Tras los repetidos fracasos de un Congreso mayoritariamente republicano por ejecutar una reforma migratoria al gusto del presidente, Donald Trump, ahora, paradójicamente con la Cámara de Representantes bajo control del Partido Demócrata, está cerca de aprobarse una ley que cambiaría de forma fundamental el sistema por el que se conceden las residencias permanentes, perjudicando gravemente a algunos trabajadores latinos.

Existen cinco formas fundamentales de conseguir una green card: por sorteo (la lotería de diversidad concede 50,000 cada año), por inversiones (para quienes aportan entre medio millón y un millón de dólares a proyectos empresariales que crean empleo), por matrimonio, por familia (padres, hijos, hermanos, etcétera, de ciudadanos o residentes), o por trabajo.

Cada año se conceden 140,000 permisos de residencia por empleo, frente al medio millón destinado a familiares.

Trump quiere eliminar la lotería de diversidad, restringir la inmigración familiar y potenciar un sistema que premie a aquellos con mejores perspectivas laborales. Pero incluso el Partido Republicano se ha negado a aprobar esta reforma en el Congreso.

Sin embargo, otro cambio fundamental está a punto de suceder.

Las green cards por empleo están limitadas de forma que ciudadanos de un mismo país sólo pueden copar el 7% del total.

Esto permite asegurar que no todos los permisos se concedan a los países con mayor población o mayor número de solicitantes, protegiendo a las minorías (por ejemplo, a colombianos, franceses, etcétera).

Pero, a su vez, provoca que los inmigrantes de esos países sufran listas de espera que pueden alargarse más de una década. Esto afecta, por ejemplo, a chinos, indios, filipinos, o mexicanos.

La Cámara de Representantes aprobó con respaldo de ambos partidos (365 voto a favor y 65 en contra) un proyecto de ley que elimina ese límite del 7% por país.

El Senado examinará esta semana la iniciativa, después de que el pasado jueves fracasara un intento de acelerar su tramitación. En caso de ser aprobada por la Cámara Alta (cuenta ya con el respaldo de 34 senadores de ambos partidos), pasaría a la mesa del presidente para ser firmada o vetada.

El cambio sería profundo. Ahora mismo hay 370,000 indios esperando su permiso de residencia; con el sistema actual, sólo pueden lograrlo unos 10,000 al año; tras la reforma (que se aplicaría progresivamente durante tres años y luego ya libremente), podrían copar las solicitudes y dejar fuera a otros países.