3 claves de la orden de una jueza de bloquear la revocación del estatus legal de los beneficiarios del parole humanitario: lleva una justificación «caso por caso»

La jueza federal de Boston, Indira Talwani, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado al país legalmente socava el estado de derecho».

La jueza federal Indira Talwani bloqueó temporalmente el lunes la revocación del estatus legal para los beneficiarios del ‘parole’ humanitario decretada por el gobierno de Trump para miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos.

Para justificar su decisión, Talwani, jueza federal de Boston, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] y han ingresado al país legalmente socava el Estado de derecho».

«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», escribió Talwani en su decisión del lunes, que ya había anticipado la semana pasada.

El DHS, que podría apelar el fallo, busca priorizar la deportación de los beneficiarios de este y otros programas de parole que hasta el momento no hayan solicitado debidamente ajustar su estatus o acogerse a algún otro beneficio migratorio, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos o la Ley de Ajuste Cubano, para los cubanos. El DHS alega que el gobierno de Joe Biden abusó de la figura del parole como beneficio migratorio.

Te explicamos las claves de la orden de la jueza Talwani que bloquea temporalmente la revocación del estatus legal de los beneficiarios del llamado parole humanitario, como ordenó la administración de Trump, que enfiló este beneficio legal de la era Biden desde el mismo primer día en que el republicano llegó al poder.

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Qué es el parole humanitario

Más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado a EEUU bajo este programa, conocido como CHNV (por las siglas de los países que se benefician, con regímenes autoritarios) desde octubre de 2022. Primeramente, el programa se creó ante la llegada de venezolanos a la frontera sur y luego, en 2023, se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

El programa permitía la entrada legal a EEUU, por avión, de hasta 30,000 migrantes de esos países al mes, por un período de hasta dos años, bajo la figura legal de un parole humanitario y con el auspicio de un «patrocinador» en el país. Tras dos años, en octubre de 2024, el DHS anunció que no habría «un nuevo parole».

Bajo la revocación que anunció el gobierno de Trump, esos cientos de miles de inmigrantes perderían efectivamente su protección legal a partir de este 24 de abril.

Los defensores de los inmigrantes celebraron la decisión de la jueza como una victoria para los inmigrantes que se beneficiaron del programa, al igual que para sus patrocinadores, ciudadanos estadounidenses.

“Este fallo es una victoria no solo para nuestros clientes y personas como ellos, sino para cualquiera que valore la libertad de acoger”, declaró Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia, citada por The New York Times.

“Nuestros clientes, y los miembros de la demanda colectiva, han hecho todo lo que el gobierno les pidió, y nos complace ver que el tribunal no permitirá que el gobierno incumpla con su parte del trato”, agregó.

Revocar su estatus legal requiere una revisión «caso por caso»

La jueza Talwani determinó que la administración de Trump no puede revocar de manera generalizada el estatus legal de los beneficiarios del programa CHNV sin evaluaciones individuales, ya que esto socava el Estado de derecho.

En virtud del propio programa, además de tener a un ciudadano estadounidense como patrocinador, sus beneficiarios «tuvieron que pasar una evaluación de seguridad nacional y de seguridad pública» antes de recibir la autorización anticipada de viajar a EEUU para una vez en el puerto de entrada solicitar «caso por caso, una concesión discrecional del parole», detalló la jueza.

Talwani agregó que si bien la discreción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en esta área es amplia, no es correcto que sus acciones y órdenes estén protegidas de la revisión judicial y que aunque con un papel «limitado», ella, como jueza, tiene la autoridad para suspender la «terminación» del parole humanitario por parte del DHS ya que “revoca, sin una revisión caso por caso, los paroles y las autorizaciones de trabajo previamente otorgadas a personas que se encuentran actualmente en Estados Unidos”.

«Por lo tanto, el estatuto exige que, para determinar si se han cumplido los propósitos de la concesión del parole, de modo que se justifique su terminación, la secretaria debe considerar, de alguna manera, las razones por las que un extranjero recibió el parole», escribió Talwani.

Es una interpretación errónea de la ley de inmigración

El fallo de la jueza argumenta que el gobierno ha actuado sobre una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que considera a los inmigrantes que se beneficiaron del programa como personas que cruzaron ilegalmente la frontera estadounidense, y por tanto, contempla su expulsión acelerada. En cambio, puntualizó, deberían ser considerados como migrantes que entraron legalmente al país con un permiso de entrada mediante un parole.

«Lo que se prioriza [con la orden de revocación de la secretaria Noem] no son las personas que cruzan la frontera, sino las que cumplen las normas», dijo la jueza.

Según la jueza, el gobierno no ha demostrado «ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EEUU por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado)».

«La secretaria (Noem), al acortar el período de parole otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», dijo la jueza al argumentar que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

Su revocación tendría consecuencias «nefastas» para los beneficiarios

Talwani ya había cuestionado en una audiencia el jueves pasado el argumento del gobierno para finalizar el programa, en particular la parte que dice que el CHNV ya no cumplía su propósito.

La jueza señaló que de quedar revocado, sus beneficiarios enfrentan dos opciones: «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo» con un proceso de deportación.

Si continúan cumpliendo la ley y salen del país por su cuenta, «enfrentarán peligros en sus países de origen», alegó.

Antes de la audiencia de la semana pasada, los demandantes calificaron la acción del gobierno de Trump como «sin precedentes» y dijeron que provocaría que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad de trabajar. También calificaron la medida fuera de lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para poner fin a un beneficio de este tipo.