La sede de la fiscalía de distrito de Manhattan, que podría acusar al expresidente en cualquier momento, ha sido rodeada por vallas metálicas y un despliegue policial

Salvo por el despliegue de cientos de vallas amontonadas en la acera, y en la de enfrente, suficientes para blindar toda la manzana, nada en la sede de la Organización Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, hace presagiar que el magnate y candidato republicano a la Casa Blanca apure probablemente sus últimas horas como individuo sin cuentas pendientes con la ley. Pero la acusación formal de la fiscalía del distrito de Manhattan al expresidente de EE UU está a punto de concretarse ―por un pago de dinero secreto a la estrella de cine porno Stormy Daniels para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016―, y el corte de las calles que rodean la sede de esta, en el bajo Manhattan, con camiones policiales atravesados y un doble cordón de vallas, recuerda a los neoyorquinos que están a punto de vivir un momento histórico: la posible primera imputación de un mandatario en la historia del país, ante la que el interesado ha respondido con la convocatoria de protestas.

La sede de la Organización Trump, el emporio familiar de bienes raíces que también está en la picota por presunto fraude fiscal ―ya fue declarada culpable en diciembre mientras prosigue otra investigación paralela―, parece ajena al caso, al menos en la zona de acceso público, una galería comercial que ocupa el sótano del edificio, llena de tiendas y chiringuitos invariablemente llamados Dulces Trump, Asador Trump o Tienda Trump, junto a un panel de fotografías que también podría titularse El mundo según Trump: imágenes de sus propiedades inmobiliarias, de Florida a Bombay, pasando por sus clubes de golf. La Tienda Trump vende ropa casual, pintiparada para jugar al golf ―una de las aficiones del magnate―, pero monocroma y sin lemas políticos.

Las proclamas se ven solo a la entrada del edificio, donde unos pocos seguidores, tocados con gorras beisboleras rojas con las siglas MAGA al frente ―Make America Great Again, el lema de la reconquista de Trump―, ondean banderolas y pancartas de su candidatura a la reelección en 2024 e insisten sin base alguna en que el republicano ganó las presidenciales de 2020.

Rodeados de un número infinitamente superior de fotoperiodistas y curiosos que se hacen selfis, los tres seguidores que este lunes al mediodía velaban armas ante la Organización Trump no se salían del carril argumental. “Trump ganó las elecciones en 2020 y volverá a ganarlas en 2024, o incluso ahora mismo, pero quieren impedírselo con un juicio que no tiene fundamento porque es una caza”, explicaba un hombre blanco, de mejillas enrojecidas y mediana edad, que no quiso identificarse. “Claro que vamos a impedirlo, Trump tiene que volver a la Casa Blanca”. ¿Cómo? “Manifestándonos, protestando, en las calles”. El hombre rehusó explicar qué tipo de movilización callejera contemplan.

Por la tarde, ante la sede de la fiscalía que dirige el demócrata Alvin Bragg, el primer afroamericano al frente de la misma ―una condición que ha empujado a Trump a denunciar la motivación “racista” del caso―, varias decenas de personas convocadas por el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York protestaron pacíficamente. Como siempre, había más policías y periodistas que manifestantes, pero nada en el comportamiento del reducido grupo hacía presagiar una respuesta violenta cuando Bragg anuncie los cargos contra Trump. Al contrario, un portavoz de la convocatoria instó a los partidarios de Trump a no acudir al lugar “porque esto va a ser un caos, un circo político”.

Términos muy parecidos a los usados por el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, quien tiene la llave de la entrega de Trump a las autoridades si este no se presenta voluntariamente. “No tengo ningún interés en involucrarme en ningún tipo de circo fabricado por algún fiscal del distrito de [el multimillonario George] Soros”, dijo este lunes el potencial rival de Trump en la campaña de 2024.

El Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York ha alcanzado últimamente cierto relieve público por sus convocatorias, como la que en diciembre reunió a destacadas figuras del partido, antisemitas y supremacistas incluidos, por no citar al polémico congresista por Nueva York George Santos, objeto de varias investigaciones por inventarse capítulos enteros de su currículo. La convocatoria de diciembre fue un termómetro de la salud del sector más ultra del Partido Republicano, el que rinde pleitesía al expresidente.

Si los partidarios de Trump insisten en secundar su llamamiento a las protestas, para la ciudad será una prueba de fuego, la primera a que se somete la renovada ley del Estado sobre permisos de portación de armas, apuntaba este martes el portal The City. La modificación de la ley por la Asamblea estatal, en respuesta a un dictamen del Tribunal Supremo que en junio anuló un estatuto centenario local al aprobar el derecho a llevar armas sin necesidad de demostrar causa justificada, implicó la declaración de zonas libres de armas en la ciudad, que a su vez ha sido cuestionada por un juez de Siracusa.

“Un circo político”

Este lunes, el departamento de policía de la ciudad, el mayor del país, enlazó las barreras metálicas alrededor de las calles del Bajo Manhattan adyacentes al tribunal donde Trump sería procesado si es acusado, aunque no hay detalles sobre el calendario. También se desplegaron vallas al otro lado de la calle, frente a una pequeña plaza de propiedad municipal donde se manifestaron los jóvenes republicanos.

La colocación de las vallas indica, según The City, que las áreas circunscritas serán consideradas probablemente como zonas libres de armas en caso de protestas, basándose en la reforma aprobada por la Asamblea de Albany, el Gobierno estatal, en septiembre para revertir el fallo del Supremo. Es decir, que cualquier persona sorprendida con un arma con licencia dentro de las áreas designadas para las protestas podría ser detenida. “Espero que, si la gente ejerce sus derechos [de libertad de expresión] de la Primera Enmienda, lo haga de forma pacífica y reflexiva”, ha dicho en un comunicado el representante demócrata en Albany Jeffrey Dinowitz, uno de los principales promotores de la ley de zonas libres de armas. “Si no lo hacen, contaremos con la policía de Nueva York para hacer cumplir la ley”. La respuesta de Albany a la sentencia del Supremo contempla la declaración de dichas zonas libres de armas en “lugares sensibles” como los tribunales.

El escenario que plantea Dinowitz es el más grave, porque además constituiría un casus belli, o cuando menos una excusa más que añadir a la lista de agravios de Trump, a la cabeza de todos ellos la persecución política a la que, según su versión, es sometido por Bragg y por la también demócrata Letitia James, fiscal general de Nueva York, que instruye otra causa, de tipo civil, sobre las irregularidades de su emporio.

Caza de brujas o circo político, los acontecimientos son tan impredecibles como la agenda que maneja la fiscalía, pero una cosa es cierta: que las autoridades harán todo lo posible para evitar una repetición del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Porque de ese escenario no se libra siquiera una ciudad tan demócrata como Nueva York, aunque cuatro escaños tradicionalmente azules cambiaran de manos en noviembre: varios neoyorquinos, el último hace solo cinco días, han sido detenidos después de que el circuito de vídeos del Capitolio mostrara su presencia en el interior del edificio o en sus alrededores el día de la insurrección trumpista. Entre los arrestados figuran un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte, el hijo de un juez de Brooklyn y, el último, el exeditor de un periódico que aquel funesto día de enero de 2021 intentó impedir la respuesta policial con un bate de béisbol en ristre.