Un grupo de derechos electorales latinos pidió este lunes una investigación federal después de que sus voluntarios dijeron que las autoridades de Texas allanaron sus casas y confiscaron teléfonos y computadoras como parte de una investigación del fiscal general republicano del estado sobre acusaciones de fraude electoral.

No se han presentado cargos contra ninguno de los objetivos de los allanamientos que tuvieron lugar la semana pasada en el área de San Antonio. El fiscal general Ken Paxton confirmó previamente que su oficina había llevado a cabo allanamientos después de que un fiscal local le informara de “acusaciones de fraude electoral y recolección de votos” durante las elecciones de 2022.

Algunos voluntarios cuyas casas fueron registradas, incluida una mujer de 80 años que dijo a sus asociados que los agentes estuvieron en su casa durante dos horas y se llevaron medicamentos, junto con su teléfono inteligente y su reloj, protestaron afuera de la oficina del fiscal general en San Antonio contra los registros.

“Sentimos que nuestros votos están siendo suprimidos”, dijo el lunes Román Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Vamos a llegar al fondo de esto”.

La investigación es parte de una Unidad de Integridad Electoral que Paxton formó en su oficina. La oficina de Paxton no respondió de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. El Departamento de Justicia federal se negó a hacer comentarios.

Al menos seis miembros fueron allanados en sus casas, dijo Palomares. Entre ellos se encontraba Manuel Medina, un consultor político de San Antonio, quien afirmó que su casa fue allanada durante varias horas mientras los agentes confiscaban documentos, computadoras y teléfonos celulares. Medina es el ex líder del Partido Demócrata del Condado de Bexar y está trabajando en la campaña de la candidata demócrata a la Cámara de Representantes estatal Cecilia Castellano, cuya casa también fue allanada.

Nueve oficiales también ingresaron a la casa de la voluntaria Lidia Martínez, de 80 años, quien dijo que expresó confusión sobre por qué estaban allí.

“Me sentaron y empezaron a registrar toda mi casa, mi bodega, mi garaje, cocina, todo”, dijo Martínez, y la interrogaron sobre otros miembros, incluido Medina.

La orden de allanamiento ordenó a los funcionarios buscar cualquier documento relacionado con la elección y confiscar los dispositivos de Martínez.

“No estoy haciendo nada ilegal”, dijo Martínez a los agentes. “Lo único que hago es ayudar a las personas mayores”.

El fraude electoral es poco frecuente, suele ocurrir en casos aislados y suele detectarse. Una investigación de Associated Press sobre las elecciones presidenciales de 2020 encontró menos de 475 posibles casos de fraude electoral de entre 25,5 millones de votos emitidos en los seis estados en los que Trump y sus aliados disputaron su derrota ante el presidente Joe Biden.