Un tribunal federal de apelaciones resolvió el miércoles que la administración de Trump actuó de manera ilegal al suspender las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que residen y laboran en Estados Unidos, haciendo referencia a “consecuencias reales y significativas”.
Tres magistrados del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos determinaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había sobrepasado su jurisdicción al eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para aquellas personas que escaparon de ambos países hacia Estados Unidos, corroborando una decisión de un tribunal inferior.
“Las decisiones de la secretaria chocan de manera fundamental con la intención legislativa del Congreso, y su intento de ejercer un poder absoluto y sin restricciones para revocar el TPS de un determinado país es incompatible con el claro lenguaje del estatuto”, expresaron los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone.
Posteriormente, indicaron el efecto sobre cientos de miles de venezolanos y haitianos que dependen de este estatus para permanecer en Estados Unidos, afirmando que “las acciones ilegítimas de la secretaria han generado consecuencias reales y significativas”.
“Las decisiones de la secretaria han colocado a cientos de miles de individuos en un estado constante de miedo ante la posibilidad de ser deportados, detenidos, separados de sus familias y enviados de regreso a un país en el que fueron víctimas de violencia o cualquier otro tipo de daño”, señalaron.
Numerosos interesados han contactado al DHS para solicitar información.
Millones de venezolanos han abandonado su nación, que se encuentra inmersa en una crisis económica, política y social profunda.
Los haitianos fueron incorporados al TPS por primera vez en 2010, después de un devastador terremoto de magnitud 7,0 que resultó en la muerte y heridas de cientos de miles de personas. La administración de Trump intentó eliminar las protecciones en 2018, pero las disputas legales mantuvieron su vigencia.
Poco después de asumir el cargo, Noem dio por terminado el estatus que había sido otorgado por la administración anterior, argumentando que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado, lo que dio origen a la presente demanda.
