Juicio político a Paxton: Senado acepta cargos del ‘impeachment’ y el fiscal general de Texas se declara inocente

Paxton es el tercer funcionario en ser procesado por la asamblea estatal tejana en dos siglos de historia. Enfrenta 16 cargos, incluyendo soborno y abuso de poder, que serán analizados por un Senado de mayoría republicana, pero en el que no tiene garantizado todo el apoyo de sus compañeros de partido.

El juicio político contra el suspendido fiscal general de Texas, Ken Paxton, comenzó formalmente este martes en el Senado estatal: los legisladores respaldaron de forma unánime los 16 artículos con las acusaciones del ‘impeachment’ remitidos por la Cámara Baja, que la defensa del republicano consideró «falsos» por lo que declaró «no culpable» a Paxton.

«No hay nada aquí para respaldar un impeachment», dijo en sus argumentos iniciales Tony Buzbee, el abogado principal de Paxton. Él mismo anticipó que mostraría evidencias para rebatir los artículos definidos por la Cámara de Representantes que señalan al republicano de presunta malversación de fondos, de aceptar sobornos y de abuso de poder, entre otros cargos.

Buzbee insistió este martes en que Paxton —quien estuvo silente en la sala— ha sido difamado por los representantes en el Congreso estatal, pero también por la prensa que, dijo, «tiene agendas alineadas con los directores del impeachment en la Cámara de Representantes».

El caso contra Paxton ganó fuerza cuando un grupo de sus empleados de mayor confianza lo demandaron en 2020 al alegar que el fiscal usaba su poder para beneficiar a su amigo y donante, el inversor inmobiliario de Texas, Nate Paul. Por eso la mayoría de los artículos del juicio político están relacionados con los tratos entre ambos.

El representante republicano Andrew Murr, uno de los directores del impeachment (acusadores) y quien lideró la investigación del caso, aseguró que Paxton recurrió a un patrón de «engaños» y presuntos crímenes para «entregarle las llaves de la Oficina del Fiscal General de Texas a Nate Paul, para que el señor Paul pudiera usar el increíble poder de los abogados de la gente para castigar y acosar a quienes son percibidos como enemigos».

Murr agregó que la evidencia que reunieron demostrará en las siguientes dos o tres semanas de juicio político que Paxton «no está capacitado para ser el fiscal general de Texas».

En 200 años de historia de este estado, sólo dos funcionarios estatales electos habían sido llevados a un juicio político. Paxton, de 60 años, es el tercero y su caso ha mostrado la fractura entre los republicanos del estado.

Al final del juicio, los senadores votarán por cada uno de los artículos. Si lo hallaran culpable al menos de un cargo, Paxton será destituido definitivamente de su cargo. Los senadores también podrían votar por prohibirle optar nuevamente a un puesto de elección en Texas.

Además del juicio político en el Senado, Paxton enfrenta una imputación criminal federal por fraude de valores que podría llevarlo a prisión.

Las acusaciones contra Ken Paxton

En una investigación de casi 4,000 páginas, los representantes estatales acumularon las pruebas del caso. Entre otras cosas, describen los presuntos intentos de Paxton por interferir en juicios de ejecución hipotecaria al emitir opiniones legales de forma inapropiada para proteger propiedades de Paul que estaban en litigio.

También aseguran que hubo acoso e interferencia con los empleados de su oficina que denunciaban lo que ocurría en la agencia.

Nate es clave en la investigación contra Paxton. Acudió a él cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo indagaba por hacer declaraciones falsas a bancos para obtener préstamos millonarios. Como retribución, dijeron los empleados de la demanda, Nate presuntamente le dio trabajo a una mujer con la que Paxton reconoció haber tenido un romance extramarital y pagó por renovaciones en la casa del fiscal general en Austin. De aquí parten los cargos por soborno.

Paxton despidió a sus empleados de confianza que lo denunciaron, pero llegó a un acuerdo para pagarles una compensación millonaria. Y sus problemas se agravaron cuando solicitó que el estado de Texas desembolsara el dinero de esa indemnización. Esto aceleró la investigación de los legisladores estatales, que condujo al juicio político iniciado este martes.

Buzbee dijo ante los senadores que a lo largo de la defensa del suspendido fiscal mostrará evidencias para desacreditar el presunto pago de Nate a renovaciones en la casa de Paxton en Austin. Aseguró que el republicano y su esposa, la senadora Angela Paxton —quien estuvo presente en la sala, pero fue inhabilitada para votar—, estuvieron en tiendas como Home Depot y Lowes buscando precios de insumos para hacer las reparaciones: «Los Paxton han sido difamados», insistió.

También catalogó de «mentiras fabricadas» la supuesta evidencia de que Paxton usó una cuenta de Uber para visitar a una mujer con la que presuntamente tuvo una relación extramarital y que esta mujer habría sido contratada por Nate a cambio de un favor del fiscal.

Para Buzbee, los 25,000 dólares que Nate donó a Paxton para su campaña en octubre de 2018 no pueden ser considerados como un soborno: «Ken Paxton no fue el único que recibió dinero de donaciones (…) Las donaciones de campaña no son sobornos. Tendríamos que llevar a juicio político a más gente».

Una proyección de encuestas revelada el viernes por la Universidad de Texas muestra que sólo 28% de los votantes republicanos creen que la Cámara de Representantes tenía razones para enjuiciar a Paxton. El mismo sondeo registró que la aprobación del fiscal general ha caído a 27% entre todos los votantes, pero continúa en 46% entre los votantes de su partido.