Seis meses después de la firma de tres órdenes ejecutivas que sentaron las bases de la política migratoria de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer ajustes y nuevos planes de la Casa Blanca en un tema que tiene dividido al país.

Seis meses después de la firma de tres órdenes ejecutivas migratorias que sentaron las bases de la política de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer ajustes y nuevos planes de la Casa Blanca en un tema que tiene dividido al país.

De acuerdo con lo anticipado por el mandatario en febrero, la política migratoria se basa en tres áreas:

Crear una fuerza de trabajo para la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno de Trump al momento de pedir asilo en la frontera;
Crear un marco de trabajo integral para ver las causas de la inmigración hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, un proceso seguro para las personas que buscan asilo; y
Restaurar la fe en el sistema migratorio legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.
Si bien los tres ejes están en marcha, el gobierno presenta dificultades para atender problemas y la capacidad de respuesta no es suficiente, como por ejemplo para contener la crisis que se vive en la frontera con México.
En julio se llevaron a cabo más de 212,000 encuentros, la cifra más alta en un solo mes en 21 años. Y la semana pasada un juez federal de Amarillo (Texas), ordenó al gobierno restablecer el Programa de Protección del Migrante (MPP) decretado por Trump en 29018 y que entró en vigor a finales de enero de 2019.

En dos años (hasta que Biden lo eliminó en enero de este año), el protocolo envió a México más de 68,000 migrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.

Ajustes y pendientes

El optimismo mostrado por el gobierno en enero ha descendido al punto que la Casa Blanca se ha vuelto cautelosa, y el DHS se ha visto forzado a mantener algunas de las políticas migratorias de tolerancia cero del gobierno anterior para enfrentar, por ejemplo, la crisis de indocumentados en la frontera con México y contener el avance de la cuarta ola de la pandemia del coronavirus.

Entre las medidas vigentes y otras anunciadas recientemente, se cuenta el Título 42 del Código de Estados Unidos y la reactivación del programa de deportaciones expeditas (expedited removal), dos herramientas cuestionadas por los defensores de los derechos de los inmigrantes, pero que el gobierno alega le permiten recuperar el orden en la frontera y mantener su capacidad para controlar la inmigración ilegal exitosa.

Teniendo en cuenta las dificultades que se han ido encontrando en el camino y la debilidad del Estado para solucionarlas -incluyendo la inacción del Congreso para modernizar las leyes de inmigración, algunas de las cuales tienen más de 60 años-, el gobierno entregó una actualización de su política migratoria. Estas son las claves.

Reforma migratoria

El 20 de enero la Casa Blanca dio a conocer los principios de una reforma migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. El plan contempla, además, protección fronteriza, modernización de programas como el asilo, mayor seguridad y la utilización de modernos sistemas de alta tecnología para detener la entrada de indocumentados.

El 20 de marzo, y ante la negativa del Partido Republicano de respaldar un plan integral que incluya a los 11 millones de extranjeros sin papeles, la Cámara de Representantes, con apoyo bipartidista, aprobó dos iniciativas de ley que incluyen un camino a la ciudadanía para entre 4 y 8 millones de dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas esenciales (dependiendo de la fecha de permanencia ininterrumpida que establezca el Congreso).

Ambos proyectos fueron enviados al Senado donde permanecen estancados por falta de votos bipartidistas. Por ese motivo, los demócratas, con el apoyo de Biden, echaron a andar el denominado “paquete de reconciliación” presupuestario, donde se incluirán las dos iniciativas. De lograrlo, esta herramienta permitiría aprobar una reforma migratoria parcial en el debate sobre el presupuesto solo con votos demócratas (216 en la Cámara Baja y 51 en el Senado).

Casos de asilo

En los últimos seis meses el gobierno ha procesado más de 12,500 casos de solicitantes de asilo que habían sido devueltas a México bajo el MPP. En febrero el DHS había dicho que, de los más de 68,000 casos registrados, 25,000 se encontraban activos. Luego tomó la decisión de revisar miles de casos donde se habían emitido órdenes de deportación por fallos en los procedimientos (principalmente errores en las Notificaciones de Comparecencia -NTA-).

El gobierno también reitera que EEUU puede permitir que las personas ejerzan su derecho legal a solicitar asilo al mismo tiempo que reduce la migración irregular. Esto, a pesar de que la crisis sigue rebasando su capacidad de respuesta, por ahora.

Programa CAM

El gobierno amplió las vías legales del Programa de Menores Centroamericanos (CAM), destinado a padres que viven legalmente en Estados Unidos puedan pedir refugio para sus hijos en sus países de origen.

Muro

El reporte actualizado detalla que el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) ha crecido de $9,900 millones en 2011 a $15,000 millones en el año fiscal 2021. Y que los fondos que antes se destinaban para la construcción del muro ahora se invierten en “sólidas medidas de seguridad más inteligentes, como la tecnología y la modernización de los puertos de entrada terrestres”.

Agrega que las inversiones facilitarán controles de seguridad y combate del tráfico de drogas y de personas.

Acceso a ayuda legal

El DHS resalta la puesta en marcha de programas para que los inmigrantes detenidos tengan acceso a representación legal (pagada por los inmigrantes) y luchar por sus permanencias en el país en el marco del debido proceso migratorio, un recurso eliminado o severamente restringido durante el gobierno anterior.

“El Presupuesto para el año fiscal 2022 solicita $15 millones para brindar representación a familias y personas vulnerables, así como $23 millones para apoyar los programas de orientación legal del Departamento de Justicia”, señala.

Atascos en la Corte

La Corte de Inmigración tiene en la actualidad más de 1.3 millones de casos acumulados y alrededor de 500 jueces. Y el promedio de espera para la resolución de un caso es más de 3 años. El gobierno dice que trabaja en la descongestión de expedientes (dando prioridad a casos graves y urgentes) y espera contratar 100 nuevos jueces en 2022. También ha devuelto a jueces y fiscales la capacidad para, en uso de la discreción, se cierren casos de deportación no prioritarios.

Socios regionales

Otra de las medidas incluidas en el reporte es el trabajo conjunto con gobiernos centroamericanos y de México para abordar las causas que general la inmigración irregular hacia Estados Unidos (pobreza, corrupción, violencia, narcotráfico y cambio climático).

El plan incluye expandir el procesamiento de refugiados en la región, incluido el procesamiento de solicitudes de protección en los países del Triángulo Norte, y ayudar a las organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales locales a identificar y derivar a las personas con necesidades urgentes de protección al Programa de Admisión de Refugiados de EEUU.

Visas de trabajo

Ampliar el acceso a visas de trabajo temporal (visas tipo H-2) en la región. A su vez, reducir la acumulación de visas de inmigrante.

El Congreso

El plan migratorio de Biden incluye la participación del Congreso en el debate y aprobación de una reforma migratoria integral como la presentada en febrero.

En caso contrario, aprobar finalmente los dos proyectos de ley votados por la Cámara de Representantes el 18 de marzo y que incluyen un camino a la ciudadanía para dreamers, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas como parte del paquete de reconciliación presupuestario.

Ambas iniciativas están siendo redactadas por comités del Senado y serán debatidas en las próximas semanas, antes del término del año fiscal 2021 (30 de septiembre).

De ser aprobadas, los beneficiarios recibirían una residencia provisional por 10 años al término de los cuales calificarán para solicitar la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde). Cinco años más tarde serán elegibles para pedir la ciudadanía por naturalización.

Nueva política de asilo

El miércoles el DHS anunció una nueva política de asilo que haría el proceso mas simple y permitirá a las autoridades de inmigración acelerar los procesos.

Entre los cambios, la nueva regla aumentaría el número de agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a la frontera con México, un paso clave para descongestionar la crisis que en julio registró cifras históricas con más de 212,000 aprehensiones.

Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), dijeron en un comunicado que la propuesta de reglamento, que será publicada luego en el registro Federal (diario oficial estadounidense), “hará que el proceso de asilo sea más eficiente y garantizará la equidad”.

Fuente: JORGE CANCINO