La Organización de Estados Americanos (OEA) castigó formalmente al gobierno venezolano al aprobar este martes una resolución que considera ilegítimas las elecciones presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro y activa el proceso para suspender al país caribeño del organismo interamericano. Fueron 19 países -se necesitaban al menos 18 votos- los que decidieron sancionar a Caracas en la cuadragésima octava asamblea general, celebrada en Washington este lunes y martes. Cuatro miembros rechazaron el documento y 11 se abstuvieron.

La resolución de 10 puntos fue aprobada por Estados Unidos, los 14 países del Grupo de Lima —entre ellos, las principales potencias de América Latina— y República Dominicana, Bahamas, Jamaica y Barbados. El documento declara “ilegítimo” el comicio presidencial venezolano del 20 de mayo por no haber contado con las garantías para considerarse un proceso libre. También incluye una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El punto más polémico es el que exige que se apliquen “de manera estricta” los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana de la OEA, que establecen que se puede intervenir en un Estado cuando se ha producido la rotura del orden democrático.

Bolivia, que aseguró estar de acuerdo con varios aspectos de la resolución, la rechazó por considerar «inaceptable que desde el supuesto de ayudar a Venezuela se adopten decisiones unilaterales». Este voto, más el de Venezuela, Dominica y San Vicente y las Granadinas, fueron los únicos que votaron en contra. Hubo 11 abstenciones, entre ellas la de Uruguay, Ecuador y Nicaragua.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó «la resolución Pence» de «un fraude». «Los que han aprobado esta resolución también están apoyando una posible intervención militar en Venezuela. Allá ustedes con sus conciencias», apuntó.»Ellos nunca se enfocan en la verdad y la realidad».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo una vez clausurada la asamblea, que «Venezuela está en caída libre». En referencia a Arreaza, afirmó que «no representa a otra cosa que a un presidnete ilegítimo y una asamblea ilegítima».

La aprobación de la resolución es solo el primer paso. Para seguir adelante con la sanción, se debe convocar un Consejo Permanente, órgano que está compuesto por los embajadores ante la OEA de los Estados miembro. Ahí se debatiría la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar el tema. Solo se puede realizar esa sesión extraordinaria para decidir la suspensión de Venezuela si dos tercios de los Estados la respaldan. Esto se traduce en 24 de los 35 votos (Cuba pertenece al organismo pero no participa).

En una Asamblea General extraordinaria se debatiría la suspensión de Venezuela y, para aprobarse, serían necesarios otra vez 24 votos. «Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia, así que lo primero será abrir el canal de ayuda humanitaria», dijo Almagro.

La mayor sanción que puede otorgar la OEA solo se ha aplicado a dos países en sus 70 años de historia: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba, en 1962, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro de 1959.

Venezuela defendió en reiteradas ocasiones que no pueden expulsar a Venezuela porque “ya se fue”. Caracas pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017 y por reglamento no será efectiva hasta abril de 2019. «El régimen de Maduro no tiene la posibilidad de elegir si quiere quedarse o irse. La Carta Interamericana Democrática lo decidirá», defendió Almagro en rueda de prensa.