El gobierno asegura que el empresario José Luis Bravo era el líder de una presunta organización delictiva que le dio trabajo a indocumentados en distintos establecimientos.

José Luis Bravo pasó esta semana de ser considerado un exitoso empresario que se hizo de una cadena de restaurantes mexicanos en el Medio Oeste de Estados Unidos, a encabezar una acusación federal por crimen organizado, similar a la que interponen contra mafiosos, narcotraficantes y pandilleros.

Bravo, de 51 años, fue detenido este miércoles por agentes federales y ahora se encuentra bajo custodia de los US Marshals. El gobierno afirma que es el líder de lo que cataloga como una “empresa delictiva organizada” que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica, contratarlos en varios restaurantes suyos y pagarles una miseria. De esta actividad ilícita, él y sus 18 cómplices sacaron provecho financiero, según la denuncia interpuesta en una corte federal de Kansas, en Missouri.

La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés, que le permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración. Esta ley ha sido usada para llevar ante la justicia a jefes de La Cosa Nostra y a cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Naturalizado estadounidense, Bravo enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y ser obligado a pagar una multa de 2.5 millones de dólares. Solo por violar la Ley RICO lo pueden sentenciar a pasar dos décadas preso, de acuerdo con los fiscales.

¿Por qué este empresario enfrenta una acusación tan grave? El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Bravo y sus asociados participaron que desde julio de 2003 y el pasado 10 de agosto en el tráfico de varios indocumentados de mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos con el fin de emplearlos en sus negocios ubicados en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.

Ese esquema les permitió evadir impuestos estatales y federales. Aunado a eso, ni siquiera les pagaban el sueldo mínimo, ni las horas extras a esos trabajadores, e incumplían con las prestaciones laborales que les correspondían por ley, independientemente de su estatus migratorio.

Para que no los descubrieran las autoridades, les daban alojamiento y los transportaban a sus lugares de trabajo, les ayudaban a tramitar documentos falsos, les pagaban en efectivo y se aseguraban de que no los vieran en los restaurantes en caso de alguna inspección federal, describe la acusación.

Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution, que distribuye alimentos, suministros y equipos para restaurantes en el Medio Oeste del país. También brinda apoyo administrativo y contable a esos establecimientos en las áreas de nómina, seguros, licencias, impuestos y servicios legales.

El sospechoso tiene, además, un grupo de restaurantes registrados como ‘Bravos Group’, que incluyen los negocios llamados El Charro, El Charrito, Playa Azul, Cantina Bravo y El Chango.

Varios de estos emplearon a inmigrantes indocumentados, incluso después de inspecciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), señalan documentos judiciales.

Cómo se descubrió este esquema

“José Luis Bravo, como líder de la empresa, arregló el tráfico de extranjeros indocumentados a Estados Unidos para trabajar en estos restaurantes (…) ayudó a estos extranjeros a obtener documentos fraudulentos que les permitirían trabajar en Estados Unidos; y ayudó a garantizar el transporte y alojamiento para estos extranjeros indocumentados”, indica la acusación.

Los fiscales identificaron a 45 restaurantes que recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution y de otra empresa, Intel Solutions, que fue creada tras inspecciones federales que verificaron que varios empleados no tenían permisos de trabajo. Intel Solutions solo actuó para tratar de minimizar la responsabilidad de los acusados, y después cambió su nombre a Entel Solutions.

La denuncia penal también menciona a José Razo, presidente Specialty Food Distribution y quien supuestamente empleó a inmigrantes sin papeles como vendedores y trabajadores de bodegas. También asesoró a los gerentes sobre cómo administrar, documentar y compensar a estos trabajadores de manera que no fuesen detectados por ICE.

Otros implicados son directores financieros, encargados de ventas y gerentes de varios restaurantes. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 14 de los 19 acusados. Todos enfrentan una serie de cargos, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero, fraude relacionado con la obtención de documentos falsos y conspiración para transportar y contratar a indocumentados.

La investigación inició cuando el Departamento de Trabajo de Kansas notificó a ICE que indocumentados estaban trabajando en el restaurante Bravos Mexican Grill en Overland Park. La agencia realizó una inspección el 16 de julio de 2018, en la cual detectó que 14 de los 17 empleados no tenían papeles.

Un mes después, una firma de abogados le notificó a ICE que ya había despedido a esos empleados. En realidad, Bravo alquiló un apartamento para algunos de ellos y los retuvo en su nómina. Una segunda inspección federal que se hizo el 28 de febrero de 2019 descubrió a ocho empleados indocumentados, cinco de los cuales ya habían sido identificados un año antes.

Para el 7 de junio de 2019, ICE inspeccionó 10 restaurantes de Bravo en Missouri, Kansas y Oklahoma. El resultado: el 68% de los empleados no tenían papeles. Y el 13 de septiembre de ese año revisaron los registros nominales de nueve establecimientos. Todo el personal estaba ilegalmente en el país.

El gobierno busca decomisar cuentas bancarias y múltiples propiedades de Bravo y sus cómplices en Kansas, Missouri y Oklahoma.