La Casa Blanca prepara un plan para endurecer el procedimiento de asilo, haciendo más difícil la prueba de miedo creíble, y colocando a agentes fronterizos al frente de las entrevistas a los inmigrantes, según informa la cadena NBC.

¿Cómo funciona el sistema de asilo? Cualquier inmigrante que llega a la frontera estadounidense tiene derecho a solicitar asilo. El presidente, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que retira este derecho a los que crucen ilegalmente, para forzar así que todos los inmigrantes acudan a los puertos de entrada; sin embargo, una corte federal ha congelado por el momento esta orden.

Para solicitar asilo, los inmigrantes deben pasar primero una prueba de miedo creíble, en la que demuestren que temen por su vida si regresan a su país de origen porque allí son perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Aproximadamente nueve de cada 10 inmigrantes que lo intentan consiguen pasar esta prueba.

Obtienen así derecho a presentar su caso ante una corte de inmigración; entre tanto, a la mayoría se les permite quedar en libertad, porque las autoridades migratorias no tienen plazas suficientes en centros de detención para hacer frente a la llegada masiva de personas en la frontera.

Trump ha acordado con México un programa para que los inmigrantes tengan que esperar en el país vecino el resultado de su solicitud de asilo, pero la justicia también acaba de paralizar esta medida.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, sufrió durante meses presiones de oficiales de la Casa Blanca, encabezadas por Stephen Miller, el asesor presidencial en temas de inmigración, para endurecer este proceso.

Nielsen dimitió el domingo por la noche, dentro de una purga general en ese departamento dirigida en la sombra por Miller, que anticipa un endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes.

¿Qué otras medidas podría adoptar Trump en contra de los inmigrantes?

Se ha especulado con la posibilidad de retomar la política de tolerancia cero, aunque el propio presidente ha asegurado este martes no sólo que no pretende hacerlo, sino que fue él quien le puso freno, acusando a su predecesor, Barack Obama, de haberla puesto en marcha.

¿Es eso cierto?

El entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el 6 de abril de 2018 a los fiscales que procesaran como criminales a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera sin permiso. Sessions defendió luego que esa iniciativa (que estuvo en vigor del 5 de mayo al 20 de junio) sirvió como arma de disuasión, aunque las cifras de detenidos en la frontera en los últimos meses parecen desmentirle.

La principal consecuencia fue la separación de familias (los padres eran encarcelados a la espera de juicio, y los niños encerrados solos en centros de detención), que causó tal revuelo social que Trump firmó el 20 de junio una orden para frenar estas separación. Seis días después, un juez federal ordenó al Gobierno frenar esta política y devolver a los niños a sus familias.

El Departamento de Seguridad Nacional admitió haber separado a 2.737 menores, pero un informe del Departamento de Salud (que es quien se encarga de los menores llegados ilegalmente al país, una vez que son interceptados por las autoridades migratorias) indicó en enero de 2019 que pudieron ser miles más y durante más tiempo del hasta ahora admitido por el Gobierno (antes de la orden de Sessions, e incluso después de que el juez lo prohibiera).

¿Qué otras medidas puede preparar Trump?

El pasado 28 de marzo, Trump exigió en una reunión con sus asesores en la Casa Blanca acciones drásticas para reducir la llegada de inmigrantes, incluso, como había anunciado en Twitter, el cierre de la frontera mexicana, una medida que podría acarrear fortísimas pérdidas económicas para ambos países.

Nielsen le pidió al presidente que reconsiderara, porque cerrar los puertos de entrada en su opinión sólo llevaría a los inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera. Trump no quiso escucharla: ordenó cerrar los puertos de El Paso (Texas) a mediodía.

Un esfuerzo desesperado por hacer cambiar de idea al presidente logró frenar la medida, y posteriormente decidió dar un año de plazo a México para acabar con la llegada ilegal de inmigrantes y el transporte de drogas a través de la frontera.

En caso contrario, además de cerrar la frontera, amenaza con imponer aranceles del 25% a la importación de carros del país vecino.