Las cortes condales y distrito, así como las cárceles, necesitarían recursos adicionales para poder cumplir con la afluencia de personas detenidas por cruzar la frontera. Así mismo, se esperan demandas en las cortes que podrían frenar su entrada en vigor.

Algunos serán legales, otros son de índole económico y presupuestal.

A medida que avanzan a toda marcha en la legislatura de Texas los proyectos de ley que buscan endurecer normas relacionadas con inmigración, una de las agencias del estado evaluó el impacto económico que algunas de ellas, la iniciativas SB4 y HB4, generarían sobre las finanzas del estado.

De acuerdo con la Junta de Presupuesto Legislativo, establecida en Austin, “la creación de un nuevo crimen en el Código Penal puede resultar en un incremento adicional en los recursos de los centros de reclusión estatales, debido al posible incremento de personas sentenciadas a pasar un tiempo en prisión”.

El proyecto HB4 establece nuevos delitos que castigan a quienes entran al estado de Texas de manera ilegal.

La iniciativa crea delitos menores por la entrada ilegal, los cuales se pueden agravar en caso de que la persona haya sido convicta previamente.

La medida permite que un juez pueda desechar los cargos y emitir una orden que requiera que la persona sea devuelta a México, previo al cumplimiento de un tiempo de servicio en una prisión estatal.

Sumado a esto, la Oficina de Administración de Cortes (OCA por siglas en inglés), el organismo que regenta las labores de las cortes en el estado, indica que “aunque el impacto fiscal no puede ser determinado, anticipamos que el incremento en la demanda en las cortes condales y de distrito de la frontera pueda requerir fondos adicionales y, eventualmente, crear una o más cortes” como medida para subsanar la demanda.

La misma oficina contempla que el uso de intérpretes y jueces que ayuden a gestionar las audiencias tendrán un costo adicional para el sistema judicial. Por ejemplo, mencionan que el pago de un juez es de $620 diarios, mientras que el de un intérprete es de $118 por hora. Dineros que tienen que ser asumidos por los contribuyentes a través del pago de sus impuestos.

OCA señala que la defensa de una persona por un abogado de oficio (el que se adjudica por parte del Estado cuando no se tiene dinero para pagar uno privado) asciende en promedio a $900 por un delito menor y $2,500 por un delito mayor.

Adicionalmente, la agencia estatal destaca que la ley tendrá un impacto sobre el aumento en la población carcelaria por lo que se deben destinar recursos económicos para atender la situación de sobrepoblación.

Además de los interrogantes expuestos por OCA, abogados consultados por Telemundo Houston señalan que al ser aprobados los proyectos y firmados por el gobernador Greg Abbott, estos enfrentarán un inmediato reto en las cortes federales.

De acuerdo con la abogada Naimeh Salem, al ser el tema de inmigración un asunto cuya jurisdicción recae sobre el gobierno federal y no en el nivel estatal, la comunidad debe tener calma y no apresurarse ni dejarse invadir por el miedo ante el posible efecto de estas normas.

Ella asegura que se prevén demandas inmediatas en las cortes que podrían frenar la entrada en vigor de estas leyes en nuestro estado, tal y como ha ocurrido en oportunidades pasadas tanto en Texas como en otros estados como Arizona.