El gobierno de los Estados Unidos ha comenzado durante el fin de semana a implementar en México una campaña oficial de propaganda enfocada en individuos migrantes, aprovechando aplicaciones móviles, plataformas de video y redes sociales, con la intención de desincentivar el cruce irregular de la frontera y promover lo que se denomina “autodeportación voluntaria” de aquellos que ya se encuentran en ese país sin un estado migratorio regularizado.
Este contenido es financiado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y forma parte de la estrategia CBP Home, una iniciativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a través de la cual el gobierno estadounidense alienta la salida voluntaria de extranjeros en situación irregular, advirtiendo sobre la posibilidad de detenciones, procesos legales y deportaciones forzosas.
Las publicidades, que son difundidas en español y están dirigidas directamente a audiencias en México, emplean imágenes del muro fronterizo y vistas del norte del país acompañadas de mensajes tales como: “el arriesgado trayecto para cruzar la frontera de Estados Unidos no lleva a una vida mejor” y “puede albergar la esperanza de que existe algo superior”.
El video concluye con la leyenda: “Patrocinado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, dejando evidente su naturaleza de comunicación oficial extranjera.
La propagación de estos contenidos en México ha generado preocupaciones debido a que se trata de mensajes gubernamentales de otro país que se integran directamente en el ámbito digital nacional, sin la autorización ni el posicionamiento público de las autoridades mexicanas, y aprovechando los vacíos regulatorios que persisten en las plataformas tecnológicas transnacionales.
Este acontecimiento evoca un referente delicado en relación a la soberanía comunicacional del país.
Durante los mandatos de George W. Bush y el año anterior con Donald Trump, el gobierno estadounidense colocó mensajes similares en canales de televisión tanto públicos como privados en México, lo que desató protestas políticas, reclamos diplomáticos y un debate legislativo que dio lugar a restricciones sobre la propaganda de gobiernos extranjeros en medios nacionales.
A diferencia de aquel periodo, la nueva ofensiva se desarrolla fuera del ámbito tradicional de regulación mexicana, trasladando la presión migratoria estadounidense al entorno digital y posicionando a México nuevamente como un escenario de una estrategia ajena, enfocada en la disuasión y el endurecimiento, sin abordar las causas estructurales de la migración.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha expresado una postura pública con respecto a esta campaña, mientras que los anuncios continúan apareciendo de manera reiterada en dispositivos móviles dentro del país, en un contexto regional caracterizado por flujos migratorios persistentes y políticas cada vez más restrictivas desde Washington.
