Juez federal otorga a Ken Paxton la oportunidad de intervenir en el acuerdo que reformó el sistema de fianzas en el condado Harris
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró un triunfo legal en su esfuerzo por revocar un decreto de fianzas ratificado en 2019 en el condado Harris, argumentando que dicha medida ponía en peligro la seguridad pública.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, consiguió un éxito jurídico en relación con las normas de fianza que se han aplicado en el condado de Harris desde 2019.
Un juez federal aceptó su petición para unirse a una demanda que, tras un arreglo judicial de hace seis años, permitió una liberación más flexible de individuos arrestados por delitos menores y ciertos crímenes graves.
“El sistema de justicia debe enfocarse en sancionar a los infractores y salvaguardar a los inocentes”, declaró el Fiscal General Paxton. El veredicto se produce después de que el Quinto Circuito determinara que casos como el que originó el decreto de 2019 no debían proseguir bajo las leyes estatales.
Con esta resolución, Paxton procura que el tribunal revoque el acuerdo anterior y restablezca las pautas de fianza conforme a las legislaciones más recientes en Texas.
El decreto en discusión fue el resultado de un convenio entre funcionarios del condado y grupos que abogaban por reformas judiciales. Según Paxton, las medidas implementadas en ese momento fueron incompatibles con la normativa texana y representaron un peligro para la seguridad en las comunidades del área metropolitana de Houston.
En su declaración posterior al dictamen, Paxton subrayó que el sistema judicial debe asegurar justicia y resguardar a los ciudadanos, mientras que criticó las políticas que, en su opinión, han beneficiado la liberación de delincuentes reincidentes.
Con este nuevo respaldo jurídico, su oficina prevé proseguir el proceso para derogar el decreto y representar los intereses de los habitantes del condado Harris ante las cortes federales.
Después de años de litigios y apelaciones, en noviembre de 2019 la jueza federal Lee H. Rosenthal aprobó un acuerdo judicial. Este decreto implementó una reforma en el sistema de fianzas para garantizar la liberación rápida de la mayoría de los acusados por delitos menores bajo fianza personal, con excepción de casos específicos de mayor gravedad.
El argumento central sostiene que las fianzas para delitos menores eran inconstitucionales al encarcelar a individuos de escasos recursos que no podían pagarlas, sin tener en cuenta sus circunstancias. Las nuevas regulaciones prohibieron mantener en prisión a personas simplemente por no poder abonar montos establecidos y exigieron realizar una evaluación individual de la capacidad de pago del acusado.
