generaría más problemas en la frontera en medio de un fuerte rebrote de casos de covid-19, además de dificultades para procesar los cientos de casos de inmigrantes detenidos por agentes federales.

El fallo

La jueza Cardone dijo en el fallo que «la Orden Ejecutiva (emitida por el gobernador Abbott) causa un daño irreparable a Estados Unidos y a las personas que Estados Unidos están encargados de proteger, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”.

“La Corte consideró la Moción de Emergencia para una orden de restricción o medida cautelar preliminar”, indica el fallo. “Existe una buena causa para creer que tendrá jurisdicción sobre todas las partes, y el lugar en este distrito es el adecuado”, indicó.

La jueza Cardone dijo además que la orden ejecutiva de Abbott “viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución porque entra en conflicto y representa un obstáculo a la ley federal de inmigración; y regula directamente las operaciones del gobierno federal”.

“La Orden Ejecutiva causa un daño irreparable a Estados Unidos y a personas que Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger, pone en peligro la salud y seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal, pone en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerba la propagación de COVID-19”, añade.

El dictamen dice que “permanecerá en vigor hasta el día 13 de agosto de 2021, a las 8:00 am, o hasta una fecha posterior que pueda ser prorrogada por la Corte o acordado por las partes”.

Estaba advertido

El Departamento de Justicia había advertido a finales de julio que el hecho de que Abbott emitiera una orden que permite detener cualquier vehículo “bajo sospecha razonable» de que transporta migrantes, es una clara violación a la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual precisa que la legislatura estatal prevalece por sobre las estatales.

«El Departamento de Justicia ganó esta batalla, pero debe desafiar todas y cada una de las políticas antiinmigrantes del gobernador Abbott, incluida la Operación Lonestar», dijo Anita Gupta, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
“No se puede permitir que el gobernador Abbott continúe con su odiosa campaña contra los inmigrantes. Si no se controla ni se cuestiona, no hay duda de que él y otros estados dirigidos por funcionarios antiinmigrantes continuarán con sus ataques racistas», indicó.

El ILRC dijo además que “la falsa narrativa de Abbott, de que los inmigrantes propagan el COVID-19, es indignante, especialmente cuando continúa denunciando las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, y afloja el distanciamiento social y otras restricciones recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”.

Clima tenso

El fallo que anula por ahora la vigencia de la orden ejecutiva del gobernador Abbott y se da en medio de una fuerte disputa entre Texas y el gobierno de Biden por el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México, y que tiene al estado sureño en el centro del debate.

La jueza Cardone también dijo en el dictamen que la orden de Abbott tendría el efecto de «exacerbar la propagación del COVID-19».

Cardone programó otra audiencia para la próxima semana, en donde los abogados del gobernador y del Departamento de Justicia presentarán nuevos argumentos.

Otra preocupación que inquieta a ambas partes en la disputa jurídica es la propagación de infecciones de la variante delta del coronavirus, que en las últimas semanas ha elevado las cifras de infecciones y hospitalizaciones, estableciendo récords en varios estados.

El lunes los CDC volvieron a activar los poderes de emergencia que facultan la permanencia del Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite a las autoridades federales expulsar a las familias en la frontera con el argumento de que previene la propagación del coronavirus.

En la demanda, el gobierno acusó a Abbott de potencialmente empeorar la propagación del COVID-19, diciendo en documentos judiciales que impedir el traslado de migrantes prolongaría la detención de niños no acompañados en instalaciones «cada vez más abarrotadas», reportó

Fuente: Jorge Cancino