El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue enviado a prisión hace un año, fue expulsado del país este domingo junto a otros 17 clérigos.

Todos ellos fueron recibidos por el Vaticano.

Álvarez, quien ha sido un fuerte opositor del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue sentenciado a veintiséis años de prisión en febrero pasado después de criticar enérgicamente la represión de Ortega contra las protestas masivas en 2018.

La salida de los religiosos de la cárcel y posterior destierro se concretó gracias a “coordinaciones discretas” entre el Vaticano y Managua, de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense.

“Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas. Reconocemos las posibilidades del dialogo franco, directo, prudente y muy serio”, se puede leer en el documento.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua empeoraron cuando Ortega acusó a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideró un intento de golpe liderado por Washington y que se saldaron, según Naciones Unidas, con más de 300 muertos.

También entre los liberados se encontraba el obispo Isidoro Mora y 13 sacerdotes arrestados en diciembre, de acuerdo a información entregada por el líder opositor Uriel Vallejo.

«A Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo les gustaría dejar a Nicaragua sin sacerdotes. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio», escribió Vallejos, exiliado en Estados Unidos, en X, antes conocida como Twitter.

De acuerdo a una investigación de la abogada Martha Molina, exiliada en Estados Unidos, desde 2018 ha habido 740 ataques contra la iglesia y 176 sacerdotes y monjas han sido expulsados, desterrados o prohibidos de ingresar al país

Desde el encarcelamiento de Álvarez, un gran número de sacerdotes que hablaron en apoyo del obispo han sido detenidos.

El Vaticano está acogiendo a todos los clérigos expulsados, como hizo con otros en octubre pasado.

Un obispo muy crítico

Álvarez, quien ejercía como obispo de la diócesis de Matagalpa, fue considerado durante años como una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua.

En sus homilías abordaba cotidianamente los problemas de los feligreses y alzó su voz para criticar los supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua o los derechos de los campesinos en ese país.

Además, tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el proceso de diálogo puesto en marcha tras las masivas protestas populares ocurridas en 2018 en la nación centroamericana cuya dura represión por parte del gobierno generó centenares de muertos.

Álvarez también ha hecho frente a las agresiones que la Iglesia católica ha sufrido en Nicaragua de parte no solamente del gobierno, sino también de la militancia sandinista.

De acuerdo con la investigación de Molina, el nombre de Rolando Álvarez aparece mencionado 78 veces, no porque él haya sido objeto de un número semejante de ataques sino porque con frecuencia fue él quien denunciaba esas situaciones.

Así, por ejemplo, en abril de 2022, Álvarez hizo público que una de sus colaboradoras había sido víctima de una agresión.

Entonces señaló: «No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios».

Un mes más tarde, el obispo inició un ayuno con agua y suero para protestar por el acoso policial del que -aseguraba- estaba siendo víctima.

Pero hasta ese momento el gobierno de Ortega no había intervenido. Pero en agosto de 2022, la policía nicaragüense llegó una madrugada a la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos.

El obispo permaneció detenido sin cargos durante más de 100 días hasta que en diciembre de ese mismo, fue acusado por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».

Según la prensa nicaragüense, las autoridades del país le habían ofrecido liberarlo si accedía salir del país.

De hecho muchos analistas destacan esta parte de su activismo contra el gobierno de Ortega: Álvarez se había negado dos veces a abandonar el país.

En una extraña sucesión de hechos, fue liberado, capturado de nuevo en febrero de 2023 y en un juicio express condenado a 25 años de cárcel.

Hasta este domingo cuando fue expulsado del país.