Los cuatro casos abiertos contra Trump podrían enfrentar más retrasos o, directamente, ser desestimados tras llegar a la Casa Blanca. Sigue aquí nuestra cobertura en vivo de las elecciones de Estados Unidos.

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por delitos graves cuando fue hallado culpable en mayo de falsificar registros comerciales.

El martes, volvió a hacer historia al ser reelegido para regresar a la Casa Blanca como el primer presidente convicto.

La causa judicial, que espera sentencia a finales de este mes, no es la única abierta contra el republicano. En total, enfrenta cuatro juicios penales de manera paralela: dos federales y dos estatales.

Su defensa intentó con éxito retrasar estos procesos durante la campaña mediante multitud de recursos legales, con la esperanza de que Trump pudiera vencer en las elecciones presidenciales y esto le ayudara a esquivar a la Justicia.

Personas cercanas al círculo de Trump han dicho que una de sus principales motivaciones para presentarse otra vez a la presidencia era la posibilidad de perdonarse a sí mismo por los poderes de indulto presidenciales o desestimar los casos judiciales, de forma que no tuviera que pasar sus últimos años en la cárcel.

Ahora que fue electo presidente, permanece la incógnita de si estas causas continuarán abiertas o quedarán en nada una vez que asuma su cargo.

Según medios como CBS o The Washington Post, de hecho, la oficina del fiscal especial Jack Smith ya discute con el equipo de Trump cómo poner fin a los dos procesos federales contra el magnate para cumplir con la política de larga data de que un presidente no puede ser procesado.

Pese a que podría esperarse que la complicada situación legal de Trump le perjudicaría en las urnas, su rotunda victoria frente a Kamala Harris demuestra que esto no fue considerado un punto negativo entre la mayoría de los votantes.

Trump ha tratado de desviar la atención del caso al declararse inocente o víctima de una persecución política: asegurar que el gobierno de Biden utiliza el sistema judicial en su contra, de lo cual no existe ninguna evidencia. Sin embargo, su estrategia de mentir y culpar al gobierno parece haber funcionado entre los votantes.

El futuro legal de Trump está repleto de dudas. También el saber qué pasaría con las imputaciones en cuanto abandone el poder en 2029, o si estas podrían haber prescrito para entonces.

Esto es lo que se sabe de cómo podría quedar cada una de las causas pendientes de Trump con la Justicia ahora que se encamina a convertirse en el próximo presidente de EEUU:

1. Falsificación de registros sobre pagos por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels

Este es el único caso donde ya hay condena por falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels, con quien supuestamente tuvo una aventura en el pasado, para evitar que le perjudicara en su campaña de 2016 si salía a la luz.

En mayo, un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump de los 34 cargos que se le imputaban, por lo que el expresidente debería regresar a la sala el 26 de noviembre para conocer su sentencia.

El juez Juan Merchán decidirá antes del 12 de noviembre si anula la condena debido a la decisión de la Corte Suprema que otorga a cualquier presidente cierta inmunidad. Si lo hiciera, se desestimarían los cargos y no sería sentenciado.

En caso contrario, Trump enfrenta una posible pena de hasta cuatro años de prisión, aunque expertos consideraron probable que el juez Merchán optara por una sentencia más leve que no implique encarcelamiento, como la libertad condicional con visitas periódicas a la corte.

Se espera que los abogados de Trump intenten retrasar la fecha de dicha sentencia o posponerla de forma indefinida, apelando en cortes estatales o llegando incluso a la Corte Suprema.

En el hipotético caso de que fuera sentenciado a prisión, la exfiscal de Brooklyn Julie Rendelman le dijo a la BBC que es probable que sus abogados apelarían de inmediato, argumentando que el tiempo en prisión le impediría realizar sus funciones oficiales y que debería permanecer libre a la espera de una resolución.

«El proceso de apelación en ese escenario podría continuar durante años», agregó, ante la previsión de que su equipo legal plantee posibles conflictos constitucionales sobre si un juez estatal puede sentenciar a un presidente electo.

Se trata de un caso estatal. Según la Constitución, un presidente no puede perdonarse a sí mismo por una acusación de este ámbito.

2. Interferencia electoral en 2020 y asalto al Capitolio

Este caso federal tiene como eje el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero de 2021, así como otras acciones para intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

El proceso permanece estancado, de nuevo, por la decisión de la Corte Suprema de considerar a Trump parcialmente inmune por actos oficiales cometidos mientras estaba en el cargo de presidente.

Sin embargo, el fiscal Smith volvió a presentar el caso al considerar que los intentos del magnate de revocar la elección no estaban relacionados con sus funciones oficiales.

Este es uno de los procesos que podrían ser desestimados en el marco de las discusiones actuales en el Departamento de Justicia, según reportaron varios medios, dado que parece altamente improbable la posibilidad de celebrar el juicio en un futuro cercano por diversas cuestiones legales y futuras hipotéticas apelaciones.

“Está claramente establecido que un presidente en funciones no puede ser procesado, por lo que el caso de fraude electoral será desestimado”, le confirmó a la BBC el exfiscal federal Neama Rahmani.

Incluso si Smith se negara a desestimar el caso, Trump podría simplemente destituirlo del cargo, como ya se ha comprometido a hacer.

“Oh, es tan fácil. Es tan fácil”, dijo cuando se le preguntó en una entrevista de radio si “se indultaría a sí mismo” (algo posible, por tratarse de un caso federal) o “despediría a Jack Smith” si era reelegido.

“Lo despediría en dos segundos”, dijo Trump.

La salida de Smith permitiría que el Departamento de Justicia y el fiscal general nombrado por Trump propongan desestimar los cargos y poner fin al caso.

3. Mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago

Trump enfrenta cargos por mal manejo de documentación clasificada y por su intento de obstruir la recuperación de dichos archivos, almacenados principalmente en su residencia, en el club Mar-a-Lago, de Florida, donde los depositó tras abandonar la Casa Blanca cuando perdió las elecciones en 2020.

Este caso federal también está liderado por el fiscal especial Smith. El proceso está igualmente paralizado después de qu e la jueza Aileen Cannon, designada en su día por Trump, desestimara los cargos argumentando que Smith fue designado indebidamente por el Departamento de Justicia para liderar el caso, ignorando décadas de precedentes legales.

Smith decidió apelar dicho fallo. Ahora, al igual que ocurre con el caso de interferencia electoral y asalto al Capitolio, podría ser definitivamente cerrado.

Sin embargo, retirar su apelación puede ser una decisión nada sencilla para Smith por razones adicionales.

Funcionarios del Departamento de Justicia mostraron su preocupación por el hecho de que la decisión de la jueza Cannon pueda poner en peligro no solo a futuros fiscales especiales, sino a cualquier fiscal federal o funcionario de alto rango que se desempeñe en un puesto temporal, informó The Washington Post en agosto.

Según el mismo diario, algunos fiscales quieren que la apelación sigua adelante no solo para resucitar este caso, sino también para proteger los nombramientos que haga el Departamento de Justicia de ahora en adelante.

En el último de los escenarios, de nuevo, Trump podría hacer uso del poder presidencial de perdón o indulto que se contempla ante delitos federales como este.

4. Conspiración para subvertir los resultados de las elecciones en Georgia

Trump está acusado de delitos graves vinculados a una conspiración para interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia en un intento por mantenerse en la Casa Blanca.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó al expresidente y a otras 18 personas, entre ellas el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows.

Sin embargo, este caso también ha sufrido una serie de constantes retrasos por diversos recursos legales del equipo de Trump, como el que trata de descalificar a Willis por una relación sentimental con un fiscal especial que acabó renunciado.

Un tribunal de apelaciones evalúa si se le debe permitir o no permanecer en el caso. Ahora que Trump se convertirá en el próximo presidente, el proceso podría enfrentar aún más retrasos o incluso la desestimación.

Si Willis es destituida, varias fuentes dijeron a CNN que creen poco probable que otro fiscal quiera tomar el caso y, en efecto, acabaría desapareciendo. Además, parece improbable que un juez estatal permita que continúen los procedimientos cuando Trump sea presidente, y en ese caso, los abogados buscarían definitivamente que el caso se desestimara.

El republicano no podría esta vez indultarse, al tratarse de un caso estatal. Pero, en el peor de los casos, es probable que el proceso se detenga mientras el mandatario esté nuevamente en el poder.

El abogado de Trump, Steve Sadow, pronosticó lo mismo cuando el juez le preguntó si Trump aún podría ser juzgado si es elegido.

«La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de supremacía y sus deberes como presidente de EEUU, este juicio no se llevaría a cabo en absoluto hasta después de que dejara su mandato en el cargo», dijo.