Corte Suprema aprueba detenciones basadas en raza o idioma sin necesidad de sospecha razonable en California
La Corte Suprema de los Estados Unidos apoyó la solicitud del gobierno de Donald Trump que permite a los funcionarios federales arrestar a individuos basándose en su raza, origen étnico o acento, incluso sin tener una sospecha razonable de que están en el país de manera ilegal.
Este lunes, la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde para que los agentes federales puedan detener a personas sin necesidad de “sospecha razonable” si toman en cuenta características como la raza, el origen étnico o el idioma que hablan, incluyendo español o inglés con acento.
Según la agencia Reuters, esta decisión, aprobada por una mayoría conservadora de 6-3, revoca un fallo de una jueza federal en Los Ángeles que había prohibido estas prácticas al considerar que violaban la Cuarta Enmienda, lo que permite realizar nuevas redadas en el sur de California.
El Departamento de Justicia sostuvo que el gobierno necesita tener amplios poderes en áreas donde se estima que 1 de cada 10 personas vive sin un estatus legal, algo que defensores de derechos humanos critican como perfilamiento racial y discriminación.
Los jueces del bloque liberal hicieron fuertes críticas a esta decisión. Sonia Sotomayor advirtió que la resolución pone a los latinos de bajos ingresos, sean ciudadanos o no, en riesgo de detenciones arbitrarias, lo que afecta sus derechos constitucionales, por lo que expresó su desacuerdo.
Por su parte, el juez conservador Brett Kavanaugh anotó que la “apariencia étnica no puede ser considerada una sospecha razonable por sí sola”, aunque aceptó que puede ser un “factor relevante” combinado con otros.
Esta decisión, que busca fortalecer las deportaciones con un objetivo de 3. 000 arrestos diarios, ha generado preocupación en comunidades inmigrantes, donde redadas recientes ya habían causado miedo, protestas y numerosas demandas contra agentes federales por uso excesivo de fuerza.
Los Ángeles, centro de protestas
Las redadas que comenzaron el 6 de junio en el sur de California provocaron una ola de manifestaciones en Los Ángeles, lo que llevó al gobierno federal a enviar tropas de la Guardia Nacional y marines, marcando un uso inusual de la fuerza militar dentro del país.
Funcionarios locales y el gobernador californiano, Gavin Newsom, del partido demócrata, impugnaron el envío de tropas, llamándolo ilegal y afirmando que esas acciones eran innecesarias y solo aumentaban las tensiones.
