Un juez federal bloqueó temporalmente el miércoles la aplicación de una ley de la Florida que convierte en delito grave el transporte de inmigrantes indocumentados al estado, poniendo en entredicho el destino de una parte clave de la agenda migratoria del gobernador Ron DeSantis.

La ley estatal, que entró en vigor en julio pasado para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados en la Florida, ya provocó el arresto de migrantes indocumentados que ahora enfrentan cargos de contrabando de personas.

Altman también bloqueó temporalmente la ley porque, de lo contrario, dijo que los demandantes “sufrirían daños irreparables”, incluso por la separación familiar, ya que la gente ha decidido no cruzar las fronteras estatales y ver a sus familiares por períodos indefinidos para evitar el arresto.

La oficina de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión judicial.

La decisión ocurre después que la Farmworker Association of Florida y varios de sus miembros, representados por la ACLU, el Southern Poverty Law Center y otras organizaciones activistas, presentaron una demanda federal en agosto. El grupo alega que una disposición de la ley estatal —conocida como Sección 10— es “inconstitucionalmente vaga” porque no está claro quién sería criminalizado en virtud de la ley.

La procuradora general de la Florida, Ashley Moody, una de las demandadas, ha argumentado en documentos judiciales que los demandantes no tenían la capacidad legal para presentar el caso y aclaró que los titulares de visados, los beneficiarios del DACA, los solicitantes de asilo y las personas con procedimientos de expulsión pendientes se consideran “inspeccionados” por el gobierno federal en virtud de la ley estatal. La demanda también argumentó que esto causaría un “daño irreparable” porque perjudicaría a los miembros de las comunidades de inmigrantes, incluidas las familias y los trabajadores de estatus variado, así como a las personas que los ayudan.

El demandante, un grupo con sede en Apopka que aboga por casi 12,000 trabajadores agrícolas de la Florida, expresó en una declaración jurada que estimaba que alrededor de 100 familias miembros que se fueron al final de la temporada de cosecha en mayo de 2023 no regresarían a la Florida para evitar el riesgo de ser acusados de un delito grave.

Los demandantes también compartieron varios testimonios de cómo se verían afectados individuos, como una pareja indocumentada con hijos, un diácono católico de 70 años y veterano de Estados Unidos que ayuda a los inmigrantes como parte de su fe, y una abuela que cuida a un nieto adolescente con una solicitud pendiente para el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.

Sus testimonios incluyeron la pérdida de oportunidades laborales y la separación de sus familias por no atreverse a cruzar las fronteras estatales.