El máximo tribunal de justicia negó este martes un recurso de emergencia presentado la semana pasada por el gobierno de Joe Biden para anular un dictamen de una corte de distrito en Texas, que el 13 de agosto ordenó que sea restablecido el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’.
La Corte Suprema de Justicia negó este martes un recurso de emergencia presentado la semana pasada por el gobierno de Joe Biden para anular un dictamen de una corte de distrito en Texas que el 13 de agosto ordenó que sea restablecido el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’.
“La solicitud de suspensión presentada al juez (Samuel) Alito y por él remitido a la Corte, se niega”, dice el dictamen. “Los solicitantes no tienen y no demostraron una probabilidad de éxito en la afirmación de que el memorando que deroga los Protocolos de Protección al Migrante no fue arbitrario y caprichoso”, agrega el fallo.
La sentencia señala además que la orden de denegación de la solicitud de suspensión del Gobierno al fallo del tribunal de Texas “no debe interpretarse como que afecta la construcción de esa orden judicial por parte de la Corte de Apelaciones”.
La decisión del máximo tribunal de justicia da un severo golpe al gobierno en su esfuerzo por desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump.
La Corte consideró en la decisión que, básicamente, la reinstalación del MPP va a desincentivar el histórico flujo de inmigrantes que en los últimos meses ha llegado a la frontera con México en busca de asilo en Estados Unidos.
«Esta decisión es una derrota para la Administraci´ón Biden, ya que la petición de emergencia presentada el viernes ha sido negada y ahora el gobierno se ve en la obligación de reiniciar el MPP tal cual se encontraba en marzo, cuando fue cancelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)», dice José Guerrero, un abogado de imnigración que ejerce en Miami (Florida).
La demanda
El MPP, que hace dos semanas fue restablecido por un juez de distrito de Amarillo (Texas), fue avalado la semana pasada por un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito tras un recurso similar presentado por el Departamento de Justicia.
El juez Matthew J. Kacsmaryk, en un fallo de 53 páginas, respondió favorablemente a una demanda entablada en abril por los estados de Texas y Missouri.
Kacsmaryk determinó que el MPP disuade a los migrantes que no califican para pedir asilo en Estados Unidos. Y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque, al liberar el gobierno a los migrantes, se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.
Los fiscales generales de Texas y Missouri, argumentaron que el retorno del polémico programa de asilo pondría freno a la “crisis criminal y humanitaria” que se vive en la frontera con México.
Crisis en la frontera
Desde que Biden asumió el control de la Casa Blanca, el 20 de enero, en la frontera sur se registra un récord de detenciones y deportaciones de inmigrantes que vienen en busca de asilo.
Crisis de migrantes en la frontera se agrava por un sistema colapsado que el Congreso aprobó hace décadas.
Durante su permanencia, entre finales de enero de 2019 y principios de marzo de 2021, el MPP regresó a México más de 68,000 migrantes que se entregaron en la frontera buscando asilo tras huir de sus países debido principalmente a la pobreza, violencia y el cambio climático.
A esa fecha el gobierno de Biden dijo que de ellos, unos 25,000 casos se encontraban activos y el resto habian sido cerrados.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL MIGRAMNTE
CASOS INACTIVOS O CANCELADOS
Abogados mencionan una lista de causas que pudieron desactivar peticiones de asilo. Entre ellas:
· Jueces desestimaron los casos de asilo por falta de evidencias;
· Los jueces rechazaron las solicitudes porque las causas no se ajustan a la ley de asilo;
· Los solicitantes de asilo no recibieron a tiempo las NTA (Notificación de Comparecencia) para asistir al tribunal;
· Las personas recibieron la NTA con poco tiempo de anticipación. Al no comparecer el juez canceló el caso y emitió una orden de deportación;
· NTA no llegaron a manos de los destinatarios porque muchos no tienen una dirección fija en México;
· Un alto porcentaje perdió sus casos al no contar con la asesoría de un abogado;
· Los migrantes recibieron la NTA en inglés y no comprendieron las instrucciones;
· Los migrantes cuyos casos fueron cancelados o desestimados no sabían que tenían plazo de 30 días para apelar sentencias;
· Los migrantes no tenían una causa probable para pedir asilo y miedo creíble;
· Algunos solicitantes de asilo tenían antecedentes criminales;
· Algunos inmigrantes habían sido deportados con anterioridad y regresaron sin un permiso;
· Muchos abandonaron sus casos de asilo debido a la inseguridad y la pobreza en la que viven en la frontera;
La batalla legal
El 13 de agosto una corte de distrito de Amarillo (Texas), ordenó al gobierno de Biden restituir el programa, pero concedió un plazo de 7 días para que el Ejecutivo apelara la sentencia.
Algunas personas murieron o se enfermaron durante la espera y no pudieron asistir a sus citas.
El martes de la semana pasada el Departamento de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito que revirtiera el fallo emitido por el juez Kacsmaryk, quien determinó que el MPP disuade a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque, al liberar a los migrantes, se les permitió usar los servicios de
salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.
En la apelación, el Departamento de Justicia argumentó que el presidente, en uso de su poder Ejecutivo, “tiene la clara autoridad de determinar las políticas migratorias”. Y que el secretario de Seguridad Nacional, a su vez, “tiene la discreción” de decidir si envía o regresa a México a quienes piden asilo en Estados Unidos.
La petición de emergencia entregada a la Corte Suprema el viernes, contenida en un documento de 40 páginas y firmada por el fiscal general interino, Brian Fletcher, el gobierno instó a los magistrados a bloquear la orden de Texas. En el escrito, el procurador precisó que la decisión del tribunal inferior, que ordena al gobierno restaurar el MPP «amenaza con crear ‘una emergencia humanitaria y diplomática'».
Cabe destacar no es la primera vez que la Corte Suprema falla en torno al MPP. En marzo de 2020 el máximo tribunal de justicia permitió que el gobierno de Donald Trump implementara la política luego que un juez de distrito federal en California la bloqueara.
Carta a López Obrador
Poco antes de conocerse la decisión de la Corte, un grupo integrado por más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López pidiéndole que se oponga al restablecimiento del MPP.
En la misiva, firmada por defensores de los derechos de los inmigrantes, ONGs, religiosos y grupos de derechos humanos. Señalan que la política migratoria de Trump “impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos» a los solicitantes de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso y ratificado por Estados Unidos a nivel internacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que no era “parte del proceso judicial” en manos de la Corte Suprema y que se trata de una política “unilateral” implementada por Washington en enero de 2019 y cancelada por Biden tras tomar el control de la Casa Blanca, reportó The Associated Press.
“No hemos sido notificados al respecto, ni tenemos alguna comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre el asunto, por lo que no podemos emitir un comentario al respecto por el momento”, agregó la cancillería mexicana.
Advierten peligros
Simultáneamente, este martes una coalición integrada por grupos de inmigración y exjueces de inmigración, presentó ante la Corte Suprema un documento de ‘amicus brief’ donde piden a los magistrados “suspender” la entrada en vigor del MPP, la que definen como “una política ilegal de la era Trump que obligaba a las personas a buscar asilo para esperar sus citas en la corte de Estados Unidos en condiciones peligrosas en México”.
El grupo señala que “una suspensión más prolongada (de la sentencia de Texas) mientras el caso se desarrolla en los tribunales” permitirá destacar “fallas fatales en las decisiones de los tribunales inferiores, que culpan al secretario de Seguridad Nacional (Alejandro) Mayorkas por no considerar los beneficios del MPP, supuestamente su éxito en disuadir la migración y las solicitudes de asilo fraudulentas”.
En el documento los grupos y exjueces indican que la evidencia en este caso revela lo contrario. “No importa qué política cruel ideó la administración Trump, la violencia y la inseguridad en sus países de origen continuaron obligando a las personas a buscar refugio en nuestra frontera. El MPP simplemente negó el acceso al sistema de inmigración de Estados Unidos, atrapando a familias y adultos desesperados en condiciones precarias que los expusieron a más violencia”.
“Lejos de brindar mayor integridad al proceso de asilo, las deficiencias procesales del programa, agravadas por los peligros inherentes en el norte de México, impidieron que muchos solicitantes de asilo llegaran incluso a los tribunales de inmigración”, puntualizaron.
Los ‘amigos de la corte’ dijeron además que, durante los dos años de vigencia del MPP “miles de personas han sufrido horribles consecuencias de este programa ilegal. Ahora le hemos pedido a la Corte Suprema que detenga la decisión de la corte de Texas y mantenga esta política como una mancha en los libros de historia”, dijo Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).
Urgen a Biden
Las conocer la decisión de la Corte Suprema sobre la reinstalación del MPP, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que “la acción de la Corte Suprema permite que entre en vigencia una orden de un tribunal inferior, y ahora se requiere que el gobierno haga esfuerzos de buena fe para reiniciar el programa MPP mientras continúa el litigio”.
“La ACLU y sus socios desafiaron al MPP cuando se instituyó inicialmente, ganando órdenes judiciales que declararon que el programa era ilegal”, agregó. “El gobierno de Biden suspendió el programa en enero y lo terminó por completo en junio, cumpliendo con la promesa del presidente como candidato de poner fin al programa si era elegido”.
El grupo de derechos civiles indicó que la decisión de este martes “se produce en un caso presentado por los estados de Texas y Missouri que buscan revertir las decisiones de la Administración Biden”. E indicó que el lunes había presentado al tribunal un escrito de Amigos de la Corte “apoyando la solicitud del gobierno federal de suspender el fallo del tribunal inferior”.
“La administración Biden tuvo razón al rescindir la política de retorno de Trump a México, cuyo objetivo era castigar a las personas por solicitar asilo atrapándolas en condiciones miserables y peligrosas”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
“El gobierno debe tomar todas las medidas disponibles para poner fin por completo a este programa ilegal, incluso rescindirlo con una explicación más completa. Lo que no debe hacer es utilizar esta decisión como tapadera para abandonar su compromiso de restaurar un sistema de asilo justo”, precisó.
Fuente: Jorge Cancino