La principal asesora del Senado rechazó este miércoles el Plan B de la bancada demócrata que busca incluir la regularización de millones de indocumentados en el plan de reconciliación del presupuesto para el año 2022.

La principal asesora del Senado rechazó por segunda vez un plan de la bancada demócrata que busca regularizar a millones de indocumentados en el plan de reconciliación del presupuesto.

La decisión emitida por la abogada Elizabeth MacDonough fue comunicada por medio de un correo electrónico enviado a los asesores de ambos partidos que participan en el proceso de negociaciones, dijo a Univision Noticias una fuente del Senado.

MacDonough dijo al panel de asesores que la nueva propuesta presentada, relacionada con modificaciones a la Ley de Registro, “nuestro análisis de este tema es en gran medida igual que la propuesta de LPR (residencia legal permanente)” presentada en primera instancia y que fue rechazada el 19 de septiembre.

“Si bien esta propuesta de registro no es una política de inmigración completamente nueva, aún se distingue del texto de PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996) en que es un ajuste de estatus a través de una enmienda a la INA (Ley de Inmigración) y no es independiente de los diversos programas de beneficios del gobierno”, agrega.

La respuesta añade que “el número de beneficiarios y el puntaje de esta enmienda al INA son en gran medida los mismos que los de la propuesta anterior, lo que no cambia drásticamente el equilibrio entre la política y el puntaje”.

“El cambio de estatus a LPR sigue siendo un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor supera ampliamente su impacto presupuestario”, precisó la asesora.

Un primer plan ya había sido desestimado el pasado 19 de septiembre cuando MacDonough rechazó recomendar en el paquete de reconciliación el camino a la residencia para unos 8 millones de indocumentados.

Agregó que “el rechazo básicamente le cierra la puerta a cualquier tipo de cambio que tenga que ver una residencia legal permanente (LPR)” para inmigrantes indocumentados.

La comunicación de la parlamentarian se dio en medio de reuniones informales cuando los demócratas intentaban convencer a MacDonough para que cambie la decisión emitida el 19 de septiembre.

“Tiene que haber otro intento donde se presente algo de manera formal. Por ahora no se sabe, pero habrá un Plan C donde se incluya, por ejemplo, algún tipo de alivio de deportación”, precisó la fuente.

El Plan B

El Plan B que estaba siendo promovido por los demócratas incluía una vieja norma de la ley de inmigración (INA) conocida como Ley del registro, una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Card).

Un informe del American Immigration Council (AIC) señala que la Ley del Registro (Registry) “permite a ciertos no ciudadanos que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, ‘registrarse’ para recibir el estatus de Residente Legal Permanente”.

Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso.

Los beneficiarios, sin embargo, deben demostrar que carecen de órdenes de deportación, salidas voluntarias, crímenes, faltas “ni nada que los convierta en inadmisibles”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

Que no se detengan

Tras conocer la segunda decisión de la Parlamentarian, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aumentaron la presión sobre los demócratas para que no se rindan y continúen buscando un camino hacia la legalización de millones de indocumentados.

“Durante 35 años los activistas inmigrantes de CASA de Maryland han marchado y protestado por la ciudadanía. Ahora, después de años de lucha, estamos a un paso de la victoria”, dice Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización.

“Con los demócratas controlando ambas cámaras del Congreso, tienen el poder de brindar ciudadanía a millones de titulares de DACA y TPS, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales. Los demócratas del Senado pueden y deben anular el consejo parlamentario e incluir la ciudadanía en la reconciliación presupuestaria”, agregó.

Torres dijo además que “el Congreso no solo tiene un precedente de ignorar los consejos parlamentarios, sino que especialmente ahora es urgente que el líder del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y la vicepresidenta Kamala Harris, lo hagan”.

“La Parlamentarian es un funcionario público no electo que ofreció un razonamiento defectuoso y la consideración de factores políticos inapropiados”, apuntó el activista.

La primera decisión

En la decisión del 19 de septiembre MacDonough indicó que la recomendación de incluir una vía hacia la residencia legal permanente de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales era “una prueba más de que los cambios de política de esta propuesta superan con creces el impacto presupuestario que se le ha asignado”, y por lo tanto “no es apropiado para su inclusión en la reconciliación”.

La principal asesora del Senado dijo además el estatus de residente legal permanente «viene con una amplia gama de beneficios que van más allá de los programas de la red de seguridad social», y que en términos generales, «dado que la mayoría de los beneficiarios de este cambio de política no tienen estatus, habrá otros beneficios federales, estatales y sociales que cambiarán la vida al tener el estatus de LPR».

En el primer documento enviado al legislativo, MacDonough explicó que la pregunta planteada ante la Parlamentarian era si “una serie de enmiendas propuestas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que eliminan las barreras existentes para el ajuste de estatus al de LPR para una variedad de clases de inmigrantes y no inmigrantes existentes y de nueva creación, incluidos muchos que no están legalmente presentes en Estados Unidos, es un cambio de política que supera sustancialmente el impacto presupuestario de ese cambio”.

Cómo nació el Plan B

El Plan B surgió luego que la Cámara de Representantes aprobara, el 18 de marzo, dos iniciativas de ley con respaldo bipartidista que incluyen una vía a la ciudadanía para millones de dreamers, titulares de TPS, campesinos y trabajadores esenciales.

Ambos planes, sin embargo, se estancaron en el Senado por falta de respaldo republicano, rechazo que movilizó a los demócratas a incluir ambas versiones en el paquete de reconciliación del presupuesto y de esa forma aprobarlos con los votos de mayoría simple (51 en vez de 60).

El Senado lo integran 50 demócratas y 50 republicanos. El desempate lo rompe el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero para ser incluido el plan “los legisladores deben persuadir a la principal asesora del Senado, MacDonough, de que las disposiciones sobre inmigración tienen un impacto directo en el presupuesto”, dice Stephen Yale Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

Yale-Loehr agrega que, incluso si MacDonough acepta mantener las disposiciones de inmigración en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria al final del día, “los 50 senadores demócratas deben estar de acuerdo con el proyecto de ley general para que se apruebe”.

Y advierte que “los senadores demócratas Joe Manchin (West Virginia) y Kyrsten Sinema (Arizona) ya han señalado que se sienten incómodos con el precio total de $3.5 billones de dólares del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria».
Si los demócratas no aseguran los 50 votos del pleno, aunque MacDonough finalmente acepte el plan, la iniciativa de legalización se desplomaría en el intento.

Fuente: JORGE CANCINO