Los demandantes recibirían, además, una carta de ICE que confirma que son parte de una acción legal colectiva que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio migratorio. Lo catalogan como un acuerdo extrajudicial “histórico” que sentará un importante precedente legal.

Fue el operativo migratorio más grande en una década. Aquel 5 de abril de 2018, durante la era Trump, policías locales y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) rodearon una planta procesadora de carne en Tennessee y detuvieron a casi 100 inmigrantes indocumentados.

“Si alguien les toca la puerta no le abran a nadie”, recomendaba alguien a quienes llegaron al sitio para saber dónde estaban sus familiares. Eran tiempos difíciles por la retórica antiinmigrante del entonces presidente.

Pero un año después, estos trabajadores interpusieron una demanda colectiva alegando que dicho operativo se realizó violando sus derechos constitucionales y por razones meramente étnicas.

La querella, que fue sometida en una corte federal del Distrito Este de Tennessee, fue certificada por un tribunal en agosto y esta semana un juez aprobó de manera preliminar un acuerdo que otorgará más de $1 millón a esos migrantes, según un comunicado de National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), que encabezaron esa pelea judicial.

Las agencias señaladas son ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Patrulla de Carreteras de Tennessee y la Policía de Morristown. Ninguna se ha pronunciado al respecto, como suele suceder en medio de litigios pendientes.

Según este acuerdo extrajudicial de $1.17 millones, los demandantes recibirán un total de $550,000 y una carta de ICE que confirma que son parte de una acción legal colectiva que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio migratorio.

También requiere que el gobierno federal pague $475,000 a seis personas que reclaman haber sido víctimas de fuerza policial excesiva y arresto ilegal durante el operativo. Asimismo, entregará $150,000 para cubrir honorarios y gastos de abogados del SPLC y NILC.

“Testimonio del poder de una comunidad”

“Este acuerdo histórico, una vez finalizado, brindará una medida de justicia a docenas de trabajadores latinos que lucharon valientemente cuando los agentes federales violaron sus derechos”, dijo Michelle Lapointe, abogada del NILC, en el comunicado.

“Es un testimonio del poder de una comunidad que, en lugar de acobardarse, se unió y organizó frente a la odiosa campaña de la administración anterior para demonizar e infundir miedo en las comunidades de inmigrantes. Estamos complacidos con este importante paso hacia el logro de la justicia para nuestros valientes demandantes y esperamos continuar hacia la resolución de su caso”, agregó.

El tribunal ordenó a los abogados que notifiquen a los denunciantes sobre sus derechos en virtud del acuerdo. Ellos tendrán ahora un plazo de 90 días para reclamar sus beneficios.

“Este acuerdo sin precedentes, una vez finalizado, mostrará a los agentes del orden público que existen consecuencias por acciones policiales ilegales y la discriminación racial, incluso cuando están dirigidas a trabajadores inmigrantes de bajos salarios”, señaló Meredith Stewart, abogada del SPLC.

La corte ha programado una audiencia de aprobación final para el 27 de febrero de 2023.

En esa redada masiva realizada en una fábrica procesadora de carne de Bean Station, ICE confirmó que detuvo a 97 inmigrantes indocumentados, la gran mayoría solo por faltas administrativas.

El National Immigration Law Center y otras organizaciones apuntaron que fue la acción de ICE más grande desde la administración de George W. Bush. Además, aseguraron que las detenciones se ejecutaron siguiendo muchas de las tácticas de aquella era, como bloquear calles adyacentes.