El director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, principal ejecutor de la política de deportaciones de Trump y opuesto a las llamadas ciudades santuario, anunció su renuncia este lunes.
Homan fue una de las primeras designaciones del presidente en enero de 2017 con el objetivo puesto en la deportación de indocumentados que viven en el país, independientemente de si tenían antecedentes criminales o no.
«Ha sido el honor de mi vida estar al frente de los hombres y mujeres de ICE por más de un año», indicó en un comunicado escrito. «La decisión de dejar el servicio federal luego de más de 34 años es agridulce, pero mi familia ha sacrificado mucho con el fin de que yo trabajara y ahora es el momento de enfocarme en ellos».
Homan había estado al frente de ICE como director interino hasta que el presidente lo nominó para dirigir la agencia de forma permanente el pasado mes de noviembre.
Es conocido por haber dicho que los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos «deben estar asustados», lo que le ganó el rechazo de los grupos proinmigrantes y políticos demócratas. También por haber dicho que tiene «la piel dura» al prometer que multiplicaría por cuatro y hasta cinco veces las inspecciones y la búsqueda de indocumentados en sus puestos de trabajo.
La dureza de su postura motivó que el funcionario enfrentara una creciente oposición en el Senado, que nunca lo ratificó en una audiencia. Se cuentan, entre otras razones, su agresiva política de deportaciones, su guerra personal contra ciudades que se niegan a reportar arrestos de personas sin documentos –conocidas como ciudades santuario– y el aumento de arrestos de indocumentados sin antecedentes penales.
Su anuncio se da en momentos en que hay una gran polémica por la presencia de la Caravana de Migrantes en la frontera sur, donde se le ha negado la posibilidad de que incluso se presenten a solicitar asilo.
También ocurre en momentos en que el plan anunciado el 30 de marzo por el fiscal general Jeff Sessions, de imponer cuotas de casos a resolver a los jueces de inmigración, enfrenta el rechazo del Caucus Congresional Hispano (CHC) del Congreso.